Quién es quién: las tres acusaciones y los abogados defensores del juicio del ‘procés’

La Fiscalía, la Abogacía del Estado y VOX son las tres acusaciones que ejercen la acción penal en el juicio contra los 12 líderes soberanistas en el Tribunal Supremo, un núcleo que siempre calificó los hechos como una rebelión hasta que la Abogacía se desmarcó en el último momento al acusar por sedición.

Las sospechas de politización han acompañado siempre a las tres acusaciones, pero fue la renuncia de la Abogacía a calificar los hechos de violentos la que terminó con la sólida línea de actuación que hasta la fecha mantenían junto a la Fiscalía y Vox, un partido que ha encontrado en esta causa una visibilidad mediática innegable.

Una cuestión, la de la violencia, clave para dirigir la estrategia procesal de las acusaciones en la vista oral y sobre la cual pivotará gran parte del juicio para defender la rebelión, como sostienen Fiscalía y Vox, o la sedición, que ahora plantea la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia.

Pero antes de la ruptura entre las acusaciones hubo unidad, principalmente entre el Ministerio Público y Vox, que fueron de la mano desde el principio de la instrucción en la mayoría de las cuestiones, y luego con la Abogacía, puesto que esta entró en el procedimiento meses después al personarse por la malversación.

El origen del procedimiento estuvo en la querella que el exfiscal general del Estado José Manuel Maza presentó contra el Govern, un día después de la huida de Carles Puigdemont. Ahora bien, el recorrido desde entonces y las consecuencias para cada una de las acusaciones han sido muy dispares.

LA FISCALÍA

Suyo ha sido el peso de la acusación. Tres fiscales generales han intervenido en la causa -dos nombrados por el PP y otra por el PSOE- sin que se hayan producido fisuras en su estrategia. Todos ellos siempre manifestaron la autonomía que concedieron a los cuatro fiscales de Sala del Supremo, la más alta distinción en la carrera.

Con trayectorias jurídicas tan reconocidas como dispares, estos cuatro fiscales han dirigido la causa sobre el terreno: poco ha importado que tengan distintas sensibilidades, pues su unidad de actuación ha sido indestructible y ajena a cualquier tipo de presiones y de vaivenes políticos.

– Consuelo Madrigal: Fue la primera mujer al frente de la Fiscalía General del Estado (2015-2016) en sustitución de Eduardo Torres Dulce, de quien heredó la querella del 9N que supuso su toma de contacto con el proceso soberanista, pero no la única.

Suya fue la orden a la Fiscalía de Cataluña de querellarse contra Carme Forcadell, por prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional, al negarse a anular las resoluciones independentistas de ese organismo. Es conservadora y experta en asuntos de menores.

– Jaime Moreno: Otro fiscal que ha tenido contacto con el separatismo al participar en el juicio contra el exconseller Francesc Homs o en el recurso de Artur Mas, ambos por el 9N. Desde 2003 trabaja en el Supremo, donde ha intervenido en participado en causas como el 11-M y Faisán.

– Javier Zaragoza: Junto a Madrigal, es uno de los fiscales más firmes en su lucha contra el independentismo, lo que provocó que la CUP pidiera su reprobación en el Parlament. En su etapa como fiscal jefe de la Audiencia Nacional -en la que estuvo once años hasta 2017- lideró diversas causas vinculadas con el soberanismo.

Entre ellas, dirigió una investigación contra la Hacienda catalana y pidió hacer lo mismo contra cinco municipios catalanes por apoyar la declaración independentista del 9N. De corte progresista, es un experto en narcotráfico y terrorismo.

– Fidel Cadena: Fue el fiscal enviado a La Haya para tratar con su homólogo alemán la euroorden de Carles Puigdemont. Es fiscal de Sala del Supremo desde hace diez años, tras pasar casi 17 años en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

En el alto tribunal ha intervenido en el 11-M; el asunto del Solitario, el caso Bretón o el del Palau de la Música de Barcelona.

LA ABOGACÍA DEL ESTADO

El perfil bajo que ha mantenido desde su irrupción en febrero por considerarse el Estado como perjudicado por la malversación saltó por los aires cuando presentó su escrito de acusación sin una sola mención a la violencia, cuando hasta entonces nunca había objetado de la misma.

Esta acción fue vista como un guiño de Pedro Sánchez a los independentistas para lograr su apoyo a los presupuestos, un planteamiento rechazado de plano por Edmundo Bal, que le costó el puesto como jefe del departamento Penal de la Abogacía del Estado.

Bal fue destituido por la abogada general del Estado, Consuelo Castro, nombrada por Sánchez y quien alegó “pérdida de confianza” por sus discrepancias en la causa del 1-O, dado que Bal era firme defensor de acusar por rebelión a los lideres independentistas. Fue la propia Castro la que firmó el escrito de acusación.

– Rosa María Seoane: nueva jefa de lo Penal en la Abogacía del Estado en sustitución de Bal, tras ser secretaria general de Adif.

VOX

De las tres acusaciones es la que menos tiene que perder en esta causa. Más bien todo lo contrario. Siempre han sido los más duros con los procesados, y así sus peticiones de penas son el doble que las de la Fiscalía.

La exposición mediática que le proporciona el ser la única acusación popular en la causa es innegable y le ha proporcionado una visibilidad y un altavoz únicos ante la opinión pública con la lucha contra el independentismo catalán como bandera. Tanto es así que es el número dos de Vox, Javier Ortega, quien encabeza la estrategia procesal junto al abogado Pedro Fernández.

– Javier Ortega: Secretario general de VOX. Exmilitar que formó parte del cuerpo de élite de operaciones especiales, es un férreo defensor de la españolidad de Gibraltar. Es la cara visible del partido en su estrategia de querellas contra multitud de cargos públicos.

– Pedro Fernández: Vicesecretario jurídico de VOX. Es la mano derecha de Ortega en los tribunales.

LAS DEFENSAS

Conscientes de que llevan sobre los hombros el peso del que probablemente será el juicio de sus vidas, una docena de abogados de reputados bufetes de Barcelona se arremangan estos días la toga para preparar las líneas de defensa que esgrimirán ante el Tribunal Supremo a partir del 12 de febrero.

Mientras cultivan una imagen de unidad frente a las acusaciones, los letrados del juicio del procés trabajan en estrategias dispares, desde el enfoque más técnico al más ideológico, y no todos comparten por igual afinidades políticas con sus clientes.

Los que más peliagudo lo tienen, aquellos que representan a líderes políticos todavía en activo, como Oriol Junqueras (ERC) o Jordi Turull (PDeCAT), y que se enfrentan a la incómoda tarea de combinar la defensa jurídica con la táctica política: la mirada puesta en la sentencia y, de reojo, en las próximas lizas electorales.

ANDREU VAN DEN EYNDE: Oriol Junqueras y Raül Romeva.

Abogado de cabecera de ERC, Andreu Van Den Eynde es uno de los letrados más jóvenes de los que se sentarán en el Supremo, experto en ciberdelitos y en la responsabilidad penal de entidades jurídicas, lo que le sirvió para confeccionar la “compliance penal” o plan de prevención del fraude de la formación republicana.

Este descendiente de flamencos e hijo de troskistas -nació en 1975 en París, adonde su padre había huido de la policía franquista- dio sus primeros pasos entre 1998 y 2005 en el bufete Luis del Castillo, antes de montar su propio despacho, sin dejar de trabajar en el turno de oficio, que considera su cuota solidaria.

Van Den Eynde conoce la ofensiva jurídica del procés desde sus inicios: defendió a Carme Forcadell en las primeras querellas y el 20S presenció los registros de la Guardia Civil por los preparativos del 1-O, como abogado del exnúmero de dos Junqueras.

Activo en Twitter, donde desgrana su habitual socarronería, y en sus ratos libres guitarrista de la banda de trash metal “Vientos de Poder”, los escritos de defensa de Van Den Eynde rezuman carga política y continuas invocaciones al Tribunal de Estrasburgo; no en vano tiene puestas en la justicia europea sus esperanzas.

JORDI PINA: Jordi Turull y Josep Rull

Es quizá el rostro más mediático de los togados del procés, ya que durante la instrucción de la causa se ha prodigado en los platós con su vehemente defensa de la inocencia de los líderes independentistas y duras invectivas contra la cúpula judicial.

Penalista del prestigioso bufete Molins & Silva, hay pocas causas de corrupción política en las que no esté Pina, especialmente las que acechan a la extinta CDC: era el letrado de Jordi Montull cuando en 2017 los exresponsables del Palau de la Música delataron a la formación convergente, para sobresalto de sus élites.

Con un verbo incontenible y un estilo vehemente, Pina suele brillar en los informes finales: antológica fue su encendida defensa de la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau en el juicio por la consulta del 9N, salpicada de dardos políticos como sus escritos en la causa del procés.

Entre caso y caso, Pina fue elegido en 2017 vicedecano del Colegio de la Abogacía de Barcelona en la candidatura encabezada por Eugenia Gay -una lista plural que intentó sortear el debate independentista en tiempos difíciles para la equidistancia- y aún le queda tiempo para practicar aficiones tan catalanas como los viajes, buscar setas o el senderismo.

XAVIER MELERO: Joaquim Forn

“Rara avis” entre los abogados del procés, Xavier Melero no sólo no forma parte de los entornos convergentes o republicanos que se sentarán en el banquillo, sino que hace unos quince años frecuentó las reuniones en las que se fundó el partido que hoy está a las antípodas del procesismo: Ciudadanos.

Como Pina, Melero, de 61 años, es un defensor habitual de convergentes perseguidos por la justicia -Oriol Pujol o el extesorero de CDC Daniel Osàcar- y también formó parte del equipo de Pau Molins, hasta que en 2009 montó despacho propio con Judit Gené.

Aficionado al boxeo, su aspecto indolente y sus gafas de carey le dan un aire británico que adornan a la perfección su gusto por la ironía, que despliega tanto en sus intervenciones públicas como ante el tribunal y, a menudo, también en sus escritos.

Poco dado a exhibirse en los medios, entró en la sala de estar de los hogares de Cataluña cuando defendió al expresidente catalán Artur Mas en el mediático juicio del 9N, con una estrategia estrictamente jurídica -similar a la que urde en la causa del procés-, a riesgo de desentonar en ocasiones con la gallardía de su cliente ante el tribunal.

OLGA ARDERIU: Carme Forcadell

Reservada y discreta, la abogada de Carme Forcadell se curtió durante nueve años en el despacho Molins antes de emprender, en 2007, su andadura en solitario como fundadora del bufete MDA.

Nacida en Berga (Barcelona) hace 43 años, Arderiu es desde hace dos años diputada de la junta del Colegio de la Abogacía de Barcelona, donde fue vocal de la Comisión de Mujeres Abogadas, y tiene una larga trayectoria en ámbitos como la violencia machista y las políticas públicas en materia de género.

MARINA ROIG: Jordi Cuixart

La abogada del presidente de Òmnium Cultural, esquiva con la prensa y una de las caras del procés menos expuestas a los medios, se estrena en el Supremo en un asunto de calado político, tras haber llevado principalmente casos relacionados con el blanqueo de capitales y los delitos contra la administración pública.

Socia fundadora del despacho Roig & Bergés & Martínez y presidenta de la sección penal del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Roig confía su estrategia jurídica a una futura revisión del caso por parte del Tribunal de Estrasburgo y centra el debate en la autodeterminación como derecho humano: trató, sin éxito, llevar al juicio como testigos a referentes de ese ámbito como el filósofo Noam Chomsky o a dos Premios Nobel de la Paz.

MARIANO BERGÉS: Dolors Bassa

Cofundador del despacho de Marina Roig, el letrado de Dolors Bassa se embarca con los intríngulis políticos del “caso procés” tras una trayectoria centrada en la defensa de grandes empresas y multinacionales.

Es profesor asociado de Derecho Penal en la Universidad de Barcelona y en másteres de formación para acceder a la abogacía, así como experto en “compliance penal”.

JOSEP RIBA: Carles Mundó

Años de experiencia en la defensa de políticos, empresarios, banqueros o deportistas -exdirectivos de Javier De la Rosa, Eto’o o un exalcalde socialista se cuentan entre sus clientes- hacen de este abogado un referente en los juicios por delitos de “cuello blanco”.

Sereno y de trato exquisito dentro y fuera de la sala de vistas, Josep Riba, de 51 años, es miembro del reputado despacho barcelonés Morales Abogados y atesora una amplia experiencia docente, como profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) o Esade.

JUDIT GENÉ: Meritxell Borràs

Es otra de las abogadas formadas en el despacho Molins Advocats, donde conoció a Xavier Melero, con quien en 2009 montó un bufete propio que se ha convertido en referente para políticos convergentes investigados por corrupción.

Nacida en el pequeño pueblo ilerdense de Torà, Gené, miembro de la sección de derecho penal del Colegio de la Abogacía de Barcelona, trabajó también, durante un paréntesis de tres años, en el reconocido bufete Cuatrecasas de Barcelona.

PAU MOLINS: Santi Vila

Vástago de una de las emblemáticas familias de la burguesía catalana, y de las más acaudaladas de España, Pau Molins fundó en 1994 el despacho Molins & Silva, desde 2013 asociado al bufete que lidera Miquel Roca y erigido en uno de los más prestigiosos de Barcelona.

De 57 años, Molins compagina el ejercicio de la abogacía, que le ha llevado a representar en los tribunales a acusados ilustres como la infanta Cristina, el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell o el exministro y expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra, con su actividad en el consejo de administración de la centenaria empresa familiar Cementos Molins.