El TC anula la ley que permite investir a Puigdemont o a cualquiera que no esté presente

El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado por unanimidad inconstitucional y nula la serie de artículos de la ley del Parlament de Cataluña, la llamada Ley de Presidencia, que permiten celebrar sesiones del Govern a distancia e investir al presidente de la Generalitat por vía telemática, iniciativa aprobada en 2018 para que el expresident Carles Puigdemont pudiera ser investido desde Bélgica, a donde huyó para eludir los cargos por rebelión en el Tribunal Supremo. La ley fue inmediatamente suspendida, en mayo de ese mismo año, después de que en enero el Constitucional ya hubiera suspendido la sesión de investidura vía telemática que había convocado el presidente del Parlament, Roger Torrent.

Ahora, en una sentencia de la que ha sido ponente el Magistrado Antonio Narváez, el tribunal de garantías estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad que interpuso la Presidencia del Gobierno contra los artículos 1 y 2 y la disposición adicional de la Ley del Parlamento de Cataluña 2/2018, de 8 de mayo.

La decisión tiene su importancia porque, aunque hace meses que no oye hablar de un nuevo intento de investir a Puigdemont, el independentismo que hasta ahora capitanea JxCat no ha renunciado a la idea y la saca a relucir intermitentemente. En enero, sin ir más lejos, el Parlament puso en marcha la ponencia para reformar su reglamento con la finalidad, entre otras cosas, de permitir esa investidura “telemática” que oficializaría el papel que Puigdemont ya está desempeñando desde Waterloo a través de su hombre de paja, Quim Torra.

El Constitucional entiende, conforme a su propia jurisprudencia, que “una investidura en la que el candidato no compareciera presencialmente ante la cámara para solicitar su confianza sería contraria al bloque de constitucionalidad” pues aunque las normas “no establezcan expresamente el carácter presencial de la investidura, esta exigencia es inherente a la naturaleza
de este procedimiento”. Entiende así que la ausencia vulneraría el derecho de los diputados a ejercer su cargo público sin perturbaciones ilegítimas y de conformidad con lo previsto en la ley y en los principios constitucionales.

En la misma línea, declara la inconstitucionalidad y nulidad de la Disposición Adicional de esa misma ley porque “prevé la modificación del Reglamento del Parlamento para regular una investidura no presencial, que es contraria a la Constitución y al Estatuto”. También anula el artículo 2 de la ley, que es el que regula los medios telemáticos que se utilizarían en estos casos.

En Waterloo se suele reunir ese Consejo de la República que se ha convertido en el órgano que realmente decide los designios de Cataluña. Por eso, la sentencia del Constitucional tiene otra derivada interesante. Dice que la aplicación de las tecnologías para las reuniones del Govern con el fin de que puedan ser todas a distancia o tener al presidente o a todo el gabinete en el extranjero es contraria a la Constitución y la legislación vigente que establece que, “la celebración no presencial de las sesiones” del Ejecutivo debe obedecer “a casos justificados, excepcionales y (con) las oportunas garantías”.

El Constitucional recalca la importancia de la interrelación “directa e inmediata” en los procesos deliberativos y decisorios propios de cualquier Ejecutivo, pues la separación física no permite conocer todo lo que está sucediendo en otro lugar. Además, considera que en una reunión a distancia puede que no estén debidamente protegidas las funciones de los miembros de un Gobierno, desde ejercer sin interferencias externas a tener garantizada su propia seguridad y libertad o el secreto de las deliberaciones.

En consecuencia, el TC anula los tres apartados del artículo 35 que fijan los medios telemáticos que puede usar el Govern en sus reuniones a distancia, puesto que éstas se regulan “sin el carácter excepcional que necesariamente deben tener” y equiparando plenamente las reuniones presenciales con las telemáticas y excluyendo “sin establecer causa, motivo ni garantía de ninguna clase”, la sentencia de nombrar un suplente en los supuestos de ausencia. Con todo, no pone objeción a la previsión de la norma que permite que para “convocar” y “remitir actas” se empleen medios telemáticos, dado que se trata de funciones puramente documentales que no implican deliberación ni toma de acuerdos.

En definitiva, el Tribunal Constitucional anula el artículo 1 de la ley de 2018 en cuanto a la nueva redacción que da al apartado 3 del art. 4 de la Ley 13/2008 que dice lo siguiente: “En caso de ausencia, enfermedad o impedimento del candidato o candidata en la fecha de la sesión de investidura, el Pleno puede autorizar, por mayoría absoluta, que el debate de investidura se celebre sin la presencia o sin la intervención del candidato o candidata, que en ese caso puede presentar el programa y solicitar la confianza de la cámara por escrito o por cualquier otro medio previsto en el Reglamento”.

Además, anula anula los términos “constituirse”, “y celebrar” y “adoptar acuerdos” del artículo 2 de esa ley que modifica el artículo 35 de la que estaba vigente cuando se aprobó con esta nueva redacción: “El Gobierno y los demás órganos colegiados comprendidos en el ámbito de la presente ley pueden constituirse, convocar y celebrar sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario”.

La sentencia recuerda que el fallo tiene “plenos efectos frente a todos” y autoridades y cargos públicos el deber de “impedir o paralizar cualquier iniciativa” que suponga ignorarlo o contradecirlo.

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