El Gobierno decide que Franco sea exhumado y enterrado en el cementerio del Pardo el 10 de junio

La fecha para que el dictador Francisco Franco sea exhumado del Valle de los Caídos y trasladado al panteón de Mingorrubio, en el cementerio de El Pardo, es el 10 de junio. Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, tras la reunión del Consejo de Ministros que ha tomado el acuerdo para cumplir así uno de los principales compromisos adquiridos por Pedro Sánchez cuando accedió a la presidencia, en cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica. La fecha elegida plantea una duda de entrada: en el caso de que para esa fecha haya un Gobierno de distinto signo político –de la derecha, obviamente- que no esté de acuerdo con el traslado, ¿podría paralizarlo? Calvo cree que no.

La vicepresidente ha hecho hincapié en que lo que está haciendo el Ejecutivo es ejecutar con este último paso la Ley de Memoria Histórica del año 2007. “Una ley propia del esfuerzo de una democracia por atender los informes de la Naciones Unidas”, ha destacado. Por lo tanto, a su juicio, “cualquier Gobierno que esté en esa fecha tendrá que hacerlo a menos que haya modificado la norma tiene. Estamos en un Estado de Derecho y solo cabe la modificación o la ejecución”.

a vicepresidenta ha descartado que se pueda producir una nueva ‘decepción’ entre los defensores de la exhumación después de los bandazos a los que se ha visto obligado el gabinete por la pugna con la familia del dictador, que se ha aferrado a todos los instrumentos a su alcance para tratar de evitar el traslado. Calvo ha negado la mayor. “Esto no ha ido para atrás y para delante”, ha asegurado y ha explicado que cuando se tomó la decisión se plantearon dos escenarios: uno en el que la familia “hubiera entendido la ley” y se hubiera hecho cargo de los restos y otro que surge precisamente porque no ha sido así, lo que ha obligado a “cumplir los plazos de los instrumentos procesales que se han ido utilizando”.

La vicepresidenta ha asegurado que la fecha se ha elegido para que esté alejada de los procesos electorales en ciernes, los comicios generales del 28 de abril y los autonómicos, municipales y europeos del 26 de mayo. El caso es que la decisión de poner fecha al entierro de los restos en el cementerio madrileño se lleva a cabo en medio de la precampaña electoral y con las Cortes disueltas por lo que a la oposición, tanto a la derecha como a la izquierda del PSOE, no le ha hecho ni pizca de gracia ya que la interpreta en clave electoralista.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, no comparte la seguridad de la vicepresidenta y cree que si su partido llega a la Moncloa, sí podrá parar la exhumación. Una vez más, coincide con Vox en sus apreciaciones, aunque el partido de extrema derecha lo expresa de una forma mucho más divertida hablando de “profanaciones” y de una especie de pulso entre el Gobierno y el Tribunal Supremo.

Al margen del debate político, podría haber un escollo judicial para el cumplimiento del acuerdo del Gobierno. Y es que el Tribunal Supremo podría suspender cautelarmente la exhumación. El Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero dio un plazo de 15 días hábiles a la familia Franco para que señalase un lugar alternativo a la cripta de la catedral de la Almudena, donde tiene comprometida una sepultura a perpetuidad, para inhumar los restos. El Gobierno tiene claro que no va a sustituir el emplazamiento en el Valle de los Caídos por otro lugar de “exaltación” del franquismo en pleno casco histórico de Madrid con los problemas de orden público que conllevaría. Los nietos de Franco contestaron el 7 de marzo sin ofrecer una opción distinta y anunciando un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo, que ya han presentado y en el que solicitan la suspensión del procedimiento. Los magistrados aún no han resuelto si aceptarán o no esas medidas cautelares.

Calvo ha dejado claro que el Gobierno estará a lo que digan los órganos judiciales: “Somos el Gobierno de España y no estamos en lo que haga o no haga el poder judicial” sino que “estamos al acatamiento de sus resoluciones”. Además, ha argumentado que, una vez expirados los sucesivos plazos que han tenido los familiares para recurrir la decisión y disponer sobre el destino de los restos mortales del dictador, el Gobierno ha elegido un “destino alternativo compatible” con la garantía del orden público y la seguridad ciudadana, puesto que se trata de un lugar de “titularidad estatal”. Y ha insistido: el próximo 10 de junio “se concluirá con el procedimiento” de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, cumpliendo con el Acuerdo del Consejo de Ministros del 31 de agosto de 2018, por el que se inició el procedimiento administrativo.

Por otro lado, hay que recordar que un juzgado de Madrid suspendió cautelarmente el 27 de febrero la licencia urbanística para la exhumación por considerar que levantar una losa de granito de 2.000 kilos de la tumba podía poner en peligro a los operarios. Calvo ha considerado que esto no afecta al proceso porque los juzgados contenciosos administrativos “no son competentes para resolver sobre los acuerdos del Consejo de Ministros”.

Sobre el acceso a la Basílica, que el prior del Valle de los Caídos ha negado reiteradamente el Gobierno, la vicepresidenta ha recordado cómo se ha dado cuenta públicamente de la postura de la Iglesia católica afirmando que no se opondrá a la exhumación. “Además -ha añadido Calvo- dice en su pronunciamiento formal que acatará la decisión que tome la autoridad competente que en este caso es el Consejo de Ministros”.

En cuanto al futuro que le aguarda al Valle de los Caídos, la vicepresidenta ha recordado que el grupo de expertos que trabajó sobre este asunto en el 2011 dijo que “lo urgente era exhumar los restos del dictador porque allí solo tienen que estar los restos de las personas de uno y otro bando que fueron víctimas de la guerra civil”. Ha añadido que “el Valle de los Caídos ha de ser un lugar de memoria, reposo y respeto sin la perturbación que supone que estén allí los restos de Franco. Ese es el objetivo fundamental. Esa es la directriz que el grupo de trabajo le dio al Gobierno”.

La exhumación y posterior inhumación de los restos se producirá “sin comunicación ni convocatoria pública”, adoptando las medidas necesarias para evitar el uso de medios de captación y reproducción de imagen y sonido, ya que el fin es poder “preservar la intimidad” de la participación de la familia y “de los restos del dictador”. “Se trata de unos restos humanos y no pueden estar sometidos a otro tratamiento que no sea el respeto y el decoro”, ha remachado la vicepresidenta tras invitar a la familia a que esté presente si así lo desea, e incluso realice una “breve e íntima ceremonia de acuerdo con sus preferencias religiosas”.

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