El abogado de Junqueras denuncia un ‘juicio político’, una ‘causa general’ contra el independentismo

El juicio más importante de las últimas décadas, el que sienta en el banquillo de los acusados a los líderes del ‘procés’ independentista catalán, ha arrancado este martes con las cuestiones previas planteadas por las defensas. Esas cuestiones previas son las que atañen a la competencia para juzgar la causa del propio tribunal, en este caso el Supremo, y al fondo mismo de la cuestión al tratar de delimitar qué se está juzgando: actos de violencia contra el Estado, como sostienen las acusaciones, o el legítimo derecho a la disidencia y a la protesta, como argumentan los abogados. La primera sesión del juicio ha supuesto la reaparición en público de los 12 acusados que estaban en prisión provisional. En primera fila, se ha sentado el exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, quien con gesto muy serio no se ha dignado saludar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ha asistido junto a dos de sus consejeros.

Junqueras, después de todo, se sienta en el banquillo mientras el jefe de filas de Torra, Carles Puigdemont, máximo responsable de la declaración unilateral de independencia que se produjo en Cataluña el 27 de octubre de 2017, está paseándose por la Berlinale, entregando premios y dando ruedas de prensa. A Junqueras, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 25 años de cárcel por rebelión, no le debe haber hecho ninguna gracia la declaración de Torra, el lunes, a Catalunya Ràdio afirmando que si las sentencias del juicio son condenatorias, está dispuesto a activar esa DUI para la que se siente ‘mandatado’. Declaraciones como esa no ayudan a relajar el clima de crispación ni predisponen a considerar que ha decaído el riesgo de secesión por las bravas de una parte del Estado español.

El caso es que Torra ha tenido que esperar desde las diez y cuarto de la mañana, cuando ha comenzado el juicio, hasta el segundo receso, pasadas las dos de la tarde, para estrechar la mano del líder de Òmnium, Jordi Cuixart, y de Junqueras, que en el primer descanso ha preferido dar dos besos a su mujer y ha ignorado al presidente. El saludo en el receso para la comida ha sido frío, tanto como el ambiente que reinaba en la sala de vistas donde los familiares de los presos han tenido que compartir el espacio con la parte del público en la que había un nutrido grupo de fans de Vox.

Junto al líder republicano, se han sentado en el banquillo el exconsejero de Exteriores, Raül Romeva; el exconsejero de Interior, Joaquim Forn; el expresidente de la ANC, Jordi Sànchez; el exconsejero de Presidencia, Jordi Turull; el exconsejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull; el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart; la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell; la exconsejera de Gobernación, Meritxell Borràs; el exconsejero de Justicia, Carles Mundó; el exconsejero de Cultura, Santi Vila, y la exconsejera de Trabajo, Dolors Bassa.

La disquisición sobre si estamos ante un juicio por un delito muy grave contra el Estado o si es un proceso inspirado por la persecución política a unas determinadas ideas ha centrado buena parte de la intervención del abogado de Junqueras y Romeva. “Esta es una causa general y prospectiva” del independentismo, ha denunciado Andreu Van den Eynde, para quien “estamos ante un vodevil procesal”. “Vamos a defender valores y derechos humanos”, ha proclamado, anticipando así lo que será el hilo argumental de su defensa con la que, en última instancia, pretende llegar hasta los tribunales europeos. “Nos encontramos ante un juicio excepcional porque se han producido excepciones que afectan al núcleo duro de los derechos fundamentales”, ha asegurado y ha esgrimido que “se ha violado el derecho a la libertad de expresión”.

El abogado ha hecho especial hincapié en esta tesis, para lo que ha recordado que “la arena política es un ámbito libre. La libertad de expresión protege incluso esas ideas que chocan u ofenden”. En este contexto, ha subrayado que “existe el derecho a la protesta. Protestamos porque estamos políticamente excluidos de algunas decisiones (…). Esta causa atenta contra el derecho a protestar”. En concreto, ha detallado que “la causa atenta contra los derechos de libertad ideológica, de expresión, de protesta, de reunión y de manifestación”. Ha llegado a pedir que se aplique el “Código samurai”, es decir el “juego limpio en la lucha”.

Este letrado se ha centrado especialmente en desacreditar la instrucción llevada a cabo por el Juzgado 13 de Barcelona y sus crítica más duras han ido dirigidas contra el teniente coronel de la Guardia Civil, Daniel Baena, quien firma los informes de este cuerpo sobre la organización del 1-O y la creación de estructuras de Estado, alegando que el tribunal no les ha permitido conocer si se trata de la persona que firma con el pseudónimo de Tácito en las redes sociales para cargar contra los procesados.

Como era previsible, Van den Eynde ha apelado al ‘caso Demirtas’ para sustentar jurídicamente toda su argumentación. Se trata de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que se conoció en noviembre de 2018 y por la que se pidió a Turquía que tomara las medidas necesaria para acabar con la prisión provisional del expresidente del partido de oposición prokurdo HDP Selahattin Demirtas, encarcelado desde hace más de dos años. La prolongación del encarcelamiento de Demirtas “persigue un objetivo predominante no reconocido, el de asfixiar el pluralismo y limitar el libre juego del debate político”, aseguró en su fallo la Corte europea. Según el Tribunal de Estrasburgo, con la actitud de Turquía, “es el sistema democrático en sí el que se pone en peligro y no sólo los derechos y libertades” de Demirtas, privado de libertad desde el 4 de noviembre de 2016.

Van den Eynde: ‘Los acusados, tratados como terroristas’

Uno de los momentos más duros de la exposición de Van den Eynde se ha producido cuando ha lamentado que a los acusados se les esté tratando peor que a terroristas con estas palabras: “La construcción simbólica de estos señores como asimilados a los terroristas sin derechos políticos, sin poder salir (…) es algo que debería valorar el tribunal”. El reproche venía a cuento de la suspensión de los acusados para ejercer sus derechos como diputados del Parlament catalán: “Se ha hecho una suspensión de funciones, indebida y contraria a la ley, a los cargos políticos. Y se les ha estigmatizado”. Una de las vías que las defensas pretenden utilizar ante la justicia europea cuando hayan agotado las instancias españolas es, precisamente, la persecución penal de determinadas actuaciones parlamentarias, pese a haber sido suspendidas por el Tribunal Constitucional. “La causa no puede impedir que se debata y se delibere sobre la independencia en un parlamento”, ha asegurado Van den Eynde, para quien “nadie en Europa entiende la severidad que se ha aplicado”.

El letrado ha denunciado que en la causa se aprovechó la imputación de buena parte del antiguo Govern y su ingreso en prisión para impedir el ejercicio de los derechos políticos con la prohibición de participar en la última campaña electoral en Cataluña. Asimismo ha mencionado el intento fallido de investidura de uno de los acusados, Jordi Turull, que fue candidato a la presidencia de la Generalitat e ingresó en prisión tras su procesamiento por orden del juez instructor de la causa, Pablo Llarena, un día antes de someterse al segundo debate de investidura en el Parlament. Más adelante, cuando fueron procesados en firme por rebelión, llegó la suspensión como diputados del expresident Carles Puigdemont, de Oriol Junqueras y de otros cinco exconsellers. Según el letrado, esta suspensión perseguía estigmatizarles. “¿Quiénes son los únicos a los que se les puede suspender de funciones cuando están procesados? A los terroristas. El uso de las palabras es intencionado”, ha criticado.

El abogado ha seguido enumerando: “Se les compara con golpistas, con nazis…” y ha lamentado la vulneración de la presunción de inocencia a través del proceso de criminalización que se ha desarrollado en la calle y en los medios. Ha mencionado como ejemplo de dicha vulneración el autobús fletado por Ciudadanos en contra de los indultos, dando por sentado que los acusados serán condenados.

Melero: una defensa ténica frente a la denuncia de parcialidad

Muy distinta a la de Van den Eynde ha sido la intervención de Xavier Melero, abogado de Joaquim Forn, que ha pedido que la causa contra su representado se acumule a la que se ha instruido en la Audiencia Nacional contra mandos de los Mossos d’Escuadra por su actuación en el 1-O. Melero, a diferencia del letrado que le ha precedido, considera que estamos ante un juicio “penal”, en el que por una parte se juzga a “unos autores materiales del levantamiento insurreccional” y,  por otro lado, “a unos cooperadores necesarios a quienes se les atribuye que no hicieron lo que debían hacer”. En este último supuesto se encuadraría su defendido, el exconsejero de Interior, contra quien la principal acusación sería, según él, la de su connivencia con el poder político mediante la conexión imprescindible de quien entonces formaba parte del Govern y tenía a su cargo la seguridad y el orden público. .

El abogado de Forn sí cree que respecto a su cliente se ha producido la vulneración del derecho a todas las garantías y la tutela judicial efectiva. “No podemos estar de acuerdo con la aplicación de la rebelión a este caso concreto”, ha afirmado, para añadir que las acusaciones contra el exconsejero Forn se fundamental tan sólo en atestados policiales que únicamente pueden valorarse como tales. En su escrito de acusación, la Fiscalía asegura que Forn impulsó un operativo policial para que el 1-O saliese adelante, pese al mandato judicial de que se impidiese. Indica que Forn, al igual que Junqueras, participó en la Junta de Seguridad de Cataluña, donde ambos fueron advertidos de posibles altercados violentos durante el referéndum ilegal del 1-O. Melero también ha insistido en la necesidad de que se cite como testigo al que fuera ministro del Interior en el momento de producirse los hechos enjuiciados, Juan Ignacio Zoido.

Pina: ‘Les pido que hagan de jueces, no de salvadores de la patria’

El tono más vehemente de Van den Eynde -bronco en ocasiones- lo ha recuperado el abogado Jordi Pina, que representa a los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull y al expresidente de la ANC, Jordi Sànchez. Para avalar las acusaciones de parcialidad contra la justicia española, Pina ha sacado a relucir el polémico whatsapp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que daba a entender que el presidente del tribunal, el juez Manuel Marchena, era la correa de transmisión de su partido en el Supremo. En ese mensaje, que según se supo luego no era suyo sino que había sido reenviado por él, se alababa la figura del magistrado y se decía: “Y, además, controlando la Sala Segunda desde detrás”.

Pina ha puesto varias peticiones sobre la mesa: que los acusados puedan declarar en catalán, su lengua materna; que la causa se traslade al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para preservar el derecho a la doble instancia penal (poder recurrir ante el Supremo la sentencia del TSJC, una posibilidad que queda descartada si es el TS el primero en sentenciar) y que testifiquen el Rey y el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por videoconferencia. Puigdemont estaba al frente del Govern cuando sucedieron los hechos que se juzgan y está procesado, pero no se sienta en el banquillo de los acusados por encontrarse fuera del país tras haber huido de sus responsabilidades ante la justicia.

Paralelamente al juicio, Puigdemont ha comparecido ante la prensa en Berlín, donde ha instado al Estado a “rectificar” y ha dicho que el único fallo “justo” es la “absolución”. A la pregunta de si no teme que unas elecciones anticipadas den el Gobierno a la derecha, con el apoyo/participación de Vox después de que el independentismo se haya declarado decidido a tumbar los Presupuestos de Pedro Sánchez, ha dudado durante unos instantes y ha reconocido la dificultad de ese eventual panorama.  “La derecha y la ultraderecha están lejos de dar facilidades”, ha comentado. Ha acusado al líder del Partido Popular, Pablo Casado, de ir con “una botella de gasolina” en la mano, provocando “incendios” y ha tildado de “franquista” a Vox. A su juicio, no ha habido avances con el actual Gobierno socialista porque, pese a ciertos mensajes, la situación está “en el mismo punto” que con el anterior Ejecutivo del conservador Mariano Rajoy. “El hecho de invocar la posibilidad de un relator independiente ha generado una crisis bestial. No quiero ni imaginar el día que podamos sentarnos a la mesa”, ha apuntado.

Todos estos asuntos relacionados con la actualidad política son los que se han cruzado con el arranque del juicio el mismo día, además, en el que ha comenzado en el Congreso el debate de totalidad de los Presupuestos que previsiblemente serán devueltos este miércoles. Pina, por cierto, no ha tenido ningún reparo a la hora de señalar directamente a los miembros del tribunal: “Les pido que hagan de jueces, no de salvadores de la patria, porque el proceso no va de esto”, les ha pedido para que no se dejen arrastrar por el ambiente que se ha instalado entre algunas fuerzas políticas y parte de la ciudadanía. “Mi ruego sería que a ustedes se les presumiera que son magistrados, no héroes nacionales”, ha insistido.

Salellas: ‘El juicio es una derrota colectiva de la sociedad española’

El abogado de Jordi Cuixart, Benet Salellas, ha manifestado que el juicio es “una derrota colectiva de la sociedad española”, pues “este proceso penal -ha dicho- se opone a la esencia propia del Estado democrático de derecho”. Salellas ni siquiera cree que el juicio deba comenzar “de la forma en que está formulado” porque, ha dicho, “si empieza, nosotros entendemos que el sistema de derechos y libertades habrá entrado en un universo de riesgos irreparables y desconocidos”.

Para reforzar la imagen de “vodevil procesal” que ha denunciado Van den Eynde, Salellas tampoco se ha referido a los delitos de los que se acusa a su defendido y ha preferido centrarse en la supuesta vulneración de derechos. Ha mencionado, por ejemplo, que “50 páginas del escrito de la Fiscalía se dedican única y exclusivamente a actos de manifestación pacíficos”, lo que supone un riesgo en caso de condena pues se estaría criminalizando el derecho fundamental a la protesta de cualquier ciudadano. Y al respecto ha puntualizado: “No existe derecho fundamental a la unidad territorial y sí existe el derecho fundamental a la reunión pacífica”. “¿Por qué creemos que puede producirse una vulneración de la libertad de expresión?” se ha preguntado también el abogado,  que en este punto sí ha leído una parte del auto donde se acusaba a Òmnium de protestar por la clausura de páginas web.

Arderiu: Forcadell se atuvo a las funciones propias de su cargo

La abogada Olga Arderiu, que defiende a la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell, ha recordado que la inviolavilidad parlamentaria se consagra en el Estatuto de Autonomía de Cataluña para proteger la libertad de expresión y el derecho a la participación política de los integrantes de la Cámara. En este contexto, la abogada ha destacado que todos los hechos que se imputan a la expresidenta del Parlament, -permitir la tramitación y aprobación de las denomnadas leyes de desconexión y de la convocatoria del referéndum del 1-O- se corresponden con las funciones propias de la actividad parlamentaria y deben estar protegidos por esta inviolavilidad.

Parte del discurso de esta letrada ha estado dirigido a criticar la labor del Tribunal Constitucional con respecto al asunto catalán, al considerar Arderiu que el órgano de garantías “ha estado intentando que la Mesa del Parlamento censurara el debate parlamentario”. Según su exposición, el hecho de que el resto de exparlamentarios acusados únicamente por desobediencia hayan sido remitidos para su enjuiciamiento al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) permite concluir que a Forcadell la Fiscalía le pide una pena de 17 años de cárcel por rebelión “sólo por ser quien es”, lo que constituye un trato claramente discriminatorio.

También ha aludido Arderiu a la relación de amistad “estrecha” de los dos fiscales generales del Estado que han participado en esta causa -el fallecido José Manuel Maza y el actual miembros de la Sala de lo Penal Julián Sánchez Melgar- con los magistrados que integran este tribunal. “”Estamos ante un instructor, una la sala, y dos fiscales que provienen del mismo órgano. Existe cierta complicidad entre fiscales y jueces”, ha dicho y ha considerado que “esta duda razonable debe ser suficiente para tomar medidas con tal de preservar la independencia del poder judicial”.

Bergès, Genè y Molins: quejas sobre la actuación de la Fiscalía

El abogado de Dolors Bassa, Mariano Bergès, ha acusado a la Fiscalía  de no mostrarles las pruebas antes del juicio. “A nosotros se nos ha privado del derecho de defensa”, ha lamentado y se ha quejado de la falta de tiempo con la que han contado los letrados para preparar la defensa. Además, se ha referido al manifiesto que firmaron más de 120 catedráticos para explicar por qué no veían el delito de rebelión en las actuaciones de los líderes del ‘procés’. “No es rebelión perseguir la secesión aunque fuese por cauces ilegales. Ni es rebelión concentrarse o manifestarse en contra del sistema constitucional”, ha explicado.

La abogada de Meritxell Borrás, Judith Gené, se ha unido a las críticas contra la Fiscalía tras relatar que solicitó por escrito la documentación que supuestamente demostraba la malversación cometida por su defendida y que se le denegó el acceso: “Lo que pedía es una prueba muy concreta, pertinente y necesaria desde el punto de vista de la defensa de mi clienta”. A su juicio, la Fiscalía se extralimita al acusar a su representada de los delitos de desobediencia y malversación para incluirla en el proceso “fraudulentamente”, según la palabra que ha utilizado.

Pau Molins, abogado de Santi Vila, el ‘exconseller’ que dimitió antes de la declaración de independencia aprobada por el Parlament, ha recordado que su defendido “dimitió justamente para marcar distancias como muestra contundente de su disconformidad ante esa decisón unilarteral”.

Tras la intervención de Molins, el presidente de la sala, Manuel Marchena, ha suspendido la sesión hasta este miércoles a las diez de la mañana.

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