El fiscal pide imputar por falso testimonio a un testigo relacionado con la malversación en el 1-O

La Fiscalía ha pedido este miércoles al tribunal que juzga el proceso independentista en Cataluña que deduzca testimonio de la declaración como La Fiscalía ha pedido que se deduzca falso testimonio al responsable de Difusión de Presidencia, Jaume Mestre, por responder evasivamente y con constantes "no recuerdo" en su interrogatorio, en el que no ha precisado si la Generalitat debía pagar los anuncios de publicidad del 1-O, pese a estar facturados. Mestre, que ha comparecido como testigo a petición de la Fiscalía, fue el encargado de Difusión de Presidencia durante el 1-O y aunque fue cesado tras la aplicación del 155, ahora ha vuelto a desempeñar el mismo puesto en el Govern de Quim Torra.

El testigo ha abordado el interrogatorio nervioso, con evasivas y sin recordar nada en la mayoría de las preguntas que le formulaba el fiscal Jaime Moreno relacionadas directamente con su trabajo, hasta el punto de que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, se ha visto forzado a intervenir para advertirle de que podía incurrir en un delito de falso testimonio a la vista de sus respuestas. “El tribunal no ha valorado su testimonio, pero lo que es evidente es que hay algunas preguntas que usted está eludiendo”, ha explicado Marchena, que ha recordado que el falso testimonio se aplica no solo al que miente abiertamente sino también a quien responde “con inexactitudes o respuestas evasivas”.

Marchena ha intervenido cuando el fiscal estaba preguntando al testigo por la campaña de publicidad del anuncio de las vías del tren para el referéndum que, tras la renuncia de dos empresas a realizarlo, fue encomendado por Presidencia de la Generalitat a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). Este organismo emitió dos facturas de 93.000 euros y 180.000 euros a la Consellería de Presidencia -claves para justificar el delito de malversación- que el exconseller Jordi Turull aseguró que su departamento no tenía que pagar por estar dentro de un contrato marco, pese a que la presidenta del ente público, Núria Llorach, las reclamó sin llegar a denunciar judicialmente a la Generalitat. Llorach está investigada por el juzgado número 13 de Barcelona.

El anuncio de las vías con el que la Generalitat llamaba a participar en la votación solo fue emitido por TV3, Catalunya Ràdio y medios privados afines al soberanismo. Los grandes medios con sede en Barcelona se negaron a publicarlo. Los 277.804 euros que costó forman parte de los más de tres millones de euros presuntamente malversados por parte del Govern para el referéndum, según la Guardia Civil, el juzgado de instrucción 13 de Barcelona y el Tribunal Supremo.

El momento clave se ha producido cuando Mestre ha dicho desconocer si Presidencia acudió a la corporación para emitir estos anuncios tras la renuncia previa de las dos empresas a las que se había recurrido inicialmente. “No lo sé”, ha dicho. Y acto seguido ha negado que tratara con Llorach para gestionar esta campaña en el ente público, pese a que ella mismo le señaló en la fase de instrucción como el contacto de la Generalitat con el que trató para la emisión. “No, lo niego”, ha respondido el testigo.

Al ser preguntado por las facturas, ha señalado: “Oí que estaban estas facturas, pero no lo sé. Nunca las he visto, no me acuerdo”, por lo que el fiscal le ha pedido que precisara si eran de pago o no. Mestre ha insistido en su respuesta favorita –“no lo sé”- tanto a la pregunta sobre si se cobraron los trabajos, que sí ha admitido que se prestaron, como a otra sobre si la Corporación había reclamado el dinero.

Mestre también ha respondido con evasivas respecto de la campaña de cartelería encargada a tres imprentas, Artyplan, Global Solutions y Marc Martí. “Nada, no sé nada”, ha asegurado. Ha sido en ese momento cuando el fiscal, al dar por finalizado su interrogatorio, ha pedido que se deduzca falso testimonio al juzgado de guardia, castigado con hasta dos años de prisión, a lo que Marchena ha respondido que el tribunal no puede valorar ahora si ha dicho la verdad o no, pero que lo hará cuando dicte la sentencia.

Previamente Mestre, que participó en las campañas de publicidad de ‘Civisme’ y de Acción Exterior, ha señalado que la Generalitat encargó trabajos relacionados con “difusión de valores democráticos” a varias empresas pero que ninguno se pagó “por órdenes de arriba”, si bien todos ellos se prestaron. Así sucedió en el caso de Estudi Dada que emitió una factura por un trabajo de 10.820 euros. “El trabajo fue hecho, pero nos comentaron que esta factura no se podía pagar”, ha señalado.

Lo mismo puede aplicarse a Nothingad Comunicación, que emitió una factura de 80.440 euros a la Generalitat, que no ha cobrado, por insertar en medios de internet anuncios sobre la campaña del registro de catalanes en el exterior. “Puede ser”, ha considerado Mestre, que esa empresa haya renunciado a reclamar esa cantidad, si bien ha reconocido que no es habitual que los proveedores condonen facturas de estos importes. Igualmente, ha dicho que no se pagó a Focus Media, que es la única de los proveedores que todavía reclama a la Generalitat el abono de los trabajos, es decir, la compra de los espacios publicitarios en prensa escrita por un total de 130.000 euros.

RELACIONADO