Precampaña electoral en Cataluña

La JEC ordena a los Mossos quitar los símbolos separatistas antes de las 15.00 de este viernes

Tres de tres. La Junta Electoral Central ha acordado de forma conjunta las tres medidas que tenía sobre la mesa para responder al último órdago independentista, el protagonizado por Quim Torra al cubrir la pancarta que colgaba de la fachada del Palau de la Generalitat y que exhibía un lazo amarillo y un texto de apoyo a los políticos presos con otra en la que aparece un lazo blanco cruzado por una franja roja e idéntico lema. Parece que a la JEC se le ha agotado la paciencia ante tanta argucia para burlar su autoridad y ha adoptado una respuesta más dura de lo que se esperaba.

Esas tres medidas que la JEC ha adoptado al mismo tiempo son: la administrativa, es decir, la imposición de una multa al presidente de la Generalitat de entre 300 y 3.000 euros; el inicio de la vía penal, dando traslado de los hechos a la Fiscalía para que abra un procedimiento contra Torra por el delito de desobediencia que contempla el artículo 410 del Código Penal y que prevé una pena de inhabilitación para ejercer cargo público entre seis meses y dos años, y la orden a los Mossos a través de la Consejería de Interior para que procedan a descolgar la nueva pancarta y otros símbolos de edificios oficiales. De las tres, la instancia a los Mossos es histórica en el seno de la Junta porque es la primera vez que se dirige a una fuerza de seguridad del Estado para que garantice el cumplimiento de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

De las deliberaciones de la Junta Electoral se han apartado los vocales Ana Ferrer y Luciano Varela, miembros asimismo de la sala segunda del Tribunal Supremo que está juzgando el proceso independentista, “con objeto de evitar cualquier interpretación errónea”, según una nota difundida por la propia JEC. “Se hace constar que ambos se han abstenido de participar en cuantas deliberaciones y acuerdos adopte esta Junta referidos a la Generalidad de Cataluña o las circunscripciones de esta Comunidad Autónoma”, señala el comunicado.

El plazo para que los Mossos retiren los símbolos independentistas vencerá a las tres de la tarde de este viernes. Aparte de quitar las esteladas, los lazos, las pancartas o incluso “imágenes o expresiones” similares a otras usadas por formaciones que concurren a las elecciones, la Junta pide al consejero de Interior que entre sus instrucciones figure la vigilancia de que tales símbolos no volverán a colocarse en fachadas de edificios públicos durante el periodo electoral. Se advierte asimismo de que si la retirada no se completa “estrictamente” antes del plazo dado, la Consellería de Interior podría incurrir en responsabilidades administrativas y penales. En el caso de incumplimiento del acuerdo, la Junta se dirigirá al prefecto de Policía de la Consellería para que lo ejecute. Con ese propósito, él ha sido uno de los destinatarios del contenido de lo establecido este jueves.

En cuanto a la Fiscalía, una vez que reciba el escrito de la Junta, la Fiscalía debe determinar el órgano al que compete investigar y, al ser Torra aforado y tratarse de hechos ocurridos en el territorio de Cataluña, corresponde al Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad decidir sobre el asunto, con lo que la iniciativa se trasladará a la Fiscalía Superior de Cataluña. El precedente más claro es el del expresidente Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau, condenados por el TSJ a penas de inhabilitación por desobediencia por la organización del 9N, en una sentencia posteriormente rebajada por el Supremo. En el caso de Mas, la primera condena fue de dos años y la segunda la redujo a uno. Están pendientes de juicio en el TSJ catalán los miembros de la Mesa durante el “procés”. Su caso se empezó a investigar en el Supremo dentro de la causa que se sigue por rebelión, pero finalmente se remitió al Tribunal Superior de la comunidad al estar procesados únicamente por desobediencia.

La Junta Electoral Central ha reaccionado con tanta contundencia después de dos intentos fallidos para que la Generalitat de Cataluña suprimiera simbología independentista y de exaltación del ‘procés’ de los edificios públicos. La semana pasada, Torra ignoró olímpicamente el requerimiento para quitar lazos amarillos y esteladas. Una semana después, y tras rebasar el plazo que la JEC le había vuelto a conceder, ha hecho una maniobra que es casi peor por su provocación. Torra ha optado por la tomadura de pelo al organismo electoral, al Estado y a las instituciones, incluidas las catalanas a las que representa y a las que sigue devaluando al actuar más como un activista callejero que como un cargo público. Además de tapar los lazos amarillos con otros blancos cruzados por una franja roja, ha colgado un cartel en defensa de la libertad de expresión que es una réplica del que utilizó Els Joglars en 1977 cuando se dictó un consejo de guerra contra los miembros del grupo por la obra ‘La torna’. Teniendo en cuenta que el líder del grupo es un conocido antiindependentista, Albert Boadella, la elección del cartel no deja de tener un punto de ironía.

“Apariencia de cumplimiento, burla y voluntad de desobedecer”

En su resolución, la Junta Electoral concluye que Torra no ha llegado a cumplir los acuerdos de la JEC, sino que “se ha limitado a aparentar dicho cumplimiento, al haber sustituido o superpuesto en los símbolos inicialmente instalados en los edificios públicos dependientes de la Generalitat por otros con idéntico sentido partidista, manteniendo una simbología que no resulta neutral y que vulnera el principio de neutralidad política recogido en el artículo 50.2 de la LOREG”. La JEC interpreta que la respuesta de Torra ante los ultimátums “no puede entenderse o valorarse ni tan siquiera como un intento de cumplimiento formal” pues “no tiene otra finalidad que eludir o burlar los requerimientos”. En su opinión, en la actitud de Torra se aprecia “la existencia de una voluntad de desobedecer” la orden del JEC, “llevando a cabo una apariencia de cumplimiento o formas de inejecución directa que vendrían representadas por la ejecución o permisividad de actos tendentes a burlarla abiertamente”.

El presidente de la Generalitat ha llevado al límite su desafío enviando a la Junta unas alegaciones en las que se permite solicitar la desestimación de la denuncia que en su día presentó Ciudadanos porque, según dice, sí ha cumplido lo que se le pedía. “A fecha de hoy, y tal y como solicita el acuerdo de la JEC de 11 de marzo de 2019, y como es público y notorio, no hay ‘esteladas o lazos amarillos’ en las sedes de la Generalitat de Catalunya”, dice el texto remitido por el jefe del gobierno autonómico. Mientras tanto Ciudadanos, que ha liderado desde un principio toda la campaña contra los lazos amarillos y que cree firmemente en su rentabilidad en las urnas, se ha reenganchado solicitando una copia de la autorización administrativa para colocar la nueva pancarta así como el coste de la misma.

Y todo esto en medio de la burla generalizada que ha supuesto no solo el cambio de la pancarta que pendía de la fachada del Palau de la Generalitat por otra de corte muy similar. Las administraciones catalanas se han dedicado a recurrir a todo tipo de estratagemas para dejar claro que no acatan la orden de las Junta Electoral, pero que tienen suficiente astucia para sortear sus prohibiciones y desactivar posibles sanciones. El Ayuntamiento de Port de la Selva (Girona), en Alt Empordà, ha cambiado su pancarta de apoyo a los políticos presos por otra que reclama la ‘Libertad de los peces pacíficos’ (LLibertat peixos pacifics). El Ayuntamiento de El Catllar (Tarragona) ha colocado macetas amarillas con flores amarillas en los balcones del edificio. Pegatinas con ovejas, vacas, cerdos, peras, mariposas, mariquitas… todo ello de color amarillo es lo que triunfa en la Consejería de Agricultura. Para no perder su cuota de popularidad e influencia, la ANC se ha sumado a las reacciones pidiendo llenar los balcones de Cataluña de esteladas.

En definitiva, todo vale con tal de seguir alimentando el sainete que ha devuelto el órdago independentista a todas las portadas y durante días algo que, por cierto, hace tiempo que no se conseguía. Tanto es así que el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha lamentado que la denuncia que realiza en su informe anual del año 2018 de la situación de ”emergencia social” que sufren algunos catalanes, entre otras causas por falta de vivienda, quede “tapada” por la polémica de los lazos amarillos pese a que el principal diario catalán, ‘La Vanguardia’, sí la llevaba este jueves como noticia más destacada y a cuatro columnas.

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