La cúpula de Interior con el PP premió a una persona clave en la operación política contra Iglesias

Según una información de 'El País', el secretario de Estado de Seguridad firmó un permiso extraordinario de residencia al venezolano que colaboró con la policía política

La cúpula de de Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro, cuando gobernaba el PP de Mariano Rajoy, concedió el 11 de abril de 2016, un permiso extraordinario de residencia en España a un confidente venezolano que fue clave en la operación política abierta por la policía patriótica contra Podemos, según informa este viernes en ‘El País’. Así consta en un documento presentado ante notario, que dos tribunales de Madrid dan como válido, cuya veracidad confirman fuentes policiales y que el partido morado ha pedido incorporar al caso Villarejo en la Audiencia Nacional. El confidente suministró informaciones no verificadas contra la tercera fuerza política del país.

En base a estas informaciones, el documento de Interior recoge cómo el ministerio concedió al venezolano Carlos Alberto Arias una autorización de residencia en España durante un año por “circunstancias excepcionales” debido a “razones de colaboración con las autoridades policiales”. El permiso de residencia firmado por el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, no detalla cuál fue el tipo de cooperación, pero el propio Arias declaró ante notario que desde febrero de 2016 trabajaba como “informador” para la Policía española “aportándole todo tipo de documentos” sobre el supuesto dinero que el Gobierno venezolano había entregado supuestamente a dirigentes de Podemos y a Pablo Iglesias.

Hay que recordar que todo ese contenido no contrastado fue publicado por ‘Ok Diario’ y que fue supuestamente la policía quién filtró esos documentos al director del diario online, Eduardo Inda. Más tarde, el redactor que firmó la noticia, publicada el 6 de mayo de 2016, admitió ante el juez que Arias fue un de sus fuentes. Iglesias siempre negó la información.

‘Ok Diario’ también publicó en enero de ese mismo año la primera noticia sobre el denominado informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) sobre la presunta financiación iraní al partido morado. Un informe que supuestamente procedía de la Unidad de Delincuencia Fiscal y Financiera (UDEF), pero que no llevaba firma ni sello y que fue rechazado en todos los tribunales y juzgados donde se presentó.

Ese informe ha vuelto a cobrar relevancia al conocerse que la Audiencia Nacional investiga el hallazgo al excomisario José Manuel Villarejo del volcado del teléfono de una colaboradora cercana a Iglesias en el Parlamento europeo del que podrían haber salido buena parte de las informaciones que se publicaron contra Podemos en aquella época. Sin ir más lejos, el chat, por ejemplo, en el que Iglesias hablaba de “azotar” a la periodista Mariló Montero.

El excomisario declaró este jueves como imputado sobre esta documentación y negó que la obtuviera en el marco de una “operación política” sino de “una investigación policial” y que el “solo” la “vehiculizó” en el ámbito policial.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró este jueves que había llegado el momento de que se pidan “responsabilidades políticas” a los anteriores dirigentes de este departamento ministerial por el supuesto espionaje a Iglesias.

“Es una vergüenza que se haya podido supuestamente utilizar instituciones del Estado con fines absolutamente abyectos”, comentó. También calificó de “grave” casos instruidos en la Audiencia Nacional como ‘Kitchen’, la sustracción con fondos reservados por parte de la Policía de material sensible del extesorero del PP Luis Bárcenas sin conocimiento previo de los jueces. “Obedece a una utilización torticera, fraudulenta y partidista de las instituciones del Estado”, aseguró Marlaska.