Santamaría defiende el 155: ‘Los estados de excepción y sitio afectan a derechos fundamentales’

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría ha desbaratado el intento de Vox de acorralarla por lo que la derecha más extrema y reaccionaria siempre ha considerado una respuesta ‘blanda’ y ‘acomplejada’ del Gobierno de Mariano Rajoy al desafío independentista. La exnúmero dos del Ejecutivo ha testificado en el juicio a los líderes del ‘procés’ muy bien preparada para argumentar, primero, por qué no se aplicó mucho antes el artículo 155 de la Constitución y justificar, después, por qué se activó tras la declaración unilateral de independencia. Solo ha vacilado cuando uno de los abogados de los acusados, Xavier Melero, que representa a Joaquim Forn, la ha interrogado sobre la violencia que sacudió a Cataluña en el otoño de 2017 y que es un elemento crucial en este juicio.

No ha habido manera de que la exvicepresidenta aclarara quién ordenó las cargas policiales del 1-O, que ella ha rehusado denominar así cuando la ha interrogado Melero. Sí ha admitido que el 20-S hubo “actuaciones violentas” frente a la Conselleria de Economía de la Generalitat y en los días previos al 1-O se sucedieron las imágenes “de naturaleza violenta” y un “acoso masivo, generalizado y sistemático”. Unas situaciones que, según ella, se evitaron en parte gracias a la “profesionalidad” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Preguntada por las imágenes de agentes golpeando a personas el 1-O, ha admitido que “no son agradables a la vista”, pero ha culpado de nuevo a los convocantes: “Si no se hubiese convocado a la gente para actuar como murallas e impedir a quienes estaban mandatados judicialmente para impedir el referéndum, a lo mejor alguna de las imágenes no se hubiese producido”.

El abogado de Forn le ha recordado la instrucción del secretario de Estado de Interior ante el 1-O que establecía que se debía primar la seguridad de las personas por encima de la eficacia. Ha sido entonces cuando se ha visto a Santamaría más dubitativa y titubeante. “Me parece que es de carácter muy general.. A lo largo de esos días hubo muchísimas actuaciones…”, ha replicado evitando dar una respuesta directa a la pregunta de quién fue el responsable de que los agentes repelieran con tanta contundencia las votaciones que se estaban realizando. “Daban cumplimiento a una decisión judicial, según me informa a mí el ministro del Interior”, se ha limitado a explicar y Melero ha llegado a mencionar la figura del “testigo renuente” a contestar.

En cuanto a los escraches a los policías destinados en Cataluña, la exvicepresidenta ha respondido que sabe “lo que es vivir un escrache” y que “lo que se vivió en Cataluña en muchos sitios no fue un escrache, sino un acoso violento”. También ha denunciado los ataques y acosos a alcaldes y concejales no nacionalistas.

La intensidad de la violencia que estalló esos días es un elemento crucial para determinar si los acusados cometieron o no el delito de rebelión. Al respecto, planea sobre el juicio una contradicción: mientras que el juez instructor ordenó el procesamiento por ese delito que exige un grado de violencia suficiente para “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución” o “declarar la independencia de una parte del territorio nacional” (dos de los apartados del artículo 472 del Código Penal), el hecho de que el Gobierno de la época no decretara el estado de sitio o de excepción cuando esos episodios violentos ya se habían producido rebaja su magnitud.

Si las defensas de los acusados han basado sus preguntas en la violencia que se produjo tanto el 20 de septiembre, con el asedio a la Consejería de Economía que estaba siendo registrada por la Guardia Civil, como el 1 de octubre, Vox ha utilizado el 155 para apretar a la exvicepresidenta en su interrogatorio.

La exvicepresidenta del Gobierno fue quien encabezó la fallida ‘operación diálogo’ que puso en marcha Mariano Rajoy para tratar de evitar la convocatoria y celebración del referéndum ilegal, que finalmente se celebró el 1 de octubre de 2017. Durante aquella época, llegó a abrir un despacho en Barcelona y se comentó la existencia de una gran sintonía entre ella y su homólogo catalán, el vicepresidente del Govern Oriol Junqueras, que ahora se sienta en el banquillo de los acusados. Santamaría ha explicado que se reunió tres veces con el entonces vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, pero que jamás quiso abordar ningún tema relacionado con el referéndum del 1 de octubre porque no era un asunto que entrara dentro del área de actuación del Ejecutivo, sino que es un asunto que pertenece a la soberanía nacional.

Poco después, a preguntas del fiscal Javier Zaragoza ha matizado que no trató esta cuestión porque su obligación era “cumplir la ley”. “Ni con el señor Junqueras ni con nadie puedo hablar de convocar un referéndum de autodeterminación”, ha explicado, porque “si eso se quiere hacer hay que reformar la Constitución”. El Gobierno que presidía Mariano Rajoy, ha añadido, “nunca se prestó” a negociar algo así, a lo que ha añadido que “ningún Gobierno democrático puede prestarse”.

Las tres reuniones con Junqueras a las que se ha referido Santamaría se celebraron entre abril de 2016 y enero de 2017, dos de ellas en su despacho en la Moncloa y la otra en la Conselleria de Economía de la Generalitat. En la primera se abordaron “una serie de peticiones de la Generalitat”, entre ellas el referéndum sobre el que ella se negó a hablar. Ya en julio de 2016 se volvieron a reunir junto con el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para abordar “la difícil” y “dramática” situación financiera de la Generalitat. “Nuestra preocupación era que se sufragaran los servicios públicos”, ha dicho. En el último encuentro que se celebró a principios de 2017 -siempre según el relato de Santamaría- el exvicepresidente de la Generalitat le dijo “que tenía el mandato exclusivo de abordar la petición del referéndum” y declinó tratar el resto de los “45 asuntos” que figuraban en un documento que el entonces presidente de la Generalitat Carles Puigdemont le entregó al jefe del Ejecutivo central Mariano Rajoy durante un encuentro en el Palacio de la Moncloa.

Respecto a la intervención de la Comunidad, Vox ha buscado en todo momento comprometer a la exvicepresidenta por no aplicar antes del artículo 155 cuando, como ha reconocido la propia Sáenz de Santamaría, los planes de los independentistas eran de sobra conocidos. “Como consecuencia de las elecciones en septiembre de 2015 ya se encargaron los líderes independentistas de publicitar los pasos que pretendían dar en el llamado ‘procés’ para alcanzar la independencia de Cataluña”, ha recordado la testigo.

Sáenz de Santamaría ha explicado las premisas de las que partió el Gobierno para aplicar el artículo 155 de la Constitución: garantizar “la unidad nacional”, garantizar “el cumplimiento de la ley” y hacerlo “con la mayor proporcionalidad en defensa de la convivencia”. La que en aquel entonces era la ‘numero dos’ del Gobierno ha subrayado que era importante hacerlo de esa forma para mantener el consenso político en torno al 155: “Algunos decían que debería haberse aplicado en 2014, otros que nunca. Algunos fueron evolucionando de opinión sobre si debía ser de una manera o de otra. Nosotros lo adoptamos cuando se cumplieron esas premisas y cuando logramos un acuerdo político”. Los motivos alegados por Santamaría para no activar antes el artículo se resumen en que “el 155 era contra los responsables de la DUI, no contra la ciudadanía” de Cataluña.

Al margen de todo lo anterior, que forma parte del discurso oficial que ya se hilvanó en su momento, y a preguntas del fiscal Javier Zaragoza, la exvicepresidenta ha sido aún más clara en cuanto a los fundamentos del 155. En primer lugar, ha negado que la DUI fuera simbólica como esgrimen los acusados. “No”, ha respondido Santamaría cuando el representante del ministerio público le ha planteado si comparte esa apreciación. En segundo lugar, ha mencionado que se había producido “una vulneración muy grave del orden constitucional”. “Por supuesto tuvimos en cuenta que había un riesgo grave de derogación de la Constitución en esa comunidad autónoma”, ha asegurado.

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