El Congreso aprueba los seis decretos sociales de Sánchez tras un tenso debate en plena precampaña

La precampaña electoral ha marcado este miércoles el debate de los seis reales decretos ‘sociales’ que el Gobierno ha llevado a la Diputación Permanente del Congreso para su convalidación. Los seis han sido aprobados, pero todos los grupos sin excepción, incluidos los que han votado a favor, han reprochado el ‘electoralismo’ del Gobierno. El hecho de que la mayoría se refiera a medidas sociales de calado ha conseguido, por otra parte, resquebrajar el bloque de la derecha. El PP ha votado en contra de todos, pero Cs no. Ambos han coincidido en su rechazo al decreto que regula los contratos de alquiler, que finalmente ha salido adelante gracias a la mayoría de la moción de censura, incluido el PNV, que ha mantenido la incógnita sobre el sentido de su voto hasta el último minuto.

Al ambiente de tensión que se ha vivido en el Congreso han contribuido de forma notable unas declaraciones de la portavoz en el Congreso de EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia, quien dijo el martes que había recibido un “sinfín de llamadas” procedentes del “partido en el Gobierno” para pedir su voto a los decretos sociales, un voto que más tarde avanzó el secretario general de la formación, Arnaldo Otegi, que sería favorable. Esto ha desembocado en una feroz reacción del PP cuyo líder, Pablo Casado, ha llegado a calificar de “indigno” a Pedro Sánchez por “implorar” el apoyo de un “proetarra”. El partido, mientras tanto, ha llevado la campaña a las redes sociales con el hashtag #DecretazOtegi:

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha lamentado la deriva de este PP de Pablo Casado, que, a su juicio, nada tiene que ver con Rajoy” porque “se está dejando arrastrar por la ultraderecha también en política exterior”. “Sabíamos que el PP era un partido antisocial, pero lo que es inexplicable es que haya quebrado la política exterior”, ha insistido en alusión al plan de contingencia para un Brexit sin acuerdo.

En cuanto al detalle de lo que ha ocurrido en la Cámara, el decreto de la vivienda, que ha permanecido pendiente de un hilo durante todo el día, ha recibido 33 apoyos, 31 votos en contra (PP y Cs) y 1 abstención (UPN). Forman la Diputación 60 parlamentarios más los cinco de la Mesa, incluida Ana Pastor. Comparado con los plenos del Congreso, la representación de los grupos es menor, aunque proporcional. Así, el PP suma 24 diputados, 15 el Grupo Socialista, 12 Unidos Podemos, 6 Ciudadanos, 2 ERC, 1 el PNV y 4 el Grupo Mixto (PdeCAT, Compromís, UPN y Bildu).

Este decreto amplía a cinco años la duración de los contratos de alquiler y limita al IPC los incrementos de precios durante ese periodo. En este caso, al abierto rechazo del PP y Ciudadanos se han sumado las reticencias del PNV, lo que no le ha impedido finalmente votar afirmativamente. Los nacionalistas vascos han dudado de la utilidad del decreto que consideran “un parche” por no abordar la falta de vivienda pública y asequible y medidas para movilizar la vivienda vacía. Mientras esto decía su portavoz parlamentario en la materia, Mikel Legarda, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, desvelaba que “se han intensificado los contactos y se han multiplicado los documentos y propuestas” del Ejecutivo central sobre las competencias pendientes de transferir a Euskadi, y que corren el riesgo de quedar en papel mojado una vez que el Gobierno esté en funciones. Después, todo dependerá de quién haya ganado las elecciones del 28-A y qué pactos se articulen para formar el futuro Ejecutivo.

Al finalizar la reunión de la Diputación Permanente, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado que no ha acordado “nada” con el Gobierno sobre las competencias pendientes de transferir a Euskadi, aunque ha explicado que el Ejecutivo sí le ha trasladado su “buena voluntad” de avanzar. Según ha explicado, el PNV necesitaba aclarar “en lo que estaba pensando el Gobierno” sobre las transferencias pendientes a Euskadi y sobre compromisos pendientes. “¿Aquí qué pasa? ¿Falta impulso político? Pues de eso es de lo que queríamos hablar. Y llegados a este punto, hombre, se supone que van a escuchar tus preocupaciones un poquito más en este momento que estaban los decretos”, ha explicado Aitor Esteban.

El pasado 22 de enero el Pleno del Congreso ya tumbó un anterior decreto-ley con medidas urgentes sobre vivienda, que fue aprobado en diciembre y estuvo en vigor solo cinco semanas. Aquella derrota se debió a que Podemos consideró insuficiente la iniciativa del Ejecutivo. Esta vez, su portavoz, Rafael Mayoral,  ha indicado que votarán a favor por la protección que se dispensa a los inquilinos con contrato en vigor, aunque echan en falta “más mano dura contra los buitres”, en referencia a los grandes tenedores de viviendas en alquiler. El partido morado siempre ha reclamado limitar, de alguna manera, el precio de los alquileres, que subieron de media un 8,9% en 2017, llegando estos incrementos al 20% en ciudades como Madrid o Barcelona. Finalmente, ha tenido que ceder y renunciar a la que era una de sus ‘líneas rojas’ en este asunto.

Subsidio para mayores de 52 años y otros ‘retoques’ laborales

Uno de los decretos en los que Ciudadanos se ha diferenciado del ‘no’ del PP optando por la abstención ha sido el que recupera el subsidio a los desempleados mayores de 52 años. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha pedido el apoyo a una norma que “mejora la vida de más de 2 millones de personas y que invierte en justicia y cohesión social aproximadamente 700 millones de euros”. El dinero para pagar este gasto sale de la Seguridad Social, ha aclarado la ministra, que ha explicado que los ingresos por cotizaciones están creciendo en lo va de año a un ritmo del 7 %, gracias a las medidas incluidas en el decreto ley con la subida de las pensiones para 2019, que fue aprobado el pasado 28 de diciembre. El incremento de las bases de cotización que incluía aquel decreto ley permitirá a la Seguridad Social recaudar 3.184 millones de euros más este año.

El voto en contra del PP lo ha explicado el diputado Carlos Rojas, quien curiosamente solo le ha visto una pega: el modo electoral en el que está el Gobierno y, por cierto, todos las formaciones políticas sin excepción. Por lo demás, ha admitido coincidir “en el fondo” con la propuesta cuyo defecto es, ha dicho, “nacer viciada” al querer hacer pasar por justicia social lo que no es más que propaganda para el 28-A.

Lo cierto es que el decreto contiene otras medidas como el registro de la jornada laboral, bonificaciones a la contratación de parados de larga duración, la recuperación de la cotización de cuidadores no profesionales y el aumento de las cuantías no contributivas de las prestaciones familiares por hijo. Esto ha llevado a la portavoz de Unidos Podemos, Yolanda Díaz, a criticar con dureza el decreto, pese a respaldarlo, por considerar que las bonificaciones a la contratación suponen un “regalo a los empresarios”, que el registro horario es “opaco” y “no va a servir de nada” y, en general, que el Gobierno deja intactas las normas laborales que “han destrozado el mercado laboral”. “Han tenido tiempo de sobra para derogar las reformas laboral y de pensiones, no querían hacerlo, porque son otros los intereses que se han impuesto a sus propias voluntades”, ha apuntado.

A juicio de Podemos, ha quedado demostrado que el PSOE solo “deroga leyes en los mítines”, después de que el anuncio del Ejecutivo de derogar la reforma laboral haya quedado solo en la recuperación del subsidio para mayores de 52 años “por las presiones de los empresarios de la CEOE”. Muy diferente ha sido la versión del diputado del PDeCAT, Carles Campuzano, que ha lamentado que dicha derogación de la reforma laboral de 2012 no haya sido finalmente posible “por la ausencia de coraje político de algunos grupos” (en alusión a Podemos), a pesar de que PSOE y PDeCAT tenían ultimado un texto que, entre otras cosas, incluía la obligación de registrar la jornada laboral.

Equiparación de los permisos de paternidad y maternidad

Importante también por su carga social es el decreto ley de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo que, entre otras medidas, amplía el permiso de paternidad a ocho semanas este año, a doce en 2020 y a 16 en 2021, igualándose así al de maternidad. Una vez equiparados, las seis primeras semanas posteriores al parto serán obligatorias e ininterrumpidas, y las diez restantes que tendrá cada progenitor serán a distribuir hasta que el bebé cumpla un año. La norma también obliga de preparar planes de igualdad a empresas a partir de 50 empleados, la transparencia de tablas salariales o la recuperación de la cotización de las cuidadoras no profesionales de familiares dependientes. El texto ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP.

Pese al respaldo generalizado con que ha contado la iniciativa, defendida como “urgente” por la vicepresidenta Carmen Calvo, ha merecido no pocas críticas de la oposición que la ha tachado de “descafeinada”, “corta” o “falta de ambición”. El más duro, no obstante, ha sido el PP que ha acusado a Sánchez de ser “una pésima copia” de José Luis Rodríguez Zapatero, prometiendo medidas que cuestan “600 millones de euros” que, según apuntan, “España no tiene”. “Tendrá que ser el PP quien tenga que solucionar estas cosas”, ha declarado la portavoz del Grupo Popular en esta materia, Beatriz Escudero. La ampliación del permiso para 2020, supondrán 705 millones más anuales para el Estado y 166 para los empresarios. Esta cifra se elevará hasta los 1.107 millones de incremento en los Presupuestos Generales del Estado en 2021 y 261 millones en relación a las empresas, ya con las 16 semanas de permiso.

Tras la convalidación del texto, la Diputación Permanente ha tenido que votar, también, la petición de Ciudadanos para que este decreto ley fuera tramitado como proyecto de ley. La Cámara ha rechazado este procedimiento, con los votos en contra de PP, Unidos Podemos y PNV. También se ha rechazado tramitar como ley los decretos del subsidio y de la vivienda. Esto significa que ninguno de ellos podrá ser enmendado por los grupos parlamentarios.

Los otros tres decretos que han recibido este miércoles la luz verde del Congreso son el de medidas para afrontar un eventual Brexit sin acuerdo, el relativo al sector de la estiba y el que permite a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos invertir el superávit que hayan acumulado durante los últimos ejercicios económicos

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