Ángel Garrido rechaza la última propuesta del taxi: “No vamos a aceptar la vía Colau”

El presidente madrileño, Ángel Garrido, ha dicho este viernes que si el sector del taxi pretende conseguir la contratación previa de los vehículos de transporte con conductor (VTC) por la "vía Colau" o por la "vía Carmena", la Comunidad de Madrid no lo va a aceptar. En declaraciones a los periodistas, Garrido se ha referido a la última propuesta elaborada por los taxistas, en la que renuncian a incluir en sus exigencias que sea la Comunidad la que fije un tiempo mínimo y una distancia para poder contratar el servicio de los VTC, y abren la puerta a que sea el Ayuntamiento de Madrid el que fije esas condiciones. Mientras, la Plataforma Integral del Taxi, de la que forman parte unos 700 taxistas de toda España, han interpuesto una macrodemanda contra Uber y Cabify por competencia desleal ante el Juzgado de lo Mercantil de Madrid.

El gobierno madrileño no va a aceptar nada que suponga la desaparición de los VTC en la Comunidad de Madrid, porque es positivo para la competencia y porque es un servicio que demandan los ciudadanos, ha subrayado el presidente regional, quien ha afirmado que cualquier acuerdo tiene que ser consensuado con los dos sectores.

La “vía Colau” ha conducido a 3.000 despidos y a la salida de los VTC de Barcelona, ha indicado el presidente regional antes de señalar que “la Comunidad de Madrid no va a colaborar en ninguna medida a que eso se produzca aquí”. Ha destacado que el hecho de que una ciudad europea como Barcelona pierda los VTC es “una auténtica tragedia” desde cualquier punto de vista, “mucho más “cuando hay en 3.000 tragedias de personas que habían encontrado un empleo, algunos de ellos en un momento complicado de paro de larga duración, y que se van a quedar en la calle con sus familias”. “Nosotros no vamos a colaborar con nada de eso, ni por la puerta delantera, ni por la puerta trasera. Si lo que se pretende ‘una vía Colau’ eso no lo vamos a aceptar”, ha insistido.

Tras precisar que la última propuesta de los taxistas está siendo analizada por la Consejería de Transportes, que dará una respuesta formal, Garrido ha recordado que la Comunidad de Madrid lleva cerca de sesenta reuniones con el sector del taxi y está “abierta las veinticuatro horas del día” para negociar con ellos y con cualquier otro colectivo.

Por su parte, el sector del taxi madrileño ha negado que con su nueva propuesta pretendan emular la “vía Colau” y han insistido en su voluntad de mantener “una negociación que hasta ahora no ha habido”.

En una rueda de prensa en la que se ha presentado a los medios esta nueva propuesta, el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz, ha explicado que se ha “suprimido” la fijación de un tiempo mínimo de precontratación para los servicios de VTC para que quede a “criterio” de la Comunidad o, en su defecto, de los ayuntamientos.

Los taxistas han pedido una “reunión urgente” a la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, para abordar el nuevo texto, que además elimina la exigencia de una distancia mínima en los trayectos de VTC y pretende que se habilite a las corporaciones locales para incrementar sus competencias en este ámbito.

En su última propuesta, el sector del taxi abría la puerta a que fuera el Ayuntamiento de Madrid el que establezca esas condiciones con la esperanza de reanudar las negociaciones con la Comunidad de Madrid para regular la actividad de estos vehículos, tras doce días de huelga. “Se lo vamos a poner fácil. Quitamos el tiempo y quitamos la distancia. Que la ponga él. Nosotros presentamos una propuesta sin líneas rojas”, afirmó Julio Sanz.

Como vienen haciendo diariamente desde el lunes, los taxistas se concentraron el jueves ante la sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol, y llegaron a instalar algunas tiendas de campaña durante la noche. 

Inicialmente, reclamaban que un usuario tuviera que pedir un VTC con seis horas de antelación, que después rebajaron hasta una hora, pero incluyeron también una distancia mínima de 5 kilómetros entre el usuario y el conductor.

El sector elimina ahora esas condiciones en su cuarta propuesta y abre la puerta a que sea el Ayuntamiento de Madrid el que regule estas cuestiones de tiempo y distancia con una ordenanza que “no pueda ser tumbada”, según el presidente de la Asociación Gremial del Taxi de Madrid, Miguel Ángel Leal, que ha augurado que las empresas que operan las licencias de este tipo de vehículos, como Uber y Cabify, “denunciarán”.

Renuncian a su máxima reivindicación y lo dejan “al arbitrio” del Ayuntamiento, aunque sí definen en el documento la captación de clientes y el regreso a base de estos vehículos tras dejar a un usuario. Con este nuevo texto esperan que la Comunidad no siga en su “cerrazón” y en su “prepotencia”, ha remarcado Leal, para que pueda solucionarse el conflicto.

Macrodemanda contra Uber y Cabify

Por otro lado, más de 700 taxistas de todo el país, vinculados a la Plataforma Integral del Taxi (PIT), han presentado una demanda civil millonaria contra varias plataformas y empresas del sector de los VTC por competencia desleal y preparan otras querellas contra personas jurídicas por blanqueo de capitales, estafa o manipulación del precio de las cosas mediante engaño.

La demanda, presentada esta mañana en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, ha sido interpuesta contra las operadoras que han impulsado en Madrid, Barcelona y otras ciudades, “el crecimiento de un mercado sobre prácticas ilegales sistemáticamente reiteradas al ignorar el sistema territorial de distribución de competencias en el Estado español”.

Las empresas demandadas por los taxistas son Maxi Mobility Spain (Cabify), Uber, Ares Capital, Cibeles Comfort Car y Gesstaxi Gestión, todas domiciliadas en Madrid.

El dirigente de PIT Alberto “Tito” Álvarez ha dicho a la prensa a la salida de los juzgados madrileños que las sociedades y plataformas denunciadas “utilizan las flotas de VTC para hacer el trabajo de los taxistas”.  Álvarez ha añadido que los taxistas preparan una querella, con pruebas y que “ya casi está terminada”, contra varias personas jurídicas por los delitos de blanqueo de capitales, estafa masiva fraude y manipulación del precio de las cosas mediante engaño.

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