La Comunidad de Madrid pide una multa de 600.000 euros para la residencia en la que se maltrataba a ancianas

La Consejería de Políticas Sociales ignoró y archivó una denuncia de 120 familiares de la residencia de Hortaleza del grupo Los Nogales y comprobó que el centro "no presentaba ninguna deficiencia grave"

La Comunidad de Madrid ha propuesto una sanción económica por una cuantía de hasta 600.000 euros, así como la inhabilitación por cinco años de la directora de la residencia del grupo Los Nogales, ubicada en el madrileño distrito de Hortaleza, donde la justicia investiga malos tratos a dos ancianas.

La Fiscalía de Madrid ha presentado una denuncia contra tres trabajadores de la residencia que el grupo Los Nogales en el distrito de Hortaleza por malos tratos físicos y psicológicos a dos ancianas que tenían a su cargo.

Como consecuencia de la denuncia y de las imágenes emitidas, ayer la Comunidad de Madrid abrió dos expedientes sancionadores, uno por parte de la Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor y otro a través de la Subdirección General de Control de Calidad, Inspección, Registro y Autorizaciones (CIRA).

En la mañana de hoy inspectores y técnicos de la Secretaría General Técnica y de la Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor han realizado sendas visitas al centro y han elaborado unas actas, han indicado a Efe fuentes de la Consejería de Políticas Sociales y Familia.

Los inspectores de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por considerar como falta muy grave los hechos denunciados por la Fiscalía, han incoado un procedimiento sancionador, en el que se propone una sanción económica contra la gestora de la residencia por una cuantía de hasta 600.000 euros, cinco veces más que la máxima sanción interpuesta hasta ahora que era de 120.000 euros.

Tras comprobar que la dirección del centro había ocultado a la Consejería de Políticas Sociales las denuncias y quejas de los familiares de los residentes, la Consejería va a proponer una inhabilitación de su directora para el desempeño de funciones relacionadas con los servicios sociales por un plazo de cinco años.

Estas dos propuestas estarán supeditadas a la resolución judicial en curso, puesto que la actuación de la Administración regional está vinculada a la misma.

Igualmente, y como consecuencia de la visita realizada por los técnicos de la Dirección General de Atención a la Dependencia y Mayor, se va a proponer una penalidad de 78.622,86 euros por una infracción muy grave contemplada en el pliego de cláusulas administrativas particulares como “deficiencia o desatención en la prestación del servicio que provoque una situación de peligro, grave incomodidad o abandono notorio en el cuidado y protección personal de los usuarios”.

Desde la Consejería de Políticas Sociales y Familia han señalado que todos los centros de personas mayores financiados por la Comunidad de Madrid están sujetos a un sistema de control y vigilancia a través de dos procesos.

Por un lado, los técnicos de la Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor realizan visitas periódicas de control y seguimiento de los pliegos que establecen las obligaciones de la prestación del servicio de atención residencial y de centro de día del centro residencial.

Además, la Subdirección General de Control de Calidad, Inspección, Registro y Autorizaciones (CIRA) de la Comunidad de Madrid realiza controles adicionales sobre los centros.

En 2018, la Comunidad de Madrid ha realizado 4.126 inspecciones en sus más de 1.200 centros en 2018, el doble de las inspecciones que exige la ley.

El Gobierno regional ha mostrado su más absoluto rechazo y repulsa por los hechos conocidos a través de la denuncia de la Fiscalía contra estos tres trabajadores de la residencia Los Nogales del distrito de Hortaleza.

La Administración regional ha mostrado su compromiso a los familiares de los residentes de que los hechos denunciados por la Fiscalía tendrán “una respuesta contundente” por parte del Gobierno autonómico.

“Como no puede ser de otra manera, no se va a mostrar ningún signo de tibieza ante unos hechos que a todos nos han sobrecogido”, han destacado desde la Consejería de Políticas Sociales y Familia.

Asimismo, el Ejecutivo madrileño ha hecho un llamamiento a la tranquilidad a la opinión pública y a los familiares de residentes para no señalar ni estigmatizar a los profesionales que trabajan en estos centros cuya excelente labor y compromiso diarios no se puede ver manchado por el comportamiento de determinadas personas.