Casado quiere quitar competencias a las autonomías y derogar la ley de Memoria Histórica

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de preferir "las manos manchadas de sangre que las manos pintadas de blanco", en referencia al apoyo que considera que ha buscado de EH Bildu para aprobar los últimos decretos del Gobierno. En el acto de presentación del programa electoral del partido en Barcelona, en el que ha estado acompañado por la candidata que encabeza la lista por esa circunscripción, Cayetana Álvarez de Toledo, Casado ha extremado un discurso que ya venía siendo muy duro. La respuesta del PSOE ha sido proporcional a la rudeza del líder popular.

Casado no se ha olvidado de los independentistas y también ha reprochado a Sánchez que prefiera “las manos pintadas de amarillo” para perpetuarse en el poder. A su juicio, el secretario general del PSOE es “un peligro público para España” y el presidente “más radical y más sectario” de la historia española.

La respuesta le ha llegado poco después desde el propio PSOE. El coordinador de campaña de los socialistas, José Luis Ábalos, ha sostenido que el “nivel de irresponsabilidad” del candidato del PP “le inhabilita para presidir España”. “Uno no debería jugar con estas cosas, ha advertido Ábalos en una rueda de prensa en Ferraz, en la que se ha preguntado “si (Casado) es consciente de que está hablando de criminalidad”. Tras criticar el “nivel ‘in crescendo’ de delirio” que, a su juicio, va adquiriendo el líder del PP en la precampaña electoral, el dirigente del PSOE ha lamentado que sus declaraciones de este lunes vayan “un paso más allá, que solo se puede justificar desde la más absoluta desesperación”.

Ábalos ha aprovechado también para criticar el lema de campaña “Vamos”, de Cs: “Tienen el lema de campaña ‘Vamos’, pero no se sabe a dónde vamos, si es por donde sopla el viento o por cómo acontezca el motivo del día o por donde le diga el señor Abascal. En fin, vamos seguramente hacia ningún lado con ellos”, ha criticado. Además, ha sostenido que el partido de Albert Rivera aspira es “la tercera o cuarta posición”. “Por más que digan ‘vamos’, vamos a la tercera o cuarta posición, no hay más”, ha rematado.

En cuanto al programa presentado por Casado, se estructura en 10 bloques, según el “contrato” establecido por el líder popular con la ciudadanía. Un texto con 500 medidas “para cambiar España” que incluyen crear empleo, garantizar las pensiones y defender la libertad en todos los ámbitos, tanto político, como educativo, social y económico. Pero la idea que recorre ese medio millar de propuestas es la recentralización del Estado. Lo que defiende el PP es reforzar la presencia del Estado en todas las comunidades para garantizar “el pleno ejercicio de las competencias que tiene constitucionalmente atribuidas”. Para ello plantea, por ejemplo, ampliar los recursos de las delegaciones del Gobierno.

Los populares se comprometen a reformar la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con el fin de asegurar la plena operatividad en todo el territorio de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Con ese objetivo, se ampliarán las infraestructuras a disposición de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para así “reforzar sus capacidades ante nuevos desafíos”.

El partido de Casado anuncia que aprobará una “moratoria que paralizará la cesión de nuevas transferencias a las comunidades autónomas”. En ese tiempo, prosigue el programa, el PP realizará una “completa evaluación del funcionamiento del Estado Autonómico desde una perspectiva de eficiencia y equidad, de tal manera que se garantice un sector público más racional y viable y se dé plena vigencia al principio constitucional de solidaridad”. A renglón seguido, señala que establecerán “los cauces necesarios” para que aquellas comunidades que así lo deseen “encomienden a la Administración del Estado el ejercicio de aquellas competencias que puedan ser administradas de manera más eficaz desde el Gobierno de la nación”.

En este apartado, el PP también se compromete a impulsar una Estrategia Nacional de Evaluación del sector público con el fin de “determinar la idoneidad y la necesidad de cada una de las entidades” y proponer las reformas “precisas para profundizar en la eliminación de organismos superfluos y duplicidades administrativas”.

El 155, los indultos, la representación exterior, los partidos, los símbolos…

Por lo que se refiere a Cataluña, el programa de los populares desarrolla varias ideas en este primer bloque de medidas agrupadas bajo el epígrafe ‘El Fortalecimiento de la Nación’. En primer lugar, recoge la aplicación del artículo 155 para “proteger el correcto ejercicio de la autonomía de Cataluña” por el tiempo que “resulte inexcusable” y con “cuantas medidas sean necesarias”. “Velaremos con especial atención por un adecuado ejercicio de las competencias en educación, régimen penitenciario, medios públicos de comunicación y hacienda pública”, añade el texto, en el que además se aboga por una reforma del Código Penal para volver a tipificar como delito la convocatoria ilegal de referéndum.

El PP plantea también -como ya hizo en el Congreso hace unos meses- reformar la Ley del Indulto para prohibirlo en las casos de delitos de rebelión y sedición. Y ante las llamadas ‘embajadas’ en el exterior, dice que reafirmará la competencia exclusiva que se reconoce al Estado en las relaciones internacionales en el artículo 149 y se “clausurarán todos los organismos e instituciones que socaven esta competencia exclusiva”.

Y sin dejar de mirar a Cataluña y a su intensa actividad internacional para promocionar el independentismo el programa recoge este otro punto: “Reafirmaremos la competencia exclusiva que se reconoce al Estado en las relaciones internacionales en los términos del artículo 149 de la Constitución. Se clausurarán todos los organismos e instituciones que socaven
esta competencia exclusiva. Se facilitará la integración de los organismos autonómicos dentro de los servicios del Estado”.

También la guerra de los lazos y las bandera aparece en el programa a través de la idea de aprobar una ley de símbolos nacionales que defienda la “convivencia y la neutralidad institucional”, agravando las sanciones para las autoridades que incumplan el deber de exhibir la bandera nacional en todos los edificios oficiales o la obligación de que el retrato del jefe del Estado presida los salones de plenos municipales. Asimismo, de reforzará la ley de partidos con la exigencia de ilegalizar aquellos que promuevan la violencia. Más radical y polémica es la propuesta de estrangular económicamente a formaciones con un ideario que se aparte de la doctrina del PP. Se trata de modificar la ley sobre financiación de partidos para “impedir que lleguen fondos públicos a todas aquellos que atenten contra la unidad y los intereses generales de la nación”, una redacción tan vaga e imprecisa que puede aplicarse a todo lo que no les guste a los dirigentes populares.

La intervención de TV3, según lo avanzado por Álvarez de Toledo

El PP abre la puerta a que se intervenga la televisión publica catalana, TV3, o se cese a consejeros de la Generalitat. Lo ha avanzado Álvarez de Toledo en una entrevista en la Cadena SER antes de la presentación oficial del programa. La candidata ha dicho que no tiene dudas sobre que, actualmente, habría motivos para intervenir “distintos ambientes” de la esfera pública catalana y ha puesto como ejemplo TV3. “Basta poner TV3 una tarde para comprobarlo”, ha señalado y en respuesta a una pregunta sobre si es partidaria de cerra el canal ha explicado: “La TV3 o es de todos o no es de nadie, ¿se entiende? Tiene que ejercer para todos o sino, ¿por qué están pagando la mitad de catalanes a una televisión que les insulta y se mofa de ellos?” A su juicio, lo que se vive con TV3 “no es democráticamente normal” por lo que esta forma de aplicar el 155 no es parcial y se basa en “fundamentos democráticos”.

En el mismo capítulo sobre ‘El Fortalecimiento de la Nación’, se apuesta por desarrollar el artículo 3 de la Constitución a través de una Ley Orgánica de uso del castellano como lengua oficial del Estado, garantizando su utilización en todos las comunicaciones públicas. Como medida novedosa, el PP plantea aprobar una iniciativa para garantizar “el correcto cumplimiento del requisito de prestación de juramento por parte de todos los cargos electos”, prohibiendo “cualquier variación o añadido que desnaturalice o vacíe de contenido dicho acto de acatamiento”.

En el último acto de constitución de las Cortes, en 2016, la mayoría de los representantes de Podemos incluido Pablo Iglesias prometieron el cargo de diputados “por imperativo legal” o con la frase “prometo acatar la Constitución y trabajar para cambiarla. Nunca más un país sin su gente y sin sus pueblos”. Los diputados de Democràcia i Llibertat, la coalición que lideró Francesc Homs en las elecciones de 2015, se limitaron a prometer en catalán, mientras que los de ERC optaron por fórmulas más largas y variadas que han incluido vivas a la “Constitució catalana” y a “Catalunya lliure”. “Sí, prometo”, djo escueto Homs, mientras que el representante de ERC Joan Tardá aprovechó para exclamar, entre otras cosas, “visca els països catalans”. Un par de diputados utilizaron la coletilla “hasta la constitución de la República catalana”.

El PP promete además aprobar una Ley de Concordia que derogue la Ley de Memoria Histórica, una iniciativa que avanzó en septiembre del año pasado y aún no ha presentado públicamente; promocionar la presencia de las manifestaciones culturales y deportivas nacionales en todos los ámbitos; y promover la Fiesta Nacional del 12 de octubre en el conjunto de la sociedad española, impulsando actividades en torno a ella en todos los centros escolares españoles.

Beneficios fiscales a quienes trabajen más allá de la jubilación sin pensión

Respecto a las pensiones, se apuntan algunas ideas: la revalorización según el IPC, aproximar el período de cálculo a toda la vida laboral de forma progresiva;, profundizar en la separación de fuentes de financiación y reducir la brecha de género en pensiones ampliando el complemento de maternidad a todas las madres. Pero, sobre todo, el PP plantea en su programa el establecimiento de una exención en el pago del IRPF a aquellos trabajadores que, cumplida la edad legal de jubilación, continúen trabajando sin cobrar pensión. La idea es favorecer el envejecimiento activo y la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación, revisando los incentivos para fomentar la permanencia de los trabajadores y ampliando la compatibilidad entre pensión y trabajo, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia. En concreto, aboga por establecer una exención, con un límite en la renta sobre la que podrá aplicarse, en el pago del IRPF cuando se continúe la actividad profesional sin cobrar la pensión de jubilación.

En materia de empleo, destacan dos propuestas del PP: profundizar en los avances en flexibilidad alcanzados con la reforma laboral de 2012, especialmente en la negociación colectiva, y establecer, gradualmente, un sistema de cuentas individuales de capitalización al estilo de la llamada ‘mochila austriaca’. Estas cuentas o fondos de capitalización se mantienen a lo largo de la vida laboral y pueden ser rescatados por el trabajador en casos de despido improcedente, movilidad geográfica, necesidad de formación o en el momento de su jubilación.

El PP aboga también por establecer nuevos mecanismos que penalicen la contratación temporal injustificada endureciendo la penalización a las empresas que realicen contratos temporales sin causa, y limitando el encadenamiento de contratos y el uso de los contratos de duración determinada a través de la negociación colectiva. Asimismo, los ‘populares’ se proponen mejorar la regulación del actual contrato para la formación y el aprendizaje e impulsar la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo mediante nuevos incentivos.

En materia de vivienda, el PP promete incentivar la deducción fiscal a los arrendadores por los ingresos derivados de la renta de los alquileres de las viviendas que sirvan de residencia habitual, especialmente cuando los arrendatarios sean jóvenes o mayores de 65 años con ingresos bajos. Igualmente, favorecerá el desarrollo de seguros de arrendamiento que cubran el impago de los alquileres y los daños que pueda causar el inquilino, con el fin de facilitar el alquiler de los jóvenes, al tiempo que implantará sistemas de arbitraje para resolver de manera “rápida y poco costosa” conflictos de alquileres.

También plantea el PP la flexibilización de las operaciones de regeneración urbana, para facilitar ajustes de edificabilidad y de usos de suelo con mayor “sostenibilidad ambiental y eficiencia energética”, y fomentará la política de rehabilitación de la edificación en centros urbanos. A su vez, impulsará la oferta de vivienda de nueva construcción para alquiler asequible, destinadas prioritariamente a familias con hijos, favoreciendo fórmulas de cooperación público-privada que mantengan la propiedad pública del suelo; sustituirán la licencia por la eclaración responsable para los diferentes urbanísticos y seguirá impulsan la conversión en ciudades inteligentes de las localidades de más de 50.000 habitantes, Baleares y Canarias.

Ni palabra del aborto ni de la eutanasia

En el programa de 102 páginas no aparecen, ni siquiera por su enunciado, dos de los asuntos que más polémica han suscitado en la precampaña: el aborto y la eutanasia. Casado dijo en su día que prefería la ley de supuestos de 1985 a la de plazos de 2010, lo que provocó no pocas críticas. Eso le llevó a descartar este asunto para sus mensajes de campaña, entre los que sí ha incluido el apoyo a la maternidad. En el texto presentado este lunes se propone una ley para adaptar la escolarización de “jóvenes embarazadas” y que contemple la creación de “oficinas municipales de Ayuda a la Mujer Embarazada para que ninguna mujer deje de ser madre por su situación económica, social o familiar”.

Respecto a la eutanasia, que el PP se opone a regular, tampoco se dice una sola palabra pese al impacto social que ha tenido el caso recientemente conocido de Ángel y María José, una enferma de esclerosis múltiple a quien su marido ha ayudado a morir grabando todo el proceso para dejar constancia de la gravedad de la situación de la enferma y hasta qué punto ella misma deseaba ese desenlace. En el programa sólo se incorpora la promesa de extender los cuidados paliativos, e impulsar “la utilización del testamento vital como fórmula de manifestación de la voluntad de los pacientes ante una situación terminal”.

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