El PSOE promete un ingreso mínimo vital sin derogar la reforma laboral ni el factor de sostenibilidad

El PSOE se compromete en su programa electoral a actualizar cada año las pensiones en función del IPC real y a aumentar en mayor medida las pensiones mínimas y no contributivas, para lo que eliminará el actual Índice de Revalorización (IRP), que limita la subida a un máximo del 0,25% en situaciones de déficit en la Seguridad Social. El programa de los socialistas para las elecciones del 28-A está repleto de medidas de corte social, 110 en total que ha presentado Pedro Sánchez apelando a la necesidad de que el Gobierno socialista dependa de sus propias fuerzas para poder sacarlas adelante. Entre otras cosas, el líder socialista se compromete a establecer un ingreso mínimo vital para erradicar la pobreza infantil, que en España afecta a 2,6 millones de menores.

El ingreso mínimo vital es una vieja promesa del PSOE que ya la planteó de cara a las elecciones de 2015 y 2016 y, de hecho, la presidenta del partido, Cristina Narbona, ha reconocido que el grueso del programa representa “lo que el Gobierno ha puesto ya en marcha, lo que tenía proyectado”. En ese sentido, no hay sorpresas sobre la reforma laboral, cuya derogación tampoco se plantea en este documento aunque sí se propone suprimir sus aspectos más lesivos. Esta fue una de las promesas que hizo el nuevo Ejecutivo socialista nada más aterrizar en la Moncloa después de dar marcha atrás y admitir que no sería posible derogar dicha ley -tal y como se había comprometido en la oposición- al contar apenas con 84 diputados. De hecho, fue un acuerdo que también pactó con Podemos y que aparece reflejado en el borrador de los Presupuestos. En materia laboral, también se elaborará un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el Siglo XXI, se seguirá aumentando de manera gradual el salario mínimo, hasta alcanzar el 60% del salario medio y se reordenarán los contratos para dejarlos en tres modalidades: indefinido, temporal y formativo.

Por lo que se refiere a la pensiones, el actual Índice de Revalorización que se quiere suprimir no se ha aplicado ni en 2018 ni en 2019, cuando la subida ha sido con carácter general de un 1,6%, por encima del IPC previsto. Sin embargo, el IRP sigue vigente, por lo que el PSOE asume el compromiso de derogarlo. Lo que no suprimirá si vuelve a gobernar tras las elecciones generales del 28 de abril es el factor de sostenibilidad, cuya entrada en vigor fue aplazada hasta 2022 debido al pacto al que llegó el PNV con Mariano Rajoy para apoyar sus presupuestos y que Sánchez ha respetado para conseguir el respaldo de los nacionalistas vascos a su moción de censura contra el anterior jefe del Ejecutivo. El PSOE no habla de suprimirlo, pero sí de reformarlo buscando un “diseño compartido” con los agentes sociales.

La pensiones son una de las grandes asignaturas pendientes que tendrá que afrontar el próximo Gobierno, sea cual sea su color político, y por eso entre las 110 medidas se incluye la reforma del sistema en el marco del Pacto de Toledo y el diálogo social y con la mirada puesta en la reducción del déficit de la Seguridad Social, un objetivo para el que se fija un plazo de cinco años, tal y como ya había avanzado en varias ocasiones la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. El déficit de la Seguridad Social se sitúa actualmente en 18.000 millones y no se eliminará hasta 2.024. Para ello, el PSOE quiere que las cotizaciones sociales soporten el gasto en pensiones de naturaleza contributiva, aumentando progresivamente las aportaciones del Estado ante el gasto ligado a la jubilación de la generación del ‘baby-boom’, que supondrá pasar de pagar las 9,7 millones de pensiones actuales a más de 14,4 millones.

La separación de fuentes y la vinculación de gastos del sistema a los Presupuestos Generales del Estado significa que, tal y como se afirma en el documento, “que será necesario elevar los impuestos para que los PGE puedan asumir este déficit de la Seguridad Social”. Para lograr estos recursos, y otros, el PSOE plantea también una reforma fiscal para aproximar la fiscalidad de las rentas del trabajo a las del capital y para acercar progresivamente la recaudación de España a la media europea.

El PSOE descarta el impuesto a la banca pero modificará la regla de gasto

Es decir, aunque no se incluye finalmente el impuesto a la banca, el PSOE se compromete a reforzar la progresividad del sistema fiscal, incrementando la aportación de las grandes empresas y de los contribuyentes de ingresos más altos y grandes patrimonios. También se promoverá la armonización a nivel europeo con los impuestos sobre determinados servicios digitales (‘Tasa Google’), el impuesto sobre transacciones financieras (‘Tasa Tobin’) y el impulso a la fiscalidad ambiental que desincentive la contaminación y favorezca la transición ecológica. España recauda actualmente en torno al 38% del PIB, muy lejos de la media de la eurozona, que se sitúa en el 46%. Estos ocho puntos de diferencia significan unos 90.000 millones de euros, superior a la recaudación íntegra del IVA o del IRPF. El PSOE promete avanzar hacia la convergencia con Europa en recaudación, lo que significa que los ingresos públicos deberían crecer a un ritmo superior al PIB.

En materia fiscal, se aprobará una Ley contra el Fraude para prevenir y combatir las nuevas formas de evasión, se aumentarán los activos de la Inspección de Hacienda y se luchará contra los paraísos fiscales, al tiempo que el PSOE se compromete a liderar un Pacto de Estado contra la Corrupción, con una ley integral para prevenir y combatir esa lacra que incluya la protección del denunciante. Paralelamente, fortalecerá la regulación de la actividad de los grupos de interés y establecerá un marco normativo que premie a las empresas que cuenten con planes de prevención del fraude en los procesos de licitación pública a partir de una determinada cantidad.

En el programa socialista se aborda, además, la modificación de la “regla de gasto”, una de las banderas de la política fiscal del Gobierno de Rajoy para limitar el gasto de las Administraciones Públicas. La regla de gasto es un mecanismo fiscal que introdujo el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro para controlar el equilibrio del gasto público. Este mecanismo está regulado por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y su objetivo es que el gasto de cada administración –central, autonómica y local– se ajuste a los ingresos habituales previstos, de tal forma que no se incremente cuando haya unos ingresos extraordinarios, y que si hay excedente se acumule para periodos de recesión.

La supresión o superación de la regla de gasto ha sido muy demandada por los ayuntamientos, muchos de los cuales han ido generando superávit en los últimos años. Sin embargo, el Gobierno ha utilizado este superávit para compensar el déficit de la administración central o de algunas autonomías y cumplir así como los objetivos de déficit. Los socialistas prometen adecuar la distribución actual de los recursos públicos entre los distintos niveles de la Administración y garantizar la igualdad en el acceso a los servicios públicos en todo el territorio. Asimismo, se impulsará un pacto de Estado para reformar el sistema de financiación autonómica y el sistema de financiación de las entidades locales.

Por otra parte, el PSOE se propone recuperar la renta básica de emancipación para el alquiler de vivienda por parte de jóvenes con bajos ingresos, una medida similar a la que el Gobierno de Zapatero puso en marcha en su día y también a la que recientemente ha puesto en funcionamiento la Comunidad de Madrid.

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