Torra retira los lazos, no evita la querella de la Fiscalía y cuelga una pancarta por la libertad de expresión

El presidente catalán, Quim Torra, ha colgado sobre las 15.05 horas de este viernes una nueva pancarta en el balcón del Palau de la Generalitat, con el lema "Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos". A las 12.30, había sido retirada otra a favor de "presos políticos y exiliados", con un lazo blanco y una franja roja. Torra ha preferido ahorrarse el espectáculo de la intervención de los Mossos, que tenían la orden de la Junta Electoral Central de proceder si los símbolos independentistas no eran eliminados de los edificios públicos antes de las tres de la tarde. Eso no evita, sin embargo, que la Fiscalía se querelle contra él por no haber respetado el plazo estipulado hasta en dos ocasiones por la Junta.

El ‘president’ tiene ya la coartada perfecta para no prolongar su carrera política más de lo estrictamente necesario y protagonizar una retirada heroica. Con ese fin, él también anuncia acciones judiciales. Pero, vayamos por partes.

La Fiscalía General del Estado ha remitido a la Fiscalia Superior de Catalunya toda la documentación de la Junta Electoral Central (JEC) para que estudie si ve algún delito en la actuación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, tras negarse a retirar en el plazo estipulado los lazos y carteles sobre políticos presos en los edificios públicos de la comunidad. El Ministerio Público no especifica el delito por el que se interpondrá la querella, pero el “incumplimiento consciente y reiterado” de los acuerdos de la Junta Electoral encaja en el tipo de desobediencia, que podría acarrear la inhabilitación del jefe del Govern.

El artículo 410 del Código Penal prevé para el delito de desobediencia por parte de una autoridad pública a resoluciones judiciales “multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. Se trata del delito por el que fueron inhabilitados el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega -por sentencia del TSJ de Cataluña posteriormente rebajada por el Supremo- y el exconsejero Francesc Homs, que fue juzgado en el Supremo por su condición de diputado nacional cuando se inició el proceso judicial.

Torra, mientras tanto, ha anunciado la inmediata presentación de un recurso contencioso administrativo contra la decisión de la Junta Electoral Central, que el jueves por la noche dio un plazo hasta las tres de la tarde de este viernes para suprimir lazos, pancartas y esteladas que rompan la obligada neutralidad partidista en periodo electoral. En el caso de que a esa hora la parafernalia independentista hubiera seguido decorando edificios oficiales, los Mossos habrían tenido que intervenir para retirarla. La JEC, además, acordó multar a Torra y dar traslado de los hechos a la Fiscalía, lo que se ha producido apenas unas horas después.

El recurso contencioso administrativo del ‘president’ pide la suspensión inmediata del acuerdo sobre la retirada de los símbolos de los edificios públicos pero, además, Torra se propone presentar la próxima semana una querella “por un presunto delito de prevaricación” del organismo del Estado. En un comunicado, la Generalitat considera que las resoluciones de la JEC son “manifiestamente injustas porque son arbitrarias, como se demuestra en la notificación de anoche, donde exigía al presidente hacer cosas que la Ley no le permite”.

Ningún jurista ve mucho sentido a la anunciada querella, para la que Torra probablemente esté apelando a esa legalidad paralela que sólo existe en la imaginación del independentismo. De hecho, en su argumentación para justificarla se extraña de que la JEC vea una grave vulneración de la ley en un cartel, pero no aprecie ninguna irregularidad “en que un partido político haga campaña desde el estrado del Tribunal Supremo, donde dos miembros de la propia Junta están juzgando” a diversos candidatos que se presentan a las elecciones generales y municipales. Esos candidatos son los líderes secesionistas procesados por rebelión. Y los dos magistrados que forman parte de la JEC se han abstenido en todas las decisiones que se han tomado sobre los símbolos independentistas.

En el comunicado se justifica a los Mossos asegurando el respeto a su actuación en sus funciones de “policía nacional de Cataluña” (sic) y también como “policía judicial de la justicia española”. Una vez más, por otra parte, el presidente de la Generalitat se apodera del derecho a la libertad de expresión reafirmándose en su defensa “con todas las consecuencias que deba asumir”. En línea con esa determinación, anima a “llenar los balcones” de los particulares de lazos amarillos y esteladas para responder a la prohibición de la Junta Electoral Central.

Consejeros críticos y consejeros incondicionales con reservas

En su empeño por apuntalar la irreductibilidad del independentismo, parece que a Torra no le acompañan todos sus consejeros. De hecho, los de ERC se han adelantado al ‘president’ y han retirado sus símbolos independentistas a primera hora de la mañana. Es lo que ha hecho, por ejemplo, el vicepresidente y líder ‘in pectore’ de los republicanos, Pere Aragonés, que lleva las riendas de su partido desde que Oriol Junqueras permanece en prisión y que dirige la Consejería de Economía. Justicia, Salud, Trabajo… departamentos todos ellos en manos de Esquerra han hecho lo mismo.

Entre los incondicionales está la consejera de Cultura, Laura Borrás, que antes de la retirada de los lazos había asegurado que el ‘president’ estaba “determinado” a no ceder. Borrás, que dejará su cargo el domingo para ser candidata de JxCat a las elecciones generales, ha recordado que Torra se convirtió en presidente de la Generalitat con “plena asunción de las consecuencias” en una situación que cree que es de “represión”. En cuanto a lo que iba a hacer ella en su departamento, ha jugado con dos planos para no apearse de su postura pero tampoco adentrarse en el terreno de la desobediendia. “No he dado la orden ni la voy a dar” (de retirar los símbolos), ha dicho e inmediatamente ha recordado que son los funcionarios los que colocaron esos símbolos independentistas por lo que son ellos los que podrían quitarlos para evitar la intervención de los Mossos.

“El otro día vimos que trabajadores públicos, que habían colocado los lazos, ellos mismos pusieron el lazo censurado (el blanco con la franja roja); a nosotros nos violenta usar la policía contra las instituciones, no nos sentimos cómodos y quizás no tendremos que ver estas imágenes -de Mossos actuando-“, ha afirmado. Borràs, en todo caso, ha manifestado su desacuerdo con la JEC, a la que ha tildado de “Junta Inquisitorial Central”.

RELACIONADO