Torra quita el lazo amarillo pero mantiene el pulso a la JEC colocando un símbolo alternativo

Tal y como anunció el miércoles en un comunicado, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha retirado la pancarta con el lazo amarillo que aún se encuentra desplegada en el balcón del Palau de la Generalitat, en la que además podía leerse el texto “Libertad presos políticos y exiliados”. De esta manera Torra cumple la orden dada por la Junta Electoral Central (JEC), y respaldada por el Síndic de Greuges, que determinó que hasta que pasen todas las elecciones, es decir, hasta después del 26 de mayo, no se podrá exhibir este tipo de símbolos. Sin embargo, lejos de cumplir con la ley, Torra ha utilizado una estratagema para burlarla y mantener el pulso al Estado.

Desde esta mañana, lo que cuelga en la fachada del Palau de la Generalitat es otra pancarta con un lazo blanco atravesado por una franja roja y la leyenda en apoyo de los ‘presos políticos’, que es como el independentismo se refiere a los líderes del ‘procés’ que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo. Esta nueva pancarta ya fue utilizada en las elecciones catalanas de 2017 y la Junta Electoral Central también ordenó su retirada de los edificios públicos por su carácter partidista. Junto a ella, se ha colocado un segundo cartel en la fachado del Palau en el que se reclama “libertad de expresión”.

Mientras tanto, la JEC tiene previsto reunirse este jueves para tomar una decisión sobre cómo responder al incumplimiento del plazo que este organismo dio al presidente de la Generalitat para retirar los lazos amarillos y esteladas. De hecho, Torra desatendió la pasada semana el primer plazo de 48 horas que le había dado la JEC para quitar esos símbolos por ser contrarios a la neutralidad que se exige a los poderes públicos en periodo electoral, y este martes tampoco atendió el ultimátum extra de 24 horas que se le había dado.

Este incumplimiento del presidente catalán, a quien van dirigidos los requerimientos de la Junta Electoral, puede derivar en la apertura de un procedimiento administrativo, con posibilidad de una multa que va de 300 a 3.000 euros, e incluso en una investigación judicial si el caso se remite a la Fiscalía al apreciarse un delito de desobediencia.

Hay un precedente por un hecho similar, el de la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montserrat Venturós, de la CUP, que fue condenada en 2018 a seis meses de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público y a una multa de 540 euros, la mínima atribuible a un delito de desobediencia, por haberse negado a descolgar una bandera ‘estelada’ colocada en el balcón del ayuntamiento durante las elecciones autonómicas y generales de 2015.

El Gobierno informó el martes a la Junta Electoral Central de que el Palacio de la Generalitat y ocho consejerías del Gobierno catalán continuaban exhibiendo lazos amarillos, conforme a los datos que le trasladó la Delegación del Gobierno en Cataluña que dirige Teresa Cunillera. Además, aprovechó para recordar que la JEC es competente para dar los siguientes pasos, tanto si decidiera remitir los hechos a la Fiscalía como si ordenase a las fuerzas de orden público el cumplimiento de su instrucción de retirar los lazos. En este último caso, la tarea de retirar los lazos amarillos correspondería a los Mossos D’Esquadra. De momento, la JEC ha pedido a la Delegación del Gobierno que le envíe información sobre la retirada de los lazos amarillos, adjuntando fotografías de dichos edificios representativos, antes de las cuatro de la tarde.

Todo el asunto y las posibles medidas que se adopten se estudiarán en una reunión que el supervisor electoral celebrará a partir de las cinco de la tarde de este jueves bajo la presidencia del magistrado Segundo Menéndez y en el que se abstendrán los dos jueces del Supremo que forman parte del tribunal del juicio del procés, Luciano Varela y Ana María Ferrer.

 

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