El PSOE propone dar más autogobierno a Cataluña pero rechaza el referéndum y un 155 permanente

El PSOE defiende en su programa electoral proseguir las reformas necesarias para "un nuevo impulso del autogobierno" como salida a la crisis en Cataluña. El partido ha tardado en hacer público su programa completo tras haber avanzado 110 medidas, entre las que no se incluía nada relativo a su propuesta sobre el modelo territorial del Estado. El documento difundido este lunes sí contiene un detallado desarrollo de esta cuestión con otros dos principios básicos: no al referéndum de autodeterminación y no al “estado de excepción territorial con carácter permanente” que pretende la derecha con la activación indefinida del artículo 155 de la Constitución.

El programa no hace ninguna mención expresa a la necesidad de avanzar hacia un Estado federal, aunque puede considerarse implícito en la apelación a anteriores documentos en los que el PSOE ha plasmado sus aspiraciones a nivel territorial. Esos documentos son la Declaración de Granada de 2013 y la Declaración de Barcelona de 2017. En Granada, con Alfredo Pérez Rubalcaba de secretario general, el PSOE ya dejó claro que tan desastroso sería el triunfo del secesionismo como el de las tesis recentralizadoras que ahora vuelve a defender la derecha en sus tres versiones (PP, Cs y Vox. La Declaración de Barcelona afirmaba que es preciso abrir un escenario de diálogo que culmine “en una profunda reforma federal, que permita aunar un profundo autogobierno de las entidades territoriales con la unidad de España y el mejor reconocimiento de la realidad plurinacional de nuestro país sin afectar a la soberanía del pueblo español, ni a la igualdad de derechos entre toda la ciudadanía”.

Los socialistas subrayan que si las propuestas recogidas en los documentos de Granada y Barcelona “hubieran sido aplicadas”, no se estaría en la situación actual, pero creen que, “en cualquier caso, el modelo territorial del PSOE continúa siendo el único camino viable para superar la actual crisis”. “Ni desde el derecho de autodeterminación, ni desde un estado de excepción territorial con carácter permanente a través del artículo 155 de la Constitución puede construirse el futuro”, añade el texto del programa.

No aparecen para nada en el documento ni la apuesta por el diálogo con la Generalitat que ha sido una de las señas de identidad del Gobierno de Pedro Sánchez ni los términos en los que ha de producirse la negociación, tal y como se recogió en la Declaración de Pedralbes con la que culminó la reunión en Barcelona de Pedro Sánchez y Quim Torra junto a parte de sus ministros y consejeros, a finales de diciembre de 2018. Entonces se aceptó constituir una mesa de partidos al margen de las instituciones. Más tarde se supo que se estaba barajando introducir la figura de un ‘relator’, una especie de mediador. La noticia provocó una gran conmoción política que ni siquiera se compensó con el apoyo de los partidos independentistas a los Presupuestos del Gobierno. Las cuentas fueron rechazadas por el Congreso y el presidente no tuvo más remedio que adelantar las elecciones. Ahora, en plena campaña, lo único a lo que se ha comprometido Sánchez es a dialogar con los independentistas siempre dentro de los límites de la Constitución.

Frente a la recentralización que propugnan las derechas, el PSOE defiende que la España de las autonomías debe seguir avanzando hacia un modelo de Estado que sea “cada vez más capaz” de integrar la pluralidad y en el que la diversidad, la igualdad y la solidaridad “sean valores compatibles”. Y reivindica el papel del Gobierno central como garante de la igualdad y la cohesión y desde la lealtad a las funciones de las comunidades que reconoce la Constitución. El programa reconoce que “se aspira” a una definición “más precisa” de los aspectos identitarios de los distintos territorios, pero añade que el límite a ese reconocimiento es “la igualdad de todos los españoles”.

Recuerda asimismo la Comisión Parlamentaria para evaluar el Estado autonómico que promovió este partido “como hito previo” a una “reflexión de mayor alcance” que debe hacerse sobre una reforma constitucional. Y recalca que “sólo cabe abordar” dicha reforma “desde el mayor consenso social y político posible”.

El PSOE habla también de autogobierno en otro momento del programa, en el capítulo de regeneración democrática, cuando subraya que la moción de censura que dio paso al Gobierno de Sánchez inició un tiempo de “oportunidades” para promover una democracia avanzada. Y defiende que esa democracia debe, entre otras cosas, afrontar la crisis territorial “conjugando legalidad, cohesión, convivencia y autogobierno en el marco de la Constitución”, es decir, en los mismos términos a los que apela el líder socialista en todos sus actos electorales.

Respecto a la financiación autonómica, el PSOE señala que la Carta Magna no contiene ninguna regla “mínimamente precisa” para las comunidades autónomas, lo que considera una “singularidad”, ya que en los estados descentralizados “la Constitución prefigura, cuando menos”, el sistema de financiación que se aplicará. Por ese motivo, el resultado ha sido la “inestabilidad y la insatisfacción”, por lo que la Constitución debe incluir “las decisiones fundamentales” sobre el reparto de competencias financieras y los principios por los que se distribuyen los recursos. Para los socialistas, se debe establecer en la reforma, para darle la mayor transparencia, la forma de operar de los mecanismos de nivelación financiera y de garantía del principio de solidaridad territorial y garantizar la participación de los territorios en la concreción del modelo a través de una configuración distinta del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En cuanto a la autonomía local, alude al “intento de cercenar” el ámbito de actuación de los entes locales que ha supuesto la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, aprobada por el PP, y reclama superar la “limitada garantía constitucional” de la autonomía local y de su sostenibilidad financiera. Por ello, debería reconocer al municipio como unidad territorial básica, así como sus competencias propias. Pide que haya un régimen jurídico diferente para los municipios urbanos y los rurales, al tener necesidades y objetivos distintos.

Los primeros deben atender una demanda de servicios públicos a veces masiva, mientras que en los rurales se debe hacer hincapié en la lucha contra la despoblación. En ambos casos, señala el programa socialista, “resulta esencial” la mejora de la financiación mediante la previsión de tributos propios mínimos, sin perjuicio de otros que puedan ser reconocidos por la legislación estatal y autonómica, así como facilitar la libre disposición de los recursos derivados de la participación en los ingresos del Estado

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