La Fiscalía pide procesar por organización criminal a 28 organizadores del 1-O incluida la cúpula de TV3

La Fiscalía de Barcelona ha pedido que se procese por un delito de organización criminal a 28 de los imputados por los preparativos del 1-O, además de los de malversación, prevaricación, desobediencia, falsedad documental y revelación de secretos de los que ya están acusados. En opinión de los tres fiscales del caso -dos de ellos los de Anticorrupción Teresa Duerto y Fernando Maldonado-, en el caso de los 28 procesados concurren los requisitos de jerarquía, reparto de papeles y vocación de estabilidad o permanencia en el tiempo que exige el delito de organización criminal, castigado con penas de hasta ocho años de cárcel.

El Ministerio Público ha presentado un escrito ante la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona en el que pide añadir ese delito a 28 de los 30 procesados por organizar el 1-O, entre ellos a la cúpula de la radio y la televisión públicas catalanas y a varios exaltos cargos del Govern de Carles Puigdemont. Entre las personas contra las que se dirige la petición de la Fiscalía están el director de  TV-3, Vicencs Sanchis, el de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, la presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Núria Llorach, el secretario de Comunicación del Ejecutivo catalán, Antoni Molons, y la interventora de la Generalitat Rosa Vidal.

En concreto, la Fiscalía pide atribuir organización criminal a 28 investigados y solicita que se procese -por este delito y también por desobediencia- a la exdirectora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) Àngels Barberà, que estuvo imputada pero a quien la juez instructora decidió finalmente archivarle el caso. De los treinta procesados, la Fiscalía pide exculpar a Montserrat Vidal, exresponsable del área de Procesos Electorales y Consultas Populares de la Generalitat, así como a José Maria Gispert, gerente de la empresa donde se imprimieron documentos vinculados al 1-O, y a Meritxell Massó, exsecretaria general de Gobernación, a quienes la juez procesó por desobediencia.

De esta forma, la Fiscalía pide procesar por organización criminal, entre otros, a varios exaltos cargos del Govern: Antoni Molons -secretario de Difusión-, Joaquim Nin -secretario general de Presidencia-, Jaume Clotet -director general de Comunicación-, Josep Ginesta-, Francesc Sutrias -director general de Patrimonio- y Aleix Villatoro -secretario general de Relaciones Internacionales y Exterior.

El fiscal acusa a todos ellos de haber actuado de forma “conjunta y coordinada” para sortear las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en las que se suspendió y después se declaró la inconstitucionalidad de las resoluciones o leyes del Parlament que sirvieron de soporte para convocar y celebrar el referéndum ilegal del 1-O. Los encausados, indica la acusación publica, continuaron con la “hoja de ruta” que tenía marcada cada uno de ellos “en el ámbito de sus competencias y responsabilidades”. Según el recurso de reforma de la Fiscalía, una organización criminal es “cualquier red estructurada, sea cual fuere la forma de estructuración, que agrupe a una pluralidad de personas con una jerarquización y reparto de tareas”.

Para la Fiscalía, “este complejo de personas con organigrama y planificación previa, pertrechadas normalmente con medios adecuados a los fines delictivos propuestos, hace que resulte más difícil al Estado luchar contra tales redes perfectamente estructuradas, que a su vez realizan, lógicamente, operaciones de mayor envergadura”. Los fiscales creen que existió una jerarquía dada la “participación del presidente de la Generalitat”, procesado por rebeldía en la causa del Supremo, “de su vicepresidente (también acusado) y de altos cargos de la Generalitat (consejeros también acusados en el mismo procedimiento”.

La Fiscalía observa también un “objeto delictivo” en los acusados, que, según el auto de la juez, con el “firme propósito de celebrar el referéndum hacia la independencia realizaron actuaciones y algunos dictaron resoluciones con las que dispusieron de fondos públicos”. Y la “estabilidad y permanencia en el tiempo”, según los fiscales, se desprende de la afirmación de la juez de que los procesados operaron para materializar “el firme propósito de la Generalitat, exteriorizado con intensidad creciente desde 2012, en celebrar una consulta refrendaria”.

El 9 de abril, el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona procesó a 30 investigados en la causa abierta por los preparativos del 1-O en 2017, la mayoría de ellos excargos públicos del Govern de Carles Puigdemont, algunos de los cuales siguen en la Generalitat. La magistrada titular había adoptado esta decisión en un auto de procesamiento por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación, tras más de dos años de instrucción iniciada por el fallecido Juan Antonio Ramírez Sunyer. La juez fijó en 5.803.068,67 euros la fianza solidaria por responsabilidad civil para los procesados por malversación, cantidad supuestamente gastada o comprometida con la celebración del 1-O.

La cúpula de la CCMA no será juzgada por separado

La juez, además, ha rechazado la petición de la presidenta en funciones de la Corporación Catalana de Medios, Nuria Llorach, y los miembros de la cúpula de la institución pública, para que formalice una pieza separada y así evitar ser juzgados con el resto de la treintena de imputados. Según una providencia del pasado 29 de abril, que obra en el sumario de la causa, la magistrada considera que el hecho de abrir piezas separadas en el momento en el que se encuentra el procedimiento “no supondrá acelerar, agilizar y simplificar la investigación”, tal y como alegan Llorach, Sanchís y el director corporativo, comercial y de marketing de la CCMA Martí Patxot, en respectivos recursos presentados.

Para estos procesados por emitir la publicidad del 1-O, como el anuncio conocido como el de las ‘vías del tren, en la que aparecía unas vías ferroviarias con el lema “Naciste con la capacidad de decidir, ¿vas a renunciar?”, la causa en la que se encuentran inmersos se nutre de hechos múltiples y de naturaleza muy distinta, por lo que hacer piezas separadas ayudaría a “agilizar” la investigación y el enjuiciamiento.

Sus recursos se apoyan en varias resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo, entre ellas la de Sala que juzga el ‘procés’ independentista en julio de 2018, en la que recordaba que el artículo 762.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que “cuando existan elementos para hacerlo con independencia” el juez podrá acordar la formación de las piezas separadas “que resulten convenientes para simplificar y activar el procedimiento”. Sanchís, en concreto, argumenta que, además, la Guardia Civil está aportando “periódicamente atestados ampliatorios” a la causa, lo que podría implicar “imputaciones a nuevos investigados”. Por ello, su defensa entiende, y así lo expone en su recurso, que la instrucción no estará finalizada hasta que no se dicte auto de conclusión del sumario, “circunstancias que no concurre en el presente momento procesal”.

La juez instructora no comparte esta visión y asegura en su providencia que “la tramitación conjunta” con todos los investigados “no va a suponer una dilación para el proceso ni una excesiva complejidad”. De hecho, expone que considera “conveniente” que únicamente haya una causa conjunta para “el mejor esclarecimiento de los hechos y para la determinación de las responsabilidades procedentes”. Concluye la magistrada añadiendo en su resolución que el Ministerio Fiscal apuntó en su informe que con la tramitación conjunta también se evita el riesgo de posibles sentencias contradictorias.

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