El jefe de Policía del 1-O denuncia la ‘inacción’ de los Mossos y la violencia de ‘enrabietados’

El juicio del "procés" se reanuda este jueves en el Tribunal Supremo con la testifical de los que fueran jefes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña durante el 1-O, así como de dos históricos comisarios de los Mossos d'Esquadra que dirigieron las áreas de Información y de Planificación. Las declaraciones de este jueves cierran la cuarta semana del juicio del "procés", centrada en la gestión policial del referéndum del 1-O y de las concentraciones del 20 de septiembre ante la conselleria de Economía de la Generalitat, durante los registros ordenados por el juez que investigaba el 1-O.

El primer testigo de la jornada ha sido Sebastián Trapote, que fue jefe superior de Policía de Cataluña durante el 1-O y que ha ratificado punto por punto las afirmaciones del coordinador del dispositivo policial para el 1-O, Diego Pérez de los Cobos, sobre la insuficiencia del dispositivo de los Mossos, lo que hace prever que los dos mandos de la policía autonómica convocados para este jueves traten de desmontar esa versión de los hechos con su propio relato. El exjefe superior de Policía ha asegurado que todos los que participaron en la elaboración del dispositivo eran conscientes de que el 1 de octubre de 2017 iba a ser un día “muy complicado”, debido a los continuos llamamientos de miembros del Govern y de asociaciones independentistas para que ese día “acudiera el personal de manera masiva a los colegios para bloquear la entrada e impedir la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y garantizar que se llevara cabo” el referéndum ilegal.

Pese a todos los indicios que apuntaban a que no iba a ser un día cualquiera, Trapote ha incidido en la pasividad de los Mossos empezando por su jefe, el entonces mayor Josep Lluís Trapero, que “no admitía que un responsable del Ministerio del Interior fuera el responsable del operativo”, en alusión a Pérez de los Cobos. En cambio, Trapote ha alabado la “colaboración” del número dos de los Mossos, Ferran López. El testigo ha recordado asimismo las críticas del fiscal al plan presentado por el jefe de los Mossos. “Es para unas elecciones normales, pero no para un dispositivo de la envergadura que va a requerir un referéndum declarado inconstitucional”, le trasladó el fiscal superior, José María Romero de Tejada, siempre según la declaración de Trapote. El exmando policial ha asegurado que él no tuvo acceso a ese plan de los Mossos. Su instrucción era que “si necesitaban apoyo, se lo íbamos a dar”, a lo que ha añadido: “Pero no pidieron ningún apoyo”.

En  cualquier caso, y ante la eventualidad de tener que prestar ese apoyo, Trapote ha explicado que se preparó “un gran despliegue de las unidades de intervención policial y seguridad ciudadana”, es decir, incluyendo efectivos de los antidisturbios. A diferencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, los Mossos solo desplegaron patrulleros, los efectivos típicos de una jornada electoral, pero no a los que se agrupan en las unidades ARRO y Brimo, que son las que agrupan a sus propios antidisturbios. La decisión de actuar en lugar de la policía autonómica se tomó a primera hora del 1-O cuando se constató su “inacción”.

Trapote ha descrito, al igual que otros testigos, un panorama de violencia que en algunos casos, como en un centro de Horta, en la calle Campoamor, llevó a los policías a retirarse: “Intentamos entrar para intervenir el material y tuvimos que desistir porque la virulencia era tal que lo tuvimos que dejar. Si no, las consecuencias hubieran sido graves tanto para los policías como para los ciudadanos que estaban ahí concentrados”. Según su relato, “a veces era más complicado salir que entrar en los colegios”. El motivo, ha dicho, es que “los ciudadanos que estaban fuera estaban mucho más cabreados, enrabietados y las reacciones eran más violentas”. Ello provocaba que las unidades se tuvieran que emplear de una manera más fuerte que a la entrada porque, según sus palabras, “no podíamos consentir que nos rodearan, nos bloquearan y no nos dejaran salir”. A su juicio, “todo esto estaba perfectamente organizado”, hasta el punto de que “hacían cadenas humanas” y “nos agredían”.

Trapote, incluso, se ha referido a algún “enfrentamiento puntual” entre Mossos y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el 1-O. “En las actas constan estos enfrentamientos, refriegas o incidentes que ocurrieron”, ha afirmado el testigo. No obstante, a preguntas del abogado de Vox ha definido la actuación de los Mossos más como “pasiva” que “obstructiva”. Ha recordado que “el dispositivo de la policía autonómica estaba enfocado a salvaguardar la seguridad colectiva” y no tanto a cumplir la orden judicial.

Los fallos de coordinación que tratan de evidenciar las defensas

Ante la reiteración de críticas a la actuación de los Mossos, el abogado del consejero de Interior de la época, Joaquin Forn, ha tratado de arrancar al testigo el reconocimiento de que falló la coordinación entre los cuerpos policiales del Estado y el autonómico por descuido o de forma interesada. Una de las primeras preguntas de Xavier Melero ha sido si ante la “insuficiencia” del plan presentado por Trapero se le plantearon alternativas. “Nosotros no le íbamos a decir al mayor qué plan debía presentar”, ha respondido el testigo y ha insistido en que nunca tuvo conocimiento del plan por lo que desconoce cuál prosperó finalmente. Su único conocimiento del mismo es fruto de lo que trasladó la Fiscalía.

Melero ha querido saber también si los informes de inteligencia se compartían con otros cuerpos. El exmando policial ha explicado que “en las reuniones periódicas en la Delegación del Gobierno con el coordinador hacíamos análisis. No nos cambiábamos papeles pero sí comentábamos lo que estaba aconteciendo, es decir, se comentaban la problemática, las circunstancias sobrevenidas y los sucesos que iban aconteciendo”. Ahora bien, ha insistido en que los informes no se entregaban a la policía autonómica que, como los demás cuerpos, también trasladaba la información de la que disponía.

Especialmente tenso ha sido el interrogatorio del abogado Jordi Pina, que representa a Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez. El letrado ha preguntado al testigo por la intervención en el colegio del barrio de Horta y Trapote ha respondido enumerando los 50 procedimientos abiertos por intervenciones de la Policía y Guardia Civil de ese tipo para subrayar que en 17 se ha decretado el sobreseimiento provisional y ha habido cuatro sentencias absolutorias. “Eso no es lo que le he preguntado. Fíjese. Mi pregunta es muy concreta”, ha replicado Pina a lo que el exjefe policial ha reaccionado afirmando: “No tengo el informe, no lo recuerdo. Me transmitieron que no se podía intervenir por la gente concentrada allí. Todo lo que hicieron los agentes está documentado”.

Pina ha preguntado también  por el uso de material antidisturbios y, en concreto, sobre el uso de pelotas de goma  que ese día lesionaron en un ojo al activista Roger Español en los alrededores el instituto Ramon Llull de Barcelona. Trapote  se ha limitado a explicar que la utilización del material antidisturbios es una decisión del jefe de grupo. “Si es menester porque la situación lo requiere, lo utiliza”, ha concluido.

Ante el juez de Barcelona, los agentes imputados alegaron que dispararon pelotas de goma en un uso “progresivo y proporcionado” de la fuerza mientras se replegaban porque grupos de concentrados les arrojaban de todo en un clima de “odio extremo”. El magistrado que investiga ese caso todavía no ha podido identificar al escopetero que hirió en un ojo a Roger Español, quien también está imputado porque momentos antes de recibir el pelotazo arrojó una valla metálica contra los agentes de la Policía Nacional que trataban de replegarse tras intervenir en el instituto Ramon Llull. “Afortunadamente vivimos en un Estado democrático en que si algún ciudadano siente que sus derechos han sido conculcados o bien han sido vulnerados puede, perfectamente, interponer la correspondiente denuncia”, ha subrayado Trapote.

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