Zaplana ocultó en el extranjero 20 millones de euros con la ayuda de su red de testaferros

El levantamiento del secreto de otra parte del sumario del caso Erial, en el que se investiga delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos, ha elevado a 20 millones de euros la cantidad que Eduardo Zaplana ocultó presuntamente en el extranjero con ayuda de su red de testaferros. El sumario deja patente además el gusto del exministro por las inversiones inmobiliarias, los coches de alta gama y los relojes de lujo y ha revelado nuevos imputados, como una de sus hijas y el marido de ésta y la exdiputada Elvira Suanzes.

El grueso del dinero escondido en Andorra, 5,96 millones, fue depositado en la Banca Privada d’Andorra mediante ingresos en efectivo entre los años 2004 y 2007, cuando Zaplana era diputado en el Congreso.

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha levantado el secreto de otra parte del sumario, después del realizado el pasado 8 de febrero, por lo que ahora se puede conocer hasta el tomo 17 de esta causa, que ocupa algo más de ocho mil folios.

En el caso Erial se investiga el presunto cobro de 10,5 millones en comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana. Según El País, el resto del dinero procedería de comisiones por adjudicaciones de contratos públicos que todavía no han salido a la luz y que formarían parte del caso Erial que permanece bajo secreto.

Zaplana, que está en libertad provisional tras más de ocho meses en prisión, junto a otros procesados se enfrenta también a los delitos de tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y pertenencia a un grupo criminal.

Además de Zaplana, los investigados conocidos hasta ahora eran el abogado Francisco Grau, el exdirectivo de Terra Mítica Joaquín Barceló, el ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts Juan Cotino; la mujer de Zaplana, Rosa Barceló, y la secretaria personal del expresident, Mitsuko Henríquez.

A todos ellos hay que añadir, según consta en el sumario al que ha tenido acceso EFE, la exdiputada del PP en Les Corts Valencianes Elvira Suanzes por su presunta participación en el blanqueo de fondos ilícitos obtenidos por Zaplana.

Otros dos nuevos investigados son María Zaplana, hija del expresident de la Generalitat Valenciana y exministro, y su marido, Luis Iglesias, pues la jueza mantiene sospechas sobre los pagos de un piso ubicado en la céntrica calle de Pascual y Genís de la capital valenciana, donde fue detenido Eduardo Zaplana en mayo del año pasado, cuya contratación, al parecer, efectuó María Zaplana.

Además, María y su hermana Rosa, sin que tuvieran recursos propios para ello, compraron varias propiedades inmobiliarias de lujo y vehículos de alta gama gracias a donaciones efectuadas por sus padres (por importe global de 580.000 euros) y a las aportaciones que recibieron desde cuentas manejadas por supuestos testaferros.

La confesión de su testaferro en Uruguay

Fernando Belhot, asesor financiero o fiduciario en Uruguay del expresidente de la Generalitat declaró este pasado mes de enero como testigo a través de videoconferencia desde su país, dentro de la investigación por el caso Erial, y admitió haber administrado unos ocho millones de euros ingresados en distintas etapas y haber entregado al exjefe del Consell unos 2,3 millones a largo de los siete años de “colaboración” mantenida con él, la mayoría de ellos entre 2016 y 2017.

Así consta en el sumario del caso Erial, que incluye un escrito de Fiscalía Anticorrupción sobre esta declaración en la que se indica que Belhot mostró su interés en colaborar para esclarecer los hechos y firmó un documento en el que manifestó que gestionó como abogado parte del patrimonio de Zaplana en el extranjero a través de los investigados Joaquín Miguel Barceló (considerado su presunto testaferro) y Francisco Grau (asesor).

El fiduciario se mostró dispuesto a poner a disposición de las autoridades españolas 6,7 millones de euros ocultos en el extranjero y señalar los 3,3 millones distribuidos en diferentes propiedades. La magistrada instructora del caso Erial dejó en libertad a Zaplana y a sus dos presuntos testaferros una vez aseguró esa cantidad de dinero que tenían en el extranjero –con su bloqueo, lo que minimizaba el riesgo de fuga–.

En su declaración, Belhot explicó que conoció a Zaplana en 2009 y que le pareció una persona interesante con “contactos a nivel internacional” y que le habló tanto de Barceló como de Grau. Comentaron que este último había montado una estructura societaria en España y Luxemburgo llamada Imison Internacional, de la que hubo posteriormente un traspaso a dos sociedades uruguayas, Disfey y Misfey. Ese traspaso lo decidió Zaplana, sobre quien Belhot dijo que llegó a darse cuenta con el tiempo de que era la figura “protagónica”.

De hecho, le acabó preguntando directamente si tenía algo que ver con las empresas y él le reconoció que tenía “la mayoría”, mientras que los otros dos solo “una pequeña cantidad” y que no había querido aparecer como titular de los activos financieros porque “había sido una persona con actividad pública muy importante, presidente de la Comunidad Valenciana, miembro del PP, era empresario de éxito, con un patrimonio personal y familiar importante y que no quería exponerlo públicamente y por eso no quería comparecer”.

Belhot cree que Barceló era el testaferro de Zaplana y que tenía una sociedad panameña llamada Adua con activos en la Banca Privada de Andorra (BPA), en los que le habían hecho “una gestión espantosa” y había invertido un 60% en un banco griego que quebró. Además le pidió que certificara el origen del dinero que tenía en esa entidad y que había traspasado a la sociedad Vasley, del despacho del testigo.

Fue Zaplana también quien le instó a que hablara con el abogado Saturnino Suanzes, con quien se reunió en Barcelona, y que le pidió que si esa sociedad podía emitir un documento que aclarara que Barceló no tenía relación con esa empresa, aunque él lo vio muy difícil por la “histeria colectiva” que había en ese momento por los conocidos como papeles de Panamá.

El testigo explicó que comenzó a administrar 7.955.000 euros ingresados en distintas etapas, parte en una cuenta en Suiza y con inversiones en distintos activos financieros. Asimismo, daba “puntual” noticia a Zaplana –con quien todos los acuerdos fueron verbales– y hablaba con él unas tres o cuatro veces al año. La rendición de cuentas era “verbal” porque el exministro “nunca quiso tener constancia por escrito”.

Según su declaración, el 90% del dinero que le envió a Zaplana lo recibió en Madrid su secretaria (investigada en la causa), a quien se lo entregaba “algún contacto con el exterior, o incluso algún amigo o chofer”. A lo largo de los siete años de colaboración calcula que le hizo llegar 2,3 millones de euros, principalmente entre 2016 y 2017 y recibiendo con posterioridad de Zaplana una llamada diciendo que “todo había sido conforme”.

El gusto por el lujo de Zaplana

A Eduardo Zaplana se le intervinieron en su domicilio 18.000 euros en metálico, así como coches de lujo como un Audi Q7 y un Audi Q3, del que es titular su mujer, Rosa Barceló, también investigada en la causa. También se encontró una caja con una treintena de relojes de pulsera, de marcas como Bulgari, Breitling, Hublot o Rolex.

Además se halló una caja metálica con dinero, concretamente 272 billetes de 50 euros, 30 billetes de 100 euros y dos billetes de 200 euros, a los que se suman 20 billetes de 50 euros encontrados en su despacho.

El sumario da cuenta también de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil localizaron un documento en el interior del maletín personal de Eduardo Zaplana en el que se recogía, de forma esquemática, el proceso utilizado para recuperar parte de los supuestos sobornos tras la privatización de las ITV.

Este documento, según el criterio de los investigadores, describe la constitución de sociedades a través de las cuales se repatriaron las supuestas mordidas cobradas a firmas adjudicatarias de la gestión de las ITV y cómo se deriva ese capital para la realización de inversiones inmobiliarias en la costa de Alicante.