Artur Mas advirtió a Puigdemont de que no descartara ir a elecciones al convocar el 1-O

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha sido testigo y actor en el ‘procés’ independentista y su declaración en el juicio a los líderes secesionistas ha aportado algunos detalles interesantes sobre cómo se vivieron los acontecimientos del otoño de 2017. Para empezar, ha calificado la convocatoria del referéndum del 1-O como una “alteración” de la hoja de ruta inicial hacia la ruptura con el Estado español. Respondió, ha dicho, a una convocatoria del Govern presidido por Carles Puigdemont y ha contado que una de sus aportaciones durante las reuniones políticas en las que participó fue recomendar que “no se perdiera nunca el control de convocar elecciones a la Generalitat".

Mas ha revelado que no se opuso al referéndum del 1-O pero advirtió a su sucesor, Carles Puigdemont, que lo llevara a cabo “en un marco legal que el Govern pudiera controlar”, por lo que no debía “abandonar la posibilidad de convocar elecciones”. Además, ha precisado que dio ese consejo a Puigdemont en base a su “experiencia” por la organización de la consulta del 9-N, que le ha costado una condena de trece meses de inhabilitación.

En respuesta al fiscal Javier Zaragoza, el expresidente catalán ha confesado que se pretendió que el resultado del referéndum del 1 de octubre de 2017 “fuera vinculante desde un punto de vista jurídico” pero ha subrayado que eso es algo que “no se consiguió”. Ha señalado que el 9-N no se proclamó ninguna independencia, como sí sucedió después con el 1-O cuando “hubo una declaración de independencia (DUI) en el Parlamento catalán”, que no ha entrado a valorar. Inmediatamente después, ha comentado que tras la DUI “también hubo otra cosa, en las elecciones del 21-D que se celebraron bajo el 155, hubo una votación aún mayor y se mantuvo la mayoría absoluta a favor de la independencia”. “Si coge la fotografía completa, ahí sí hay un mandato”, ha defendido.

Según ha relatado ante la Sala, él siempre pensó que el 1-O sería similar a la consulta del 9-N y por ese motivo sus expectativas ante el referéndum ilegal eran muy distintas a lo que finalmente ocurrió: “Pensé que vista la experiencia la reacción del Gobierno central nunca sería una reacción de mandar a las fuerzas del orden público para intervenir. Otra cosa es para advertir, pero no para intervenir. Me equivoqué”. “Lo pensé porque el Estado tenia mecanismos suficientes para que desde un punto de vista jurídico podía desnaturalizar el referéndum aunque se celebrara. ¿Por qué iban a hacer algo de forma tan poco inteligente que diera a dar la vuelta al mundo?”, ha reflexionado el expresidente. Ha contado, asimismo, que en las reuniones que se celebraron con la presencia de Puigdemont y a las que él asistió se llegó a hablar de ese asunto: “Yo les dije que no pensaran que el Gobierno iba a ser tan poco inteligente. Pero me equivoqué. Fue una acción absolutamente innecesaria”.

En general, Mas se ha ratificado en los mismos términos de su declaración ante el juez instructor, Pablo Llarena, cuando declaró como investigado y aseguró que las reuniones en las que participó fueron políticas y calificó de meramente “simbólica” la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre. Ha sido al responder a preguntas de Vox cuando Mas ha detallado que en esas reuniones se permitió la “licencia” de dar su opinión sobre la posibilidad de un nuevo referéndum de independencia, tras el simulacro de consulta que él mismo había llevado a cabo en 2014. Sus consideraciones “en algunos casos fueron tenidas en cuenta y en otros no”, según sus palabras. Su actitud fue la de no oponerse a la nueva convocatoria de referéndum.

El expresident catalán ha añadido que en las reuniones sobre el referéndum a las que asistió siempre oyó hablar de la “voluntad” de pactar la consulta con el Gobierno y no de una apuesta por convocarlo unilateralmente. “La apuesta de que todo tuviera una cobertura legal, era una obsesion de las autoridades catalanas, nunca se quiso un vacío legal”, ha asegurado. “Teníamos el ejemplo de Escocia. Pensábamos que España también encontraría cómo llegar a un acuerdo”, ha sido otra de sus aseveraciones para argumentar esa supuesta voluntad de diálogo y de pacto. En cualquier caso, ha relatado que Puigdemont “llegó a la conclusión de que era bueno que hubiera una segunda consulta y un referéndum sobre lo mismo que ya había habido en 2014”, en base a “muchas conversaciones e ideas que llegaban, algunas de la sociedad civil organizada”. Mas ha admitido, no obstante, que “se daba por seguro que se produciría la suspensión (de la convocatoria de la consulta por parte del Tribunal Constitucional)” y que, pese a todo, “se mantuvo la organización del referéndum, nadie se apeó de la voluntad de llevarlo a cabo”.

Sobre el empleo de fondos públicos, ha matizado que la vinculación de la Administracion de la Generalitat en 2017 fue incluso inferior que de cara al 9 de noviembre de 2014″ ya que, según ha afirmado, “entonces había una vinculación económica muy intensa, mientras que en esta (el 1-O) hasta el Gobierno (central) ha certificado que no hubo gasto”. Este será uno de los extremos sobre los que tendrá que declarar el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien en su día aseguró que no se había destinado al referéndum “ni un solo euro” de dinero público, lo que desarmaría la acusación de malversación que pesa sobre los procesados. “Yo estoy precondenado por el Tribunal de Cuentas con una pena solidaria de 5 millones de euros por lo que invirtió el Govern”, ha recordado el testigo para reforzar su afirmación.

Este miércoles ha arrancado la fase de mayor peso político del juicio a los líderes del ‘procés’ con la declaración de los testigos y ese arranque no ha podido ser más accidentado. No habían transcurrido ni cinco minutos cuando el presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha empezado a sacar tarjetas amarillas. Las dos primeras han sido para impedir que el primer testigo, el diputado de ERC Joan Tardá, respondiera en catalán a las preguntas de la acusación popular que ejerce Vox. Las demás han ido destinadas al abogado que representa a la formación de extrema derecha.

“Vull dir que jo parlaré en catalá a las preguntes de Vox…”, ha comenzado Tardá en su respuesta al letrado de Vox Pedro Fernández, por lo que Marchena le ha frenado para recordarle que, como testigo, “tiene la obligación de emplear la lengua oficial del foro del lugar donde se desarrolla el juicio”. “Otra cosa es que sala haya concedido el derecho a los acusados a expresarse en su lengua, lo que han rechazado”, le ha explicado antes de recalcar que no tiene derecho a contestar en catalán.

Segundos después, Marchena ha vuelto a detener la testifical cuando el parlamentario ha comenzado, en castellano, con el siguiente mensaje: “Este juicio está inspirado en la venganza”. El presidente del tribunal, que antes de llamar a Tardá ya había advertido de que no admitiría valoraciones o la expresión de opiniones políticas, lo ha interrumpido para recordar que se ha puesto al servicio de la administración exclusivamente para el esclarecimiento de los hechos. La cosa no ha quedado ahí, porque Marchena también ha tenido que advertir al abogado de Vox cuando preguntaba a Tardá sobre los supuestos planes de los acusados. “Le está pidiendo (a Tardà) que valore comportamientos ajenos y así desnaturalizamos el contenido de la testifical… No existe el testigo opinante”, ha zanjado el magistrado.

Lo mismo ha ocurrido minutos después ante las preguntas de Andreu Van den Eynde, abogado defensor de Oriol Junqueras y Raül Romeva, quien ha hecho constar su protesta ante el tribunal. Marchena le había advertido: “No ha sido llamado Tardà para que cuente los métodos de ERC para luchar por su ideario político, estamos exclusivamente enjuiciando lo que el fiscal y las acusaciones atribuyen a los acusados. No le preguntamos por el ideario de ERC en la lucha por el objetivo político legítimo de conseguir la independencia”.

En su declaración ante el tribunal, Tardá ha defendido el carácter pacífico de las movilizaciones que se llevaron a cabo en Cataluña durante el periodo que se juzga, exactamente igual que han hecho los acusados como, sin ir más lejos, el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, que declaró el martes. “La movilizacion ciudadana ha sido hoy y en tiempos precedentes una forma de reivindicacion para hacer avanzar las ideas sociales dentro del marco democrático y el régimen de libertades que  hemos conquistado”, ha afirmado.

Sobre el asedio a la Consejería de Economía que se produjo el 20 de septiembre durante los registros de la Guardia Civil, ha recordado que tomó la palabra ante las 200 personas que se habían concentrado en un principio para pedir que no se cayera en ninguna provocación y que había que evitar cualquier tipo de violencia. “Tenía miedo de que hubiera infiltrados que provocaran violencia”, ha admitido y ha considerado que “todo había que hacerlo pacíficamente, a la catalana, cívica y pacíficamente”. Tardá ha utilizado uno de los dogmas del independentismo que es el pacifismo de su movimiento en contraste con la violencia que, según se ha dedicado a denunciar dentro y fuera de España, ejerce el Estado.

Precisamente, a esa violencia, la que se produjo el 1 de octubre cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad trataron de evitar las votaciones, se ha referido cuando ha asegurado que “en absoluto” pudo prever que se produjeran tales enfrentamientos. Ha recordado, además, que Margarita Robles, que entonces era portavoz del PSOE en el Congreso, pidió entonces reprobar a Soraya Sáenz de Santamaría por la “represión” del 1 de octubre. “La sorpresa y la indignación no solo afectó a los que la habíamos vivido, sino a cualquier demócrata, incluso a personas tan alejadas de nuestras tesis como Margarita Robles”, ha añadido. Ha tenido además palabras muy duras para el Rey por su discurso del 3 de octubre porque, según él, lo que hizo el monarca fue “avalar la represión” y “legitimar el a por ellos”, en alusión a los cánticos con los que fueron despedidos algunos guardias civiles y policías cuando abandonaron sus dependencias rumbo a Cataluña para impedir el referéndum. Esa intervención de Felipe VI llevó al PSOE, según  Tardà, a “retirar” el debate sobre la violencia policial del 1-O.

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