El Supremo quiere que sea el Congreso el que decida si suspende a los presos diputados

Los cinco presos del 'procés' que han sido elegidos parlamentarios nacionales en la elecciones del 28-A acudirán el próximo martes a la sesión de constitución de las nuevas Cortes para tomar posesión del escaño y en día antes, este lunes, también recuperarán brevemente su libertad para cumplimentar en persona los trámites previos requeridos por los Reglamentos de las Cámaras. Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull fueron elegidos diputados mientras que Raül Romeva resultó elegido senador.

Lo que no podrán hacer es participar durante la jornada en otras actividades, como reuniones de su propio grupo, contactos con otras formaciones o comparecencias en ruedas de prensa, según el auto en el que el Tribunal Supremo autorizó su traslado a la Cámara. La gran pregunta es qué ocurrirá después, una vez que hayan adquirido su condición de diputados. ¿Podrán participar en debates como el de investidura que se prevé celebrar a principios de julio? Si no fuera así, la mayoría absoluta que está fijada en 176 diputados pasaría a situarse en los 174, una vez descontados los cuatro presos que están siendo juzgados.

Ahora bien, según ‘La Vanguardia’ no será el Supremo el que despeje la incógnita. El Alto Tribunal quiere que sea el propio Congreso el que lo resuelva conforme a lo establecido en el artículo 21.2 de reglamento de la Cámara: “Cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta”. ‘La Vanguardia’ destaca que de las tres premisas contempladas en la norma -previa concesión del suplicatorio, firmeza del procesamiento y situación de prisión preventiva- se cumplen literalmente las dos últimas, pero no la primera. Y es precisamente por eso, añade, por lo que el Supremo estima que debe ser la Mesa del Congreso la instancia que decida si este precepto de su reglamento es aplicable, y en qué términos.

El Supremo, al parecer, no quiere que se le acuse de que invade las competencias del legislativo, como ocurrió cuando el juez Llarena suspendió a los dirigentes independentistas como diputados del Parlament -fueron elegidos en las autonómicas de 2017- tras dictar auto de procesamiento contra ellos por el delito de rebelión y teniendo en cuenta que ya estaban en prisión provisional. El juez aplicó el artículo 384 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal y en un principio les permitió que pudieran delegar su voto en otros parlamentarios de su mismo grupo. Cuando el Supremo confirmó los procesamientos por el delito de rebelión, en julio de 2018, Llarena abrió la posibilidad de que pudieran ser sustituidos. Junqueras y Romeva aceptaron la fórmula. Turull, Rull y Sànchez, en cambio, la rechazaron por considerar que se estaba produciendo una invasión de competencias por parte del poder judicial al interferir en la vida parlamentaria y limitar la autonomía del poder legislativo catalán.