Puigdemont promete volver pero sin acatar la Constitución en el Congreso no será eurodiputado

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este martes que piensa volver a Cataluña con la "inmunidad" de la que, según ha subrayado, gozará si consigue el acta de eurodiputado presentándose como cabeza de lista de JxCat en las elecciones del 26 de mayo. En sus declaraciones, no obstante, Puigdemont olvida que al concurrir a las elecciones por una circunscripción que es España, debe atenerse a lo que dice la legislación del país para adquirir la plena condición de eurodiputado y ahí chocaría con algunos inconvenientes para alcanzar su objetivo.

Puigdemont ha esgrimido, en declaraciones a Rac1, que no hay impedimento para poder tomar posesión del acta de eurodiputado ante la Junta Electoral, ya que, en su opinión, “no necesariamente” debe personarse “físicamente” allí. Y es en este punto donde se produce la falla. Según la Ley del Régimen Electoral General, eso no es así. El artículo 224.2 de la mencionada ley dice lo siguiente:

En el plazo de cinco días desde su proclamación, los candidatos electos deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución ante la Junta Electoral Central. Transcurrido dicho plazo, la Junta Electoral Central declarará vacantes los escaños correspondientes a los Diputados del Parlamento Europeo que no hubieran acatado la Constitución y suspendidas todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razón de su cargo, todo ello hasta que se produzca dicho acatamiento”.

Es decir, si el juramento o acatamiento de la Constitución ha de producirse ‘ante’ la JEC, significa que se requiere la presencia física del eurodiputado electo.

La norma deja claro, por otra parte, que “la Junta Electoral competente en las elecciones de Diputados al Parlamento Europeo es la Junta Electoral Central (art. 221)”. Eso significa, además que es la JEC quien debe comunicar al Parlamento Europeo si los electos para sentarse en la Eurocámara han cumplimentado o no todos los trámites para poder hacerlo. La aplicación de la inmunidad, por lo tanto, se haría efectiva en el momento en que se formalizara el trámite en España y no antes. Pero sobre este punto hay opiniones discrepantes. Esas opiniones apuntan que en el plazo de cinco días que contempla la Ley Electoral desde la proclamación de los resultados de las elecciones hasta que se formaliza el trámite ante la Junta Electoral sí gozaría de inmunidad y podría pasearse por territorio español sin ser detenido.

De ahí, que en las declaraciones que ha realizado este martes a Rac1 Puigdemont haya destacado que, una vez conseguida el acta de eurodiputado, “yo vuelvo” a Cataluña” porque “el Parlamento Europeo garantiza la inmunidad”, lo que “permitiría perfectamente este escenario”. “La inmunidad a todos los efectos comienza en el momento en que eres elegido, y tienes un tiempo para perfeccionar tu acta, con la toma de posesión efectiva de tu cargo. Desde el momento en que el Gobierno español comunica los resultados de las elecciones, que es lo que dice el reglamento del Parlamento Europeo, la inmunidad funciona”, ha apuntado. Para Puigdemont, “lo que es importante es que el Parlamento Europeo tome esta decisión y ratifique”, a través de sus organismos, “la validez de esta inmunidad”.

Asumir el acta de eurodiputado implicaría dejar definitivamente su escaño en el Parlamento de Cataluña y, por lo tanto, renunciar de momento a ser investido de nuevo como presidente: “Si el Parlamento Europeo valida mi elección como diputado y activa mi inmunidad, en aquel período yo deberé decidir qué acta escojo”.

La inmunidad, en cualquier caso, no es lo mismo que impunidad. La inmunidad de los eurodiputados que ya han tomado posesión de su escaño supone que no pueden ser investigados, detenidos, ni procesados por las opiniones expresadas o los votos por ellos emitidos. Pero esta protección no puede invocarse en caso de que un diputado haya cometido un delito o las autoridades judiciales competentes alberguen sospechas al respecto. Si las autoridades nacionales pertinentes solicitan a la Eurocámara que levante la inmunidad a uno de sus diputados, la comisión de Asuntos Jurídicos deberá realizar un informe que se votará posteriormente en el pleno del Parlamento que debe tomar la decisión final. La Eurocámara ha tratado en numerosas ocasiones este tipo de peticiones de autoridades nacionales y, lo habitual, es que se acepte levantar la inmunidad, como ha sido, por ejemplo el caso de la eurodiputada de extrema derecha francesa Marine Le Pen o, este mismo martes, el de su padre, el fundador del Frente Nacional francés, Jean-Marie Le Pen.

En cualquier caso, y ante la incertidumbre que suscita este asunto, no parece probable que Puigdemont se arriesgue a pisar suelo español por muchas bravatas que se dedique a lanzar en sus entrevistas. El juez Pablo Llarena, instructor de la causa del ‘procés’, retiró en julio de 2018 la euro orden de detención y entrega que pesaba sobre él después de que fuera detenido en Alemania. El Tribunal Regional de Schleswig-Holstein contestó a España que sólo lo entregaría por un delito de malversación y no por los de rebelión, sedición y desobediencia por los que estaba siendo reclamado. Llarena no quiso condicionar el procesamiento del expresidente catalán aceptando la entrega por un delito menos grave que el de rebelión y por eso desactivó la euro orden, pero mantuvo la orden de detención nacional.

El prófugo Carles Puigdemont puede presentarse a las elecciones porque mantiene intacto su derecho al sufragio activo y pasivo. El auto en el que el juez Llarena comunicó al Parlament la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para suspender a los cargos públicos en prisión provisional y procesados por terrorismo o rebelión afectaba a los diputados presos de JxCat -Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull- y ERC -Oriol Junqueras y Raül Romeva- así como a Carles Puigdemont, que permanece huido en Waterloo pero sobre el que pesa una orden de prisión en España. La suspensión afecta al ejercicio de su cargo de diputado pero no al derecho al sufragio que solo puede verse afectado por una sentencia judicial firme. Solo así alguien puede verse privado del ejercicio de derecho de sufragio activo o pasivo al haber sido destruida su presunción de inocencia.

El derecho de sufragio es un derecho fundamental recogido en la Constitución española, en su artículo 23:

1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”.

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