Trapero desvela que los Mossos tenían previsto detener a Puigdemont y su Govern tras la DUI

El exmayor Josep Lluìs Trapero ha admitido su incomodidad con la deriva política del ‘procés’, ha llamado “irresponsable” al exconsejero de Interior Joaquim Forn, que se sienta en el banquillo de los acusados del juicio del ‘procés’, ha asegurado que alertó a Puigdemont de que el 1-O “había riesgos para la seguridad y el orden público” y ha hecho una revelación impactante: tras la Declaración Unilateral de Independencia se ofreció a la justicia para detener al entonces ‘president’ y a sus consejeros. Trapero, pese a estar procesado por la Audiencia Nacional por rebelión, ha renunciado a su derecho a no declarar para defenderse de las acusaciones de pasividad y complicidad con el independentismo que se han lanzado contra los Mossos y contra él, en su condición de mayor del cuerpo policial.

El exmayor de los Mossos ha admitido su “incomodidad” cuando el fiscal Javier Zaragoza se ha referido al relevo en la Consejería de Interior que se produjo el 14 de julio de 2017, a raíz de que Puigdemont cesara a tres de sus consejeros, todos ellos del PDeCAT, que habían expresado dudas respecto al ‘procés’ y al referéndum. Entre ellos estaba el predecesor de Forn en la Consejería de Inteior, Jordi Jané,  y cuando el fiscal le ha preguntado si tuvo alguna explicación suya de las razones que habían motivado su sustitución, Trapero ha hecho la siguiente reflexión: “Yo pienso que por la deriva política. Llegó el momento en que no quería correr riesgo y que estaba incómodo. Estábamos incómodos los dos”.

En cuanto a Forn, Zaragoza ha querido saber si trasladó sus “intenciones” sobre el 1 de octubre. Trapero ha empezado afirmando que el Consejero respetó la decisión de los Mossos de cumplir las órdenes de la justicia pero ha admitido que algunas declaraciones de Forn “sentaron mal”. A lo que ha añadido: “Pienso que había un punto de irresponsabilidad, pero él es un político y el cuerpo tiene la fuerza que tiene”. Se estaba refiriendo a las declaraciones que hizo el consejero nada más tomar las riendas de su departamento y tras su primera reunión con los mandos policiales. Fue en torno al 20 de julio de 2017 y lanzó dos ideas contradictorias. Por una parte, afirmó que los Mossos estaban para hacer cumplir la ley. Pero, al mismo tiempo, dijo que el cuerpo autonómico estaba para permitir que la gente pudiera ejercer su derecho al voto y que por tanto garantizaría que el 1 de octubre la ciudadanía pudiera votar “con seguridad y libertad”.

Más adelante, en respuesta al interrogatorio del abogado de Forn, Xavier Melero, el testigo ha insistido en que el malestar que causaron las declaraciones del consejero se debió a que “confundían respecto al papel de los Mossos”. A lo que ha añadido: “Dio una imagen que creo que estamos pagando y no se adecúa a la realidad”. Ante las repreguntas del letrado, Trapero ha admitido que muchas de las críticas a Forn procedieron de los sindicatos del cuerpo. Y, sobre si hubo un reproche a la inversa, es decir, de Forn hacia los Mossos, ha respondido: “No en absoluto, nunca”.

Trapero ha reconocido que envió a Forn un informe elaborado por la Comisaría General de Información alertando de que una actuación policial el 1-O podría provocar choques con sectores radicales del independentismo. La impresión era que, en general, se produciría una resistencia pasiva pero sin excluir la posibilidad de que algunos grupos, entre ellos los CDR, pudieran protagonizar una escalada de violencia. En la reunión del día 28 se expuso que “nos íbamos a encontrar a dos millones de personas con intención de hacer algo y a 15.000 agentes dispuestos a lo contrario”, ha detallado el exmayor cuando el fiscal ha tratado de colar una pregunta sobre esa reunión pese a que el tribunal ha excluido el tema de su interrogatorio.

El motivo de esa exclusión es que, según el artículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las partes que no hayan solicitado la comparecencia del testigo -y la Fiscalía no solicitó que declarara Trapero al estar procesado por la Audiencia Nacional- no pueden desbordar el marco de las preguntas que formulen las partes que sí lo han hecho. Y Vox, que sí pidió que testificara el exmayor y que ha preguntado antes que el fiscal, ha ‘olvidado’ interesarse por las reuniones clave del 26 y el 28 de septiembre. Esas son las ocasiones en las que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Joaquim Forn escucharon a mandos de los Mossos, que ya han testificado que alertaron sobre la violencia que podría desencadenarse si se mantenía la convocatoria del referéndum. Es más, esos mandos policiales pidieron al entonces ‘president’ que lo desconvocara.

“Le dijimos a Puigdemont que el 1-O iba a provocar necesariamente problemas de orden público y seguridad ciudadana. (…) Eso es así. El sentido común lo decía y lo avalaban los informes”, ha respondido Trapero, a quien obviamente le hubiera gustado exentderse sobre un asunto que es exculpatorio para él, antes de que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, frenara la estratagema del fiscal ante una protesta de las defensas. “El fiscal sale por la puerta y entra por la ventana”, se ha quejado Xavier Melero.

Melero, que en su turno sí ha podido preguntar por la reunión por haber sido uno de los que solicitaron el testimonio del exmayor, ha querido saber si hubo algún cambio de criterio o modificación por parte de los responsables políticos. Trapero ha respondido con un lacónico “no” y ante otra pregunta sobre si se produjo alguna sugerencia para adoptar la pauta de la preservación de la paz pública y la proporcionalidad, se ha extendido un poco más: “No nos dieron ninguna pauta. Nos dijeron hagan ustedes su trabajo”. Antes de este letrado, la abogada del Estado ha querido saber si Forn adoptó alguna medida para minimizar los riesgos de los que le habían alertado. “Que yo conozca, no”, ha asegurado el testigo.

Los Mossos, a disposición de la justicia el 1-O y el 27-O

Sobre el papel de los Mossos durante la jornada del referéndum ilegal, Trapero ha defendido que “cumplieron el mandato judicial. Tanto como pudimos”. La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Mercedes Armas emplazó a los mandos de los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil a actuar “con paciencia, contención y garantizando en todo momento la paz social” al impedir el referéndum del 1-O. Para Trapero, esos conceptos no eran excluyentes sino complementarios, no existía una “prioridad” entre la orden de impedir el referéndum y la preservación de la convivencia, sino “una forma de hacer las cosas, de cumplirlo. No es una cosa o la otra, no es garantizar la paz social o cumplir el mandamiento”.

El hecho de que su actuación se rigiera por el principio de un uso limitado y “cuidadoso” de la fuerza, encaminado a repeler ataques o daños a agentes o a un tercero, provocó un enfrentamiento con el coordinador del dispositivo para el 1-O, Diego Pérez de los Cobos. “De los Cobos dijo que no podía ser una excusa la limitación del uso de la fuerza, para favorecer la votación. Me pareció ofensivo”, ha dicho y ha admitido que tuvo conocimiento de un “enfrentamiento” entre agentes de los Mossos y de las Fuerzas de Seguridad, pero ha negado tajantemente que la policía autonómica realizara seguimientos a los otros cuerpos policiales que participaron ese dispositivo. Trapero ha sido muy crítico con Pérez de los Cobos, con quien no se entendió desde un principio, y a quien ha reprochado la “quiebra” de la coordinación que constató el mismo 1 de octubre cuando su número dos, Ferran López, que era quien acudía a las reuniones con el cargo nombrado por el Gobierno central, le comunicó que se había suspendido una reunión a la que había sido convocado. A partir de entonces, no hubo más reuniones.

Pero la galopada independentista no acabó el 1-O. Después, llegó el 27 de octubre y la Declaración Unilateral de Independencia y Trapero, asegún ha revelado él mismo, se puso a disposición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de la Fiscalía para detener al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a sus consejeros. Según su relato, entre las 13.30 y las 14.00 de la tarde en que el Parlament aprobó la “declaración esta” (sic) llamó por teléfono al presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, y al entonces fiscal superior de Cataluña, el fallecido José María Romero de Tejada.

En esas conversaciones, ha añadido, les comunicó que “el cuerpo está a disposición de la Fiscalía y del órgano judicial”, tras haber tenido conocimiento de que el Parlament había aprobado la declaración de independencia, una resolución que los miembros del Govern procesados han rebajado durante el juicio a mera resolución de carácter simbólico, sin efecto jurídico alguno. En ese sentido, ha apuntado que los Mossos se ofrecieron a llevar a cabo las acciones que ordenaran los órganos judiciales, que el cuerpo tenía previstas desde hacía dos días y que, ante la insistencia de Melero, ha concretado que eran la detención de Puigdemont y sus consellers.

Trapero ha querido desmarcarse en todo momento de Puigdemont y del Govern. “No acompañamos el proyecto independentista”, ha afirmado que le dijo al presidente de la Generalitat en la famosa reunión del 28 de septiembre, sobre la que por fin ha podido explayarse al final de su comparecencia cuando Marchena, haciendo uso de sus atribuciones como presidente del tribunal, le ha preguntado sobre los detalles. Esa reunión se celebró a instancias del propio Trapero, después de que él mismo y los comisarios Joan Carles Molinero y Ferrán López salieran insatisfechos de la que tuvo lugar el día 26. En la del 28 estuvieron los tres, así como Manel Castellví y Emili Quevedo, el exjefe de la comisaría general de Información de los Mossos y el responsable del operativo de la policía autonómica para el 1-O. Del lado de los políticos asistieron Puigdemont, Forn y Junqueras. A Trapero le hubiera gustado que estuviera también Carme Forcadell porque los asuntos que iba a tratar tenían un recorrido más allá del referéndum ilegal. Pero la entonces presidenta del Parlament no participó.

En el encuentro, ha proseguido el testigo, “les transmitimos, como cúpula del cuerpo, la preocupación por el orden público y la seguridad. Les emplazamos a un cumplimiento de las órdenes judiciales. Les dijimos que nosotros las íbamos a cumplir, que el cuerpo de Mossos no iba a quebrar la legalidad y la Constitución. Les dejamos claro que no acompañábamos el movimiento independentista (…) y les contamos que estábamos notificados personalmente por el Tribunal Constitucional. Castellví centró el tema en que había algunas zonas en las que había unos 40 colegios en las que podía haber personas o grupo que tuvieran una actitud diferente de la que se esperaba en general (la resistencia pacífica)”. Marchena ha invitado a las defensas intervenir y Melero ha preguntado por la reacción de los políticos. Trapero ha replicado que la de Puigdemont fue decirles “hagan el trabajo que tengan que hacer”.

‘Me impliqué personalmente para garantizar la seguridad de la comitiva’

El exmayor ha empezado respondiendo a preguntas de la acusación popular que ejerce Vox y ha rechazado la idea de que los Mossos no tuvieran capacidad para gestionar las concentraciones del 20 de septiembre, cuando se produjo el asedio a la Consejería de Economía durante el registro de la Guardia Civil

Ese día se produjo un momento de especial tensión cuando la comitiva judicial que efectuaba el registro se vio atrapada en la sede de la Consejería y sin posibilidad de abandonarla por la multitud que se había congregado en el exterior para protestar. Trapero ha asegurado que se implicó “personalmente” y “más” que en otro caso en garantizar que la comisión judicial saliese tras recibir una llamada del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Trapero, acusado en la Audiencia Nacional de rebelión por la vertiente policial del “procés”, ha ofrecido una versión muy distinta a la de la secretaria judicial, Montse del Toro, que declaró como testigo en el juicio la semana pasada.

“¿Existía un riesgo para que hubiera podido salir por la puerta?”, le ha preguntado  el abogado de Vox, Javier Ortega-Smith y el exmayor lo ha rechazado con esta explicación: “Nosotros montamos un dispositivo, un cordón policial de la Brigada Móvil (los antidisturbios de los Mossos) -ha dicho- Preparamos el dispositivo de salida para que dentro de esa cápsula pudieran salir las personas de la comisión…”. A su juicio, los mandos de los Mossos con él a la cabeza no consideraron en ningún momento que ese cordón fuera inseguro. Pero las dudas de la secretaria judicial y la posterior llamada del juez obligaron a buscar una salida alternativa, la de la azotea del teatro situado justo al lado de la Consejería, porque al dejar correr el tiempo y probablemente debido a algún “malentendido” se desmontó ese cordón policial y no era cuestión de retrasar más el desenlace montando otro.

Trapero ha explicado las llamadas que mantuvo el 20-S con el exconseller del Interior Joaquim Forn, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos y el fiscal superior de Cataluña José María Romero de Tejada, ya fallecido, entre otros. La de Barrientos, una de las últimas llamadas que ha explicado el mayor, fue precisamente la que “hacía referencia a garantizar” la salida de la comitiva judicial que estaba registrando el edificio y que salió de él pasada la medianoche. “Él está viendo las imágenes y me dice: ‘Mayor, estoy preocupado por las imágenes que estamos viendo’”, ha señalado Trapero, que ha admitido que esa llamada le hizo implicarse “personalmente”, incluso “más” de lo que lo hubiese hecho en otra concentración con características habituales.

El mayor también ha relatado que el exconseller Forn (acusado de rebelión en este juicio) le llamó por la mañana aquel día comunicándole que Jordi Sànchez se pondría en contacto con él “para intentar mediar” en relación a la concentración que ya se estaba aglutinando. Después le llamó Sànchez, con quien mantuvo “unas cuantas llamadas”, y a quien le pidió que desde la ANC ayudasen a hacer “un cordón de voluntarios”, pero “con la idea” de que fuese un “cordón previo al que debía ser un cordón policial” por el que debían pasar los detenidos que debían entrar al registro de la Conselleria, algo que al final no se produjo.

La violencia del 20-S: ‘Alguna botella, algún empujón y lo de los coches’

El 20-S es una fecha clave del ‘procés’ porque es ahí donde la Fiscalía y las acusaciones sitúan el origen de la violencia por la que acusan de rebelión a los procesados. Según Trapero, lo que hubo fue algún lanzamiento contra los Mossos, “algún empujón” y “evidentemente” lo ocurrido con los coches de la Guardia Civil. En concreto, el mayor, que siguió la jornada desde el centro de coordinación (CECOR), ha indicado que fue informado del lanzamiento de una botella de agua a dos agentes de mediación de los Mossos a los que confundieron con guardias civiles en las inmediaciones del teatro Coliseum.

También pudo apreciar desde la imagen tomada por el helicóptero que cuando los Mossos montaron el cordón a través del que pretendían que saliera la comisión judicial, entre las 22 y las 22.30 horas, un grupo de personas, en la esquina de Gran Vía con la Rambla de Catalunya, se saltó el cordón de voluntarios y se puso delante de la Brigada Móvil (Brimo). “Y, evidentemente, lo de los coches”, ha añadido en la única mención que ha hecho en la primera parte de su testifical al destrozo de los vehículos de la Guardia Civil aparcados frente al edificio.

Trapero ha admitido que en Cataluña había un clima de “tensión social” al producirse “incidentes en manifestaciones, concentraciones, personas que hacían escraches…” Esta afirmación se ha producido en el marco de la explicación sobre los motivos por los que se montó el dispositivo ‘Ágora’ de cara al 1-O y ha añadido: “Cataluña está en un momento de conflictividad. Hay movimientos sociales que apuntan en una dirección, otros en otra… Es para tener un control más directo”. Eso sí, ha negado que Ágora tuviera como objetivo el “facilitar” la celebración del referéndum ilegal, tal y como ha planteado el letrado de Vox en su pregunta.

El exmayor ha detallado también las causas de su oposición al coordinador del dispositivo para el 1-O, Diego Pérez de los Cobos. Se opuso a él, ha relatado, porque era un mando “político” y no “operativo”. Además, ha considerado que “el cuerpo de Mossos pasaba a estar a las órdenes de quienes no eran sus mandos naturales”. No obstante, ha precisado  que se respetó la decisión de la Fiscalía: “Una cosa es expresar que sobre una decisión pensaba que no era la persona oportuna, que no venía del mundo operativo… y otra muy diferente es no aceptar una orden de la Fiscalía, y eso no se dio en ningún momento”. Tanto es así, que el testigo ha negado con un rotundo “en absoluto” la existencia de un supuesto correo elecrónico enviado por Trapero al entonces consejero Joaquim Forn el 25 de septiembre de 2017, en el que siempre según Ortega Smith el mayor habría indicado que tenían que tomar “medidas” para “contrarrestar” las instrucciones de la Fiscalía.

En cuanto al dispositivo específico de los Mossos, Trapero ha recordado que los efectivos necesarios para garantizar la instrucción de la Fiscalía para evitar el 1-O se cuantificaron en 40.000. “Esa instrucción, sin embargo, nunca llegó a cumplirse porque, el 27 de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) asumió el caso y ordenó impedir el referéndum de una forma distinta”, ha recordado y ha explicado que “evitar el 1 de octubre se puede hacer de muchas maneras. La instrucción (de la Fiscalía) y la orden (del TSJC) apuntaban a cosas diferentes. La Fiscalía hablaba de un cerco de 100 metros alrededor de los colegios electorales con policías. El TSJC no contemplaba ese mismo escenario”.

El material incautado por la policía autonómica catalana fue el siguiente: “432 urnas, 90.000 papeletas, 70.000 sobres, cuatro ordenadores, un teléfono móvil y documentación, alguna de ella de interés, porque explicaba bastantes cosas de cómo funcionaba ese proceso”. El abogado de Vox ha tenido especial interés en saber cuántos colegios fueron desalojados por los Mossos mediante “el uso legítimo de la fuerza”. Los datos aportados por Trapero es que se cerraron 139 colegios durante el día. “De ellos 24 no llegaron a abrir por la acción de la primera patrulla, y luego hubo un centenar de actuaciones de ARRO (los agentes antidisturbios) que en algunos caso convencían o lograban sacar a la gente, o se ponían delante de la puerta para que no votara nadie más”. El testigo ha negado tajantemente que se modificaran las actas con posterioridad: “Las 11.000 actas originales están depositadas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña”.

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