Zoido culpa a los mandos policiales de las cargas del 1-O aunque ve la actuación ‘proporcionada’

El exministro de Interior Juan Ignacio Zoido ha dicho este jueves que la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad durante el referéndum ilegal del 1-O en Cataluña fue "proporcionada" dadas "las circunstancias" que concurrieron aquel día. Zoido ha comparecido en el juicio del "procés" a petición del letrado del exconseller de Interior Joaquim Forn, que le considera un testigo clave en su estrategia de defensa. Zoido ha asegurado que "no hubo exceso policial el 1-O, hubo una actuación proporcionada dadas las circunstancias que concurrieron en ese día”. El exministro ha descrito el dispositivo de los Mossos como “insuficiente” y ha negado que la orden de las cargas procediera de él. "Yo no diseño operativos", ha asegurado después de criticar los que se dispusieron para detener el referéndum ilegal.

“Yo no di la orden de qué tenían que hacer ni cómo lo tenían que hacer”, ha asegurado el exministro de Interior. Ante esta respuesta, el abogado de Forn, Xavier Melero, ha tratado de acorralarle con una pregunta muy directa: “¿Quién dio la orden de que fueran a tal o cual colegio, que intervinieran?” “Los operativos”, ha sido la escueta respuesta, sin precisar nada más. Y como ya hicieran el miércoles el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la exvicepresidenta Soraya Saenz de Santamaría, ha subrayado que él no participó en la organización de tales operativos. Zoido se ha sacudid toda responsabilidad en la violencia que se desencadenó el 1 de octubre explicando que los responsables del dispositivo policial ese día fueron “los orgánicos que estaban allí”, que estaban coordinados por el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos; el jefe superior de Policía de Cataluña; el general jefe de la Guardia Civil y el jefe de los Mossos.

Zoido, ha repartido culpas entre los mandos policiales y el Gobierno catalán, al que ha responsabilizado de los altercados por haber mantenido la convocatoria del referéndum pese a los requerimientos. “El mantenimiento de la celebración del referéndum iba a comportar problemas. Pero albergábamos la esperanza de que pudieran recapacitar”, ha señalado y ha recordado que “se les pidió hasta el último momento que desconvocaran el referéndum, que era manifiestamente ilegal. Dijeron que no, que no se suspendía”. El exministro ha admitido que también tenía esperanzas de que la policía autonómica iba a detener las votaciones: “A mí me trasladaban que los Mossos cumplirían con las órdenes de la autoridad judicial y que impedirían el referéndum”.

Para Zoido, el dispositivo que los Mossos diseñaron para el 1 de octubre de 2017 era “totalmente insuficiente”, habida cuenta de las órdenes judiciales existentes para impedir el referéndum y sabiendo que tanto Mossos como el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad debían intervenir. “A las pruebas me remito”, ha señalado el exministro de Interior, que ha defendido la actuación de la Policía y la Guardia Civil en aquella jornada.

En muchas ocasiones, ha confesado, ha pensado “qué hubiera sucedido si no se hubiera animado, impulsado y facilitado el reférendum” y también “si no habría sido todo distinto” si en lugar “de 6.000 mossos hubiera habido 12.000” -como era habitual y como ocurrió en las elecciones autonómicas de 21 de diciembre-, apoyados por “otros 6.000 policías y guardias civiles”. Según le transmitieron y como ha contado al tribunal, hubo colegios en los que tanto policías como guardias civiles “tuvieron que retirarse sin intervenir” ante la “presencia masiva” de ciudadanos. “Lo que sí es verdad es que no había en ningún sitio Mossos que pudieran tomar un posible relevo en ese caso porque no se vieron ese día unidades de intervención suyas. O no los vieron”, ha añadido.

Más adelante, durante el interrogatorio de la fiscal Consuelo Madrigal Zoido ha reiterado que con otra predisposición de los Mossos, todo hubiera sido distinto. “Con un despliegue fuerte de Mossos y el apoyo de 6.000 policías y guardias civiles se hubiese obtenido un mejor resultado”, ha insistido. Preguntado por la defensa del exconseller Joaquim Forn, que se enfrenta a 16 años de cárcel por rebelión en el “procés”, sobre si hubo algún reproche a los Mossos antes de su actuación el 1-O, Zoido ha revelado que “surgían problemas” pero que era un asunto que “llevaban los operativos”. Sobre el caso concreto del entonces jefe de los Mosso, Josep Lluis Trapero, le ha preguntado la fiscal, en concreto sobre si los responsables policiales le habían trasladado reservas hacia él. Zoido no ha llegado a admitir que pusiera problemas para obedecer las órdenes, pero sí que “parece que no era muy colaborador”. “No le gustaba el hecho de estar coordinado por Pérez de los Cobos y planteaba reticencias”, han sido sus palabras.

Instrucciones para el 1-O y cambios ante su insuficiencia

El abogado Xavier Melero ha tenido especial interés en que el testigo relatara cómo se decidió el envío de un contingente de refuerzo a Cataluña y en qué términos se hizo. Zoido ha contado que el primer contacto con la Fiscalía se produjo el 8 de septiembre de 2017, tras la aprobación de la ley del referéndum en el pleno del Parlament de los días 6 y 7 y cuando ya se había producido la primera providencia encaminada a su suspensión. Fue no obstante a raíz de los hechos del 20-S cuando, como ha recordado Zoido, “se produjeron con aglomeraciones y manifestaciones en todos los sitios”, se interpuso una querella en la Fiscalía. “A partir de ahí -ha dicho- empezamos a concretar un poco más el tema. El día 22 creo recordar le mandé una notificación al conseller (Forn) sobre el refuerzo que íbamos a enviar”.

El exministro ha detallado que la secretaría de Estado de Seguridad había previsto el envío de unos 6.000 agentes entre policías y guardias civiles para que actuaran “en auxilio” de los Mossos. “Ese criterio -ha continuado el testigo- cambia el 1 de octubre porque hay una instrucción del secretario de Estado del 29 de septiembre en la que se dice que podrán actuar con independencia si lo anterior resultara insuficiente o ineficaz”. Ante esta afirmación, Melero se ha remitido al texto de la mencionada instrucción en la que se indicaba que se debía “priorizar la seguridad” de los ciudadanos y los policías “sobre la eficacia” de impedir el referéndum. Zoido se ha limitado a responder que cree que, “visto lo visto el 1-O, sí se cumplieron esas instrucciones”. Así se lo trasladó el secretario de Estado de Seguridad, según su declaración.

Es más en el turno de preguntas de la Fiscalía, el exministro ha destacado la “claridad” del auto de la magistrada del TSJC Mercedes Armas que obligaba a impedir el 1-O, pese a ser “más genérico” que la orden que había dictado anteriormente la Fiscalía con las instrucciones para detener el referéndum. Sin embargo, Zoido ha reconocido que la orden del TSJC no se cumplió, porque era “imposible, después de todo lo que se había organizado y de haber auténticos escudos humanos” en los centros de votación. Es más, ha señalado que el 1-O “se produjeron actuaciones violentas” contra los policías y los guardias civiles que trataban de impedir la votación y ha recordado que “hay hechos y fotografías que así lo acreditan”.

Zoido ha admitido que en muchos colegios “había una resistencia activa y organizada, se opuso mucha resistencia para impedir que las fuerzas de seguridad cumplieran con su obligación”. Con esta afirmación, el testigo ha dado la razón a Vox que, entre otros delitos, acusa también a los líderes independentistas de un delito de organización criminal. Por eso, el abogado de la acusación popular, Javier Ortega Smith se ha encargado de subrayar ese concepco de violencia “organizada”.

Las defensas trasladan a Zoido al banquillo… simbólicamente

En el turno de las defensas, tanto Benet Salellas (el abogado de Jordi Cuixart) como Jordi Pina (el abogado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez) han apabullado al exministro con preguntas en las que el denominador común ha sido la vehemencia con la que se han referido a la brutalidad de las cargas policiales o a episodios como la despedida a los agentes que iban destinados a Cataluña con gritos de “a por ellos”.

En determinados momentos, daba la impresión de que era Zoido quien estaba siendo juzgado. “Lo vi a través de los medios y yo no aprobaba aquellas expresiones”, ha dicho el exministro sobre los gritos de despedida a policías y guardias civiles. Lo que no ha podido precisar es si se abrió algún expediente sancionador a funcionarios que pudieron participar en esas muestras de enardecimiento desproporcionado.  Pina se ha encargado de recordar las imágenes de ciudadanos con las manos levantadas y que recibían golpes en la parte superior del cuerpo por parte de policías o guardias civiles, hecho que Zoido ha asegurado desconocer.

El apasionamiento con el que ha interpelado al testigo la abogada Judit Gené, que representa a la exconsejera Meritxell Borràs, ha llevado al presidente del tribunal, Manuel Marchena, a llamarle la atención sobre el hecho de que el tono no se correspondía con los delitos de los que está acusada su defendida: desobediencia y malversación. La intervención de Gené parecía en cambio encaminada a demostrar, como en el caso de las demás defensas, que la violencia la ejercieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y no los dirigentes independentistas a los que se imputa un delito de rebelión.

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