El PP no descarta llevar al TC los ‘decretazos’ de Sánchez y el Congreso pide informes jurídicos

La intención del Gobierno de seguir gobernando hasta el último día preocupa a la oposición que teme el uso electoralista del decreto ley, la única herramienta posible para tramitar iniciativas parlamentarias una vez publicada en el BOE la disolución de las Cortes, cosa que ha sucedido este martes. La cuestión es hasta qué punto esa fórmula es admisible ante la Diputación Permanente, el órgano que ostenta la representación del Congresos tras la disolución. Y si su utilización vulnera el derecho de los grupos parlamentarios a poder introducir cambios vía enmiendas. Eso es lo que tratarán de dilucidar los servicios jurídicos de la Cámara.

La Mesa del Congreso tiene previsto consultarles si los decretos ley que remita al Gobierno a la Diputación Permanente son susceptibles de ser enmendados o no. El artículo 151.5 del Reglamento del Congreso establece que “la Diputación Permanente podrá, en su caso, tramitar como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia los Decretos-leyes que el Gobierno dicte durante los períodos entre legislaturas”. Pero en principio, no se contempla la posibilidad de que siendo este órgano el que ejerce las funciones de la Cámara se puedan constituir comisiones parlamentarias o ponencias. Los grupos parlamentarios y la propia presidencia del Congreso ha solicitado la consulta a los servicios jurídicos porque nunca antes los gobiernos han remitido a la Diputación Permanente decretos ley con desarrollo legislativo.

Ese es también el motivo por el que la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, ha avanzado que su formación no descarta ir a los tribunales para “frenar” el uso “torticero” que, a su juicio, hace el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la Diputación Permanente. En una entrevista en RNE, Montserrat ha apuntado que el PP va a recurrir todos los decretos que quiera usar el PSOE “para hacer campaña” y no descarta, para ello, acudir al Tribunal Constitucional.

Montserrat ha atacado al Gobierno afeando que los decretos que anuncia el Consejo de Ministros “no son de urgencia ni de extrema necesidad”. “Solo son propaganda del PSOE y de Sánchez. Es vergonzosa la utilización de las instituciones públicas que hace Sánchez”, ha criticado. Para el PP, el líder del Ejecutivo emplea el avión oficial, ‘Falcon’, “como coche electoral”, el CIS “como la cocina electoral del PSOE” y los medios públicos “como altavoz del partido”. Sobre el Consejo de Ministros, entiende que el presidente lo está utilizando como si se tratara de “la oficina de campaña” del PSOE. “Y todo con dinero público”, ha remachado.

Con respecto a cómo puede impugnar el PP los decretos que apruebe el Ejecutivo, ha explicado que “hay varias vías”, entre ellas recurrir a la Junta Electoral y, preguntada por si acudiría a los tribunales, no lo ha descartado. “Lo estamos analizando absolutamente todo”, ha dicho y ha recordado que antes de tomar una decisión el Grupo Popular esperará a conocer el informe jurídico encargado por la Mesa. “Si ningún Gobierno puede hacer ningún tipo de inauguración o de acción sobre su ejercicio de gobierno, ¿cómo puede ser que Sánchez use la Diputación Permanente para pasar los decretazos que sean su campaña?”, se ha cuestionado la portavoz parlamentaria ‘popular’.

También el líder del PP ha criticado lo que el PP ha bautizado ya como ‘decretazos’. “El antecedente fue Zapatero con el Plan E, cuando intentó vender como inversiones hacer aceras con grandes carteles en plena campaña electoral. Aquello nos costó doce mil millones y ahora Pedro Sánchez lleva más de 10.000 millones comprometidos que no van a entrar en vigor”, ha apuntado Casado en referencia a las medidas de corte social que quiere impulsar el Ejecutivo para suplir la carencia de los Presupuestos que tumbaron en el Congreso la derecha y los independentistas. Según Casado, la aprobación de ese gasto “comprometería al futuro Gobierno del PP sin el obligado respaldo de las Cortes y sin pasar por el trámite de los Presupuestos Generales del Estado”, una forma de actuar que, a su juicio, “es propia de países no democráticos”.

Obviamente, no están de acuerdo con estas opiniones los ministros de Pedro Sánchez. La vicepresidenta Carmen Calvo ya señaló el viernes, en una comparecencia posterior al Consejo de Ministros, que el Gobierno no hace campaña, sino que trabaja con el mismo ritmo y objetivos que el primer día. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha replicado este martes al PP que el Ejecutivo está “pleno en sus facultades” hasta el mismo día de las elecciones generales del 28 de abril, por lo que puede perfectamente aprobar medidas urgentes a través de la figura del real decreto ley hasta los comicios. Para Ábalos, la advertencia del PP de que podría llegar al Constitucional responde a que están “muy preocupados” por las expectativas electorales del Gobierno socialista, que se dispone a seguir aprobando medidas en los Consejos de Ministros que quedan hasta las elecciones, en lo que ya ha bautizado como los “viernes sociales”.

Los socialistas justifican asimismo la presentación de estas medidas en el filisbusterismo practicado, según denuncian, por PP y Ciudadanos, que con su mayoría en la Mesa del Congreso han obstaculizado la tramitación de numerosas iniciativas legislativas. El Gobierno, ha avisado Ábalos en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un foro informativo, “no va a renunciar a sus facultades, proque es legal y legítimo”. “Ellos -por el PP- han boicoteado muchísimas iniciativas. De eso sí que deben dar cuenta”, ha zanjado.

La ministra de Política Territorial y Función pública, Meritxell Batet, ha señalado que otros gobiernos también aprobaron “normas legislativas y normas reglamentarias” en el Consejo de Ministros. En declaraciones a los medios tras participar en la clausura de unas jornadas sobre digitalización en la Cámara de Comercio, Batet ha recordado con ironía que ésta no es la primera vez que se convocan elecciones en el país, “ni siquiera es la primera vez que se anticipan”, y ha asegurado que el Ejecutivo “no va a renunciar a seguir gobernando hasta el último momento”. No obstante, ha añadido que el Ejecutivo de Sánchez “por supuesto que va a cumplir la ley y el ordenamiento jurídico en cada una de las iniciativas” que ponga en marcha, y ha reconocido que aunque hay “limitaciones” seguirán gobernando. “Ni siquiera estamos en funciones”, ha recordado.

Por su parte, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha reiterado el mismo mensaje y ha defendido que las medidas aprobadas por el Gobierno la semana pasada a través de reales decretos ley -los relativos a la vivienda y la igualdad- contaban con la “urgencia y necesidad” requerida para su tramitación por esta vía. “Es indudable que adoptar un real decreto ley tiene una exigencia en términos de la necesidad y de la urgencia para su adopción y eso es lo que está haciendo el Gobierno, adoptar medidas que tienen esa urgencia y esa necesidad”, ha añadido la ministra a la salida de un acto organizado por Nueva Economía Fórum junto al comisario europeo de Presupuestos y Recursos Humanos, Günther Oettinger.

“No entiendo ese tipo de comentarios”, ha señalado respecto a las críticas sin entrar en detalle acerca de si el Gobierno prepara nuevas medidas. “No voy a adelantarles nada de momento”, ha continuado, expresando su opinión de que lo responsable es seguir gobernando hasta el último minuto para dar respuesta a las necesidades y contribuir al bienestar de los ciudadanos españoles.