Puigdemont rechazó dos veces la petición de los Mossos para que desconvocara el 1-O

Dos veces pidieron los Mossos al Govern de Carles Puigdemont que suspendiera el referéndum ilegal del 1-O y dos veces se negó el ‘president’ con la connivencia de su equipo. Esto es lo que ha contado este lunes en el juicio del ‘procés’ el que fuera jefe de Planificación de los Mossos en aquel momento, Emili Quevedo, quien ha incidido en los riesgos que la policía autonómica había detectado y de los que ya habló el jueves otro exmando de los Mossos, Manel Castellví. A diferencia de lo que ha venido ocurriendo hasta ahora con imputados en otros procedimientos en Cataluña, Quevedo, investigado en un juzgado de Cornellà (Barcelona) por supuesta pasividad en el 1-O, ha accedido a declarar como testigo en el juicio del "procés" pese a que la ley le permite no hacerlo.

La declaración de Quevedo ha girado en torno a las dudas sobre el dispositivo organizado por la policía autonómica para la jornada de la votación, que testimonios anteriores de responsables de Policía Nacional y Guardia Civil han calificado de insuficiente e ineficaz, dada la “pasividad” mostrada por los agentes.

El fiscal Javier Zaragoza ha empezado interrogando a Quevedo sobre la llegada de Joaquim Forn a la Consejería de Interior que provocó la renuncia del entonces director general de la Policía autonómica, Albert Batlle. “No quería formar parte del nuevo relevo en la consejería, no se sentía cómodo”, ha contado Quevedo, remitiéndose a una reunión de despedida en la que el propio Batlle habría comentado los motivos por los que prefería dejar el cargo. Forn, por su parte, les dijo que “tenía clara la separación entre la actividad política del Gobierno y lo que debía ser el cumplimiento de la ley por parte de la policía”. El testigo ha añadido que con posterioridad el consejero hizo declaraciones públicas que no gustaron a los mandos: “Hubo unas declaraciones del señor Forn que no nos parecieron bien, que no nos parecieron correctas”.

El motivo del malestar que provocaron esas declaraciones fue que Forn hizo público que el cuerpo se comportaría el 1-O de la misma forma que una jornada electoral al uso, normal. “Y eso obviamente no nos parecía que fuera acorde con la realidad”, ha añadido Quevedo, para quien estaba claro que “no podíamos actuar como en cualquier otra jornada electoral normal respecto a una actividad política que había sido prohibida”. A preguntas del fiscal, ha detallado que estas quejas se hicieron llegar a Puigdemont, a Junqueras y a Forn en dos reuniones, el 26 y el 28 de septiembre de 2017. Esas fueron las dos ocasiones en las que los responsables de los Mossos pidieron que se desconvocara al referéndum.

Quevedo no estuvo presente en la reunión del 26 pero ha explicado que, según lo que le transmitieron, los Mossos hicieron constar su preocupación por la situación de tensión y que ellos iban a cumplir con su función como policía judicial. “Me dijeron que no habían tenido éxito”, ha recordado el exmando policial a lo que el fiscal ha replicado preguntando si se pidió expresamente a los miembros del Govern que desconvocaran el referéndum. “No sé si en esos términos exactos, pero a buen entendedor pocas palabras bastan”, ha contestado Quevedo, añadiendo que Trapero le dijo que la cosa no había ido bien y que “para que vieran que hay unidad de acción de los mandos” se convocaba la reunión del 28″.

Esa fue la reunión en la que el otro exmando de los Mossos que ha testificado, Manel Castellví, asegura que se alertó a Puigdemont y sus consejeros del riesgo de una escalada de violencia el día del referéndum. Según Queveo, se hizo llegar la “absoluta disconformidad” de los Mossos con las expresiones públicas que habían hecho miembros del Govern, entre ellos el conseller Forn. Según su relato, el Govern planificaba la labor de las unidades policiales “en términos de opciones y contraposición entre los principios de actuación y el cumplimiento del mandato judicial, como si hubiera que decidir que una cosa prevaleciera sobre la otra”. Y ha añadido: “De sus manifestaciones quedaba manifiestamente claro que ponían en prevalencia una cosa sobre otra”. “Es obvio que ellos (Puigdemont, Junqueras y Forn) conocían que una cosa y otra (celebrar el referéndum y cumplir el mandato judicial) eran incompatibles”, ha considerado.

Defensa del despliegue de los Mossos frente a las críticas de insuficiencia

Al comisario Quevedo le ha costado bastante escoger las palabras en determinados momento de su declaración, probablemente por su condición de investigado y el cuidado que ha tenido para no autoincriminarse. Por eso, y tras las críticas al papel desempeñado por el Govern, ha tratado de defender lo que específicamente era de su competencia: el despliegue previsto para el 1-O. “Se aprobó que Mossos aportara un despliegue muy importante para un objetivo muy ambicioso: tener presencia policial en todos y cada uno de los centros de votación”. No obstante, ha puntualizado que hubieran necesitado entre 30.000 y 40.000 efectivos para cumplir las órdenes de la Fiscalía.

Preguntado por la no presencia de los antidisturbios autonómicos ante los colegios, ha dicho: “Durante el 1-O en Barcelona había una serie de actividades que tuvieron ocupada a la Brigada Móvil: una manifestación anarquista, una manifestación contra el referéndum, algunos enfrentamientos a los que tuvo que asistir, una concentración de Falange frente al Palau y, junto a todo lo anterior, el partido Barcelona-Las Palmas, que se realizó a puerta cerrada. Además, tenía que cubrir una manifestación que se preveía muy mayoritaria de la ANC para dar publicidad a los resultados del referéndum”.

Por lo demás, el comisario, ya en segunda actividad, ha mencionado “el clima de tensión que se vivía en Cataluña” antes del 1 de octubre de 2017, que llevó a los Mossos a tomar medidas de protección de edificios públicos del Estado. A su juicio, “no cabe duda” que ante “las iniciativas políticas que se estaban llevando a cabo en Cataluña” era “bastante obvio que se podían generar tensiones en la comunidad”. Por ello, ante la posibilidad de que hubiera “incidentes” o “conflictos entre colectivos antagónicos”, se detectó la “necesidad de proteger especialmente determinadas instituciones y personas”. Con ese fin, se puso en marcha el dispositivo Ágora que cubría distintos ámbitos de seguridad, como la protección de instituciones de la Generalitat, órganos judiciales y órganos de la Administración General del Estado, así como la protección de personas en situación de riesgo.

El testigo ha detallado que 20 de septiembre de 2017, cuando se produjeron los incidentes ante la Consejería de Economía por las protestas contra la Operación Anubis, su unidad “tuvo que improvisar un centro de coordinación para poder gestionar lo que iba sucediendo. “Hubo requerimientos por parte de la Guardia Cviil a los Mossos para darles apoyo en varios lugares de Cataluña”, ha recordado y ha relatado que “se enviaron unidades de orden público desde horas anteriores a la tarde noche” con el objetivo prioritario, según su testimonio, de “conseguir que la comitiva judicial pudiera salir sin mayores problemas de la Consellería”.

Antes de que declarara Quevedo lo ha hecho Castellví, que estaba pendiente del interrogatorio de las defensas que, como era previsible, han tratado de desmontar la imagen de que sus representados colaboraron a ese clima de violencia que se vivía en Cataluña cuando se produjeron los hechos que se juzgan. De hecho, el exresponsable de Información de la policía autonómica ha considerado este lunes a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y a Òmnium Cultural como los “interlocutores” de los Mossos cuando se producen manifestaciones y concentraciones multitudinarias por su carácter “no violento”. Esta es la afirmación que ha conseguido arrancarle el abogado de Jordi Cuixart, presidente de Ómnium, después de que el pasado jueves Castellví hiciera su aseveración incriminatoria para el expresidente de la Generalitat, Carle Puigdemont, de quien dijo que hizo caso omiso de las advertencias que se le trasladaron sobre el riesgo de violencia durante la jornada del referéndum ilegal.

El relato de Castellví sobre la interlocución con la ANC y Òmnium coincide en parte con lo manifestado por el expresidente de la ANC Jordi Sánchez, que en su comparecencia manifestó que suele hablar con todos los cuerpos y operativos de emergencias y seguridad cuando se produce un acto dentro de un protocolo de actuación, pero sin responsabilizarse jamás de la seguridad ni de las cuestiones de orden público. Sánchez dijo esto tras reconocer los contactos que mantuvo con el mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero en los acontecimientos del 20-S para gestionar una salida para la comitiva judicial.

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