Las defensas del ‘procés’ se quejan de Marchena tras un testimonio letal para los acusados

Las defensas de los acusados en el juicio del ‘procés’ han presentado quejas contra la forma de dirigir el proceso del presidente del tribunal, el juez Manuel Marchena, en un doble sentido: por suplantar el jueves a las acusaciones en el interrogatorio al exmayor de los Mossos Josep Lluìs Trapero y por no permitirles exhibir vídeos al mismo tiempo que se toma declaración a los testigos. Es significativo que esta segunda queja se haya presentado cuando acaba de concluir la quinta semana del juicio con un testimonio letal para sus intereses, el de Trapero, que dejó a los pies de los caballos a los miembros del Govern de Carles Puigdemont que se sientan en el banquillo.

El abogado del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconseller Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, es quien acusa a Marchena de haber suplantado a las acusaciones, que estuvieron a punto de dejar fuera del interrogatorio a Trapero las cruciales reuniones con el Govern del 26 y el 28 de septiembre de 2017. Vox, simplemente, no lo preguntó en una endeble y errática actuación de su abogado, Javier Ortega Smith. El fiscal sí quiso hacerlo pero no pudo, en aplicación del artículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tras haber ‘olvidado’ pedir la citación del testigo. El mencionado artículo permite interrogar a las partes que no hayan pedido la comparecencia de un testigo siempre que no desborden el marco temático establecido por quien sí lo ha hecho.

Así las cosas, al final de la comparecencia de Trapero Marchena tomó la palabra para invocar otro párrafo del mencionado artículo, el que dice que “el Presidente, por sí o a excitación de cualquiera de los miembros del Tribunal, podrá dirigir a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre los que declaren”. Fue entonces cuando el presidente de la Sala preguntó al exmayor sobre detalles de la reunión del 28-S y este hizo la siguiente declaración: “Les transmitimos (a Carles Puigdemont, Oriol  Junqueras y Joaquim Forn), como cúpula del cuerpo (Trapero y otros cuatro mandos de los Mossos), la preocupación por el orden público y la seguridad. Les emplazamos a un cumplimiento de las órdenes judiciales. Les dijimos que nosotros las íbamos a cumplir, que el cuerpo de Mossos no iba a quebrar la legalidad y la Constitución. Les dejamos claro que no acompañábamos el movimiento independentista (…) y les contamos que estábamos notificados personalmente por el Tribunal Constitucional. Castellví centró el tema en que había algunas zonas en las que había unos 40 colegios en las que podía haber personas o grupo que tuvieran una actitud diferente de la que se esperaba en general (la resistencia pacífica)”. Tras este alegato, Marchena invitó a las defensas intervenir y Xavier Melero, abogado de Forn, preguntó por la reacción de los políticos. Trapero replicó que la de Puigdemont fue decirles “hagan el trabajo que tengan que hacer”.

En su escrito de protesta, Van den Eynde subraya la necesidad de preservar “la debida imparcialidad” del tribunal y denuncia que Marchena formuló una pregunta “claramente de cargo” que anteriormente había vetado al fiscal.

Por otro lado, todas las defensas se han coordinado para presentar un escrito en el que denuncian la resistencia de Marchena a permitir la exhibición de documentos videográficos que, en cualquier juicio, tienen la misión de “esclarecer los hechos y descubrir la verdad”. Recuerdan que su uso está amparado por la Constitución Española y el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y advierten de que este recurso será indispensable a partir de la semana que viene, cuando está previsto que en las tres jornadas del juicio testifiquen una veintena de agentes de la Guardia Civil. Lo cierto es que el presidente del tribunal ha avisado en varias ocasiones de que todo este material se podrá mostrar una vez haya finalizado la fase de prueba testifical en la que nos encontramos y se pase a la de prueba documental.

Pero, además, las defensas afirman que Marchena se comporta con una doble vara de medir a la hora de dirigir los interrogatorios, comportándose con una manga ancha con las acusaciones que muta en un criterio mucho más restrictivo cuando llega el turno de los letrados que representan a los acusados. Por eso, piden al presidente del tribunal que no se consideren improcedentes preguntas que pueden influir en la sentencia.