La Guardia Civil acusa a Puigdemont de malversar 17 millones para crear la ‘Hacienda catalana’

La Guardia Civil asegura que la Generalitat de Cataluña presidida por Carles Puigdemont desvió al menos 17 millones de euros procedentes de dinero público, en concreto de los presupuestos autonómicos, para poner en marcha la Agencia Tributaria de la región, una de las 'estructuras de Estado' con las que los independentistas pretendían poner en marcha la república catalana. La noticia ha sido adelantado por medios como 'El Confidencial' y 'El Mundo', coincidiendo con el juicio en el Tribunal Supremo a los líderes del 'procés' que están acusados, entre otros delitos, del de malversación, que se castiga con 12 años de cárcel.

La Unidad de Policía Judicial ha elaborado un nuevo informa a partir de un pendrive del ex secretario de Hacienda Josep Lluís Salvadó que narra la coordinación, la supervisión y el seguimiento de las actividades enfocadas a la creación de un estado catalán. Estas afectan, directamente, al ámbito tributario, según afirman las fuentes consultadas por ambos diarios. Este documento ofrece la cantidad de fondos empleados para tratar de lograr la plena soberanía fiscal mediante la elaboración de un Código Tributario, una Junta de Tributos y un Consejo Fiscal.

De la documentación intervenida se desprende que el independentismo calculó que el despliegue de la Administración Tributaria exigiría 499.869.737 euros, así como ampliar la plantilla en 7.000 personas. La Generalitat pretendía crear un convenio internacional para evitar la doble imposición con España empleando el modelo OCDE. Planeaban, además, crear la Oficina de Fiscalidad Internacional, la Agencia de Aduanas y la Agencia de Propiedad Inmobiliaria, aun sin contar con competencias para ello.

En esa memoria USB -afirma ‘El Confidencial’ citando a los investigadores-, se descubrió un “documento de trabajo elaborado desde el Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de coordinación, supervisión y seguimiento de las actividades y medidas dirigidas a la creación del Estado catalán y que afectan, básicamente, al ámbito tributario y a la Secretaría de Hacienda”. Las mismas fuentes consultadas por el medio aseguran que “algunas de las medidas se integran en la vía autonómica, son un paso intermedio para ir implantando muchas otras con el objetivo último de crear el Estado catalán y garantizar su viabilidad económica”. La prueba de todo ellos es que la documentación incalutada incluía “una estrategia para gestionar la recaudación de los recursos necesarios para financiar las prestaciones sociales (es decir, pensiones y subsidios como el de desempleo), competencia que, actualmente, desempeña la Tesorería General de la Seguridad Social”.

La Guardia Civil considera que hay indicios suficientes para concluir que se gastaron 200.000 euros para el desarrollo del Código Tributario, otros 7.800.000 euros en el despliegue de la “Junta de Tributos, el Consejo Fiscal y el Instituto de Investigación Fiscal”; 4.500.000 euros en la implantación territorial de la administración tributaria, y, por último, al menos 4.923.848 euros en la activación de las primeras fases del sistema e-SPRIU, la aplicación que debía permitir a la Generalitat gestionar impuestos de competencia exclusivamente estatal, como el IRPF, el IVA, el impuesto de sociedades y los impuestos especiales.

En definitiva, el informe indica que si se tienen en cuenta todas estas cifras, se habrían intervenido alrededor de 17 millones de euros para lograr esa soberanía fiscal de un futuro estado catalán.

Hasta la aparición de este ‘pendrive’, recuerda ‘El Confidencial’, la Guardia Civil atribuía a los organizadores del 1-O un desvío de fondos públicos por importe de 4,7 millones de euros, entre los que se incluyen casi un millón destinado al envío postal de las tarjetas de la mesas electorales de la consulta; más de 600.000 euros por el desarrollo de la plataforma para el registro de catalanes en el exterior; 1,3 millones para la construcción de un ‘call center’ para el referéndum; en torno a 500.000 euros en publicidad de promoción de la convocatoria, y unos 300.000 euros en la contratación de casi medio centenar de falsos observadores neutrales de la votación, entre otras partidas.

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