Al menos siete detenidos por tratar de impedir el desahucio de cuatro familias en Lavapiés

La comisión judicial que se ha personado este viernes en el edificio situado en el número 11 de la calle Argumosa, en el barrio de Lavapiés, ha procedido al desahucio de las cuatro familias afectadas por el lanzamiento. Los Agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional han detenido durante el deshaucio a siete personas, acusados de delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad.

Así lo ha indicado a los medios de comunicación la abogada y portavoz a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Alejandra Jacinto, para tildar de “salvajada” el lanzamiento de estas familias en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional.

Jacinto ha relatado que tres juzgados diferentes han acordado un lanzamiento “coordinado jamás visto” en el que decreta el desahucio de cuatro mujeres y sus familias, una de ellas con dos menores a su cargo, y advertía de la posible comisión de un delito de desobediencia y resistencia en caso de oponerse al lanzamiento, tanto a inquilinas como activistas.

De hecho, un fuerte dispositivo policial ha acordonado la zona y ha velado por el cumplimiento del lanzamiento, entre gritos de ‘vergüenza’. Aparte, la abogada de la PAH ha relatado que se han personado operarios de cara a tapiar las puertas.

Los arrestados son activistas antidesahucios que se han sentado cogidos fuertemente de las manos entre ellos en las escaleras de acceso a los pisos pendientes de desalojo. Los agentes, actuando a requerimiento judicial, han ido levantando uno a uno a estas personas, que llevaban puestos cascos azules, en alusión a las respectivas peticiones de la ONU solicitando que se paralizaran dichos alzamientos.

Alrededor de 200 personas entre vecinos y activistas se han concentrado frente a las viviendas para protestar por los desahucios, que afectan a cuatro familias entre las que hay un bebé de un mes y una persona discapacitada.

Varias personas han procedido a quitar carteles reivindicativos que colgaban en los balcones de la vivienda y colocar videovigilancia. Ahora, tratan de negociar la retirada de los enseres, dado que los letrados de los inquilinos no han podido estar presentes en el lanzamiento mientras que los de la propiedad sí.

Jacinto ha tildado de “vergonzoso” este dispositivo policial “sin precedentes” para un lanzamiento que vulnera el derecho a la vivienda y contribuye a la “especulación” inmobiliaria.

La respuesta del Ayuntamiento

Dos de las familias desahuciadas se irán a una pensión, otra a una plaza hotelera y una cuarta se instalará con familiares, han informado  fuentes municipales.

El Ayuntamiento de Madrid ha otorgado este recurso de emergencia habitacional a las cuatro familias desahuciadas “a la espera de tener una alternativa más estable”, según ha explicado la portavoz del Gobierno municipal de Ahora Madrid, Rita Maestre, y el delegado de Economía y Hacienda y presidente del distrito Centro, Jorge García Castaño, ante los medios de comunicación.

“Para las cuatro un recurso de emergencia, vamos a intentar inmediatamente, en el tiempo que podamos, 15 días, tener una alternativa más estable. Van a estar en un recurso habitacional del Ayuntamiento”, ha especificado Castaño, quien ha añadido que están en conversaciones con el Gobierno regional sobre esa alternativa “más estable”. Ambos se han mostrado “enormemente entristecidos” por estos desahucios.

Maestre ha asegurado que esto “no es un problema puntual, es estructural”, debido a que “no hay una regulación que impida que de la noche a la mañana a alguien con independencia de si su salario ha subido o no ha subido, se le pueda subir el alquiler un 300 por ciento”. “Este es el problema del que hablamos, las administraciones tenemos que construir vivienda pública, el Ayuntamiento tiene en marcha 3.400 y la Comunidad 300”, ha expresado a continuación. Así, Rita Maestre ha planteado al necesidad de que el Gobierno regional se plantee una ley de vivienda para Madrid “y en segundo lugar y más urgente, que el Congreso saque adelante ese decreto de vivienda”.

García Castaño ha explicado que este recurso de emergencia será tal hasta que se halle una “alternativa más sólida y más estable para familias desahuciadas”. Siguiendo la tónica de Maestre, ha hecho un llamamiento “a las administraciones que tienen competencia, a la comunidad autónoma que tiene que construir vivienda, que lleva prácticamente una década sin construir, y al gobierno central a que en estos últimos días se llegue a una acuerdo sobre el decreto de vivienda”.

Han recordado que este procedimiento de desalojo ha seguido hacia adelante pese a que “la ONU ha dicho de forma tajante que no debe producirse este desalojo mientras no exista alternativa habitacional”.

Sobre la tipología de este vivienda, Castaño ha indicado que “no es una de las viviendas vendidas a fondo buitre”, sino “una empresa que ha gestionado esta propiedad”. “Son varios propietarios, es una empresa. Hemos intentado mediar todos estos meses y no ha sido posible, planteándonos muchas posibilidades”, ha lanzado.