Rajoy, Santamaría, Montoro, Mas y Torrent, entre los testigos del juicio del ‘procés’ que comenzará el 12

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha fijado el inicio del juicio contra los líderes independentistas por el 'procés' soberanista en Cataluña el próximo 12 de febrero. El retraso de una semana sobre la fecha prevista en principio responde a una petición de las defensas y a la voluntad del tribunal de actuar de la forma más garantista posible para no dar más argumentos a la campaña de desprestigio del secesionismo. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha protagonizado este viernes un acto que ha sido un paradigma de este tipo de propaganda. El Gobierno ha respondido pidiéndole responsabilidad y no agitar las emociones. Testificarán, entre otros, Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro.

En un mensaje leído primero en inglés y luego en catalán, claramente dirigido a la comunidad internacional a la que siguen apelando los independentistas para presionar al Gobierno español, el presidente de la Generalitat ha criticado una “oleada represiva” del Estado contra los presos soberanistas, y ha vuelto a pedir que Cataluña pueda ejercer el derecho de autodeterminación. Torra ha comparecido en la Galería Gótica del Palacio de la Generalitat, rodeado de todos sus consejeros, para advertir de que el juicio del Tribunal Supremo cambiará “para siempre Cataluña y su relación con el Reino de España”. El ‘president’ ha interpelado a los gobiernos europeos que, según él, tienen que intervenir para que España se incorpore de una vez por todas a las democracias occidentales, unas palabras con las que una vez más ha presentado la ficción de que Cataluña quiere liberarse de una dictadura de corte tercermundista. “Somos unos ciudadanos europeos con unos derechos y unas libertades que tienen que ser protegidas por las instituciones comunitarias”, ha asegurado.

Preguntada por esta declaración en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz, Isabel Celaá, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad. “Vamos a apaciguar las emociones” ha dicho y ha añadido: “Él (Torra) es libre de expresar lo que considere pero la moderación en la retórica suele ser bastante bien recibida a la hora de apagar pasiones que no son útiles para la resolución de los problemas”. La ministra ha subrayado que “Torra es un alto representante del Estado” y que como tal será tratado cuando acuda al Supremo para asistir al juicio. Sobre la no presencia de observadores internacionales, que el Supremo ha acordado, ha hecho hincapié en que el juicio del ‘procés’ tendrá “todas las garantías. Será televisado y tendrá toda la visibilidad y garantías de un Estado de Derecho”. Y sobre la relación entre dicho juicio y la negativa de los independentistas catalanes a apoyar los Presupuestos del Gobierno, ha recordado que los partidos deberían valorar la importancia de unas cuentas con las que se pretende “distribuir lo que la crisis había arrebatado a las personas más vulnerables”.

El comentario de Celaá se ha producido después de que la Sala que juzgará los hechos haya desestimado en un auto la petición de algunos acusados para que asistieran observadores internacionales recordando, como hizo el jueves el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, que al haber retransmisión en directo “todo ciudadano que quiera convertirse en observador nacional o internacional del desarrollo del juicio, podrá hacerlo”. Dice el tribunal que “la Sala coincide plenamente con la defensa a la hora de subrayar la importancia de observadores que conviertan su presencia en un sano elemento de fiscalización del ejercicio democrático de la función jurisdiccional”. Precisamente por ello“ha autorizado -superando así restricciones históricas todavía vigentes en la mayoría de los países de nuestro entorno- que las sesiones del juicio sean televisadas en directo y mediante streaming en la web”.

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y su exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría encabezan, por otra parte, la larga lista de testigos, entre los que también están el presidente del Parlament, Roger Torrent; el expresident Artur Mas, el exministro Cristóbal Montoro, el lehendakari Íñigo Urkullu, el diputado Gabriel Rufián y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. No han sido incluidos ni el expresident Carles Puigdemont ni la que fuera secretaria general de ERC, Marta Rovira, ambos huidos de la justicia y que también están procesados en esta causa. Tampoco comparecerá el rey Felipe VI por estar exento como marca la ley.

Entre los testigos descartados por el Tribunal Supremo se incluye aPilar Rahola, al estimar los magistrados que ”…son prescindibles las valoraciones de la testigo propuesta”.

Mención aparte merece el caso de Ignacio Cosidó, el portavoz del PP en el Senado, que cometió una grave indiscreción cuando, después de que su partido y el PSOE cerraran un pacto para la renovación judicial, cuando retuiteó un whatsapp en el que alababa la figura de Manuel Marchena, el candidato a presidir el Supremo y el CGPJ en estos términos: “Un presidente gran jurista con muchísima experiencia en el Supremo, que prestigiará el TS y el CGPJ, que falta le hace, con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0”. A lo que añadía acto seguido: “Y, además, controlando la Sala Segunda desde detrás”, en referencia a la Sala lo Penal, que es la que va a juzgar el ‘procés’. El pacto saltó en pedazos y Marchena será quien presida el tribunal del juicio por lo que las defensas han vertido dudas sobre su imparcialidad. Sin embargo, el tribunal no ha aceptado que Cosidó testifique porque considera que esas dudas “ya fueron hechas valer en el incidente de recusación tramitado ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo, incidente rechazado por unanimidad de los magistrados que integran esa Sala especial”.

El tribunal rechaza que le den una clase de Derecho internacional

Tampoco ha sido declarada pertinente la prueba pericial de Derecho internacional propuesta por Oriol Junqueras y Raül Romeva, encaminada a que un relator internacional y un experto independiente explicaran al Tribunal Supremo “el alcance actual y significado del derecho de autodeterminación”. Los magistrados argumentan que “la Sala no acepta una prueba encaminada a explicar a sus integrantes el alcance y significado de un derecho cuyo contenido material se obtiene a partir de las declaraciones internacionales suscritas por España y de la dogmática que se ha ocupado de su estudio. Hacer depender de la opinión de dos juristas -cuya neutralidad y preparación no se cuestiona- la conclusión acerca de la legalidad internacional del derecho a decidir, supone quebrar de forma irreparable el significado de la función jurisdiccional”.

Igualmente, el Tribunal Supremo no ha aceptado la testifical de relatores de Naciones Unidas, expertos en derechos humanos, premios nobel o intelectuales como Noam Chomsky y Paul Preston. Los magistrados argumentan que ”las valoraciones personales de relatores, premios nobel, lingüistas, o historiadores -algunos de ellos de un incuestionable peso intelectual y autores de una obra que merece la admiración y el reconocimiento colectivo- son prescindibles cuando son llamados a juicio para opinar…sobre los hechos objeto de acusación”.

En el banquillo de los acusados se sentarán el exvicepresidente Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, los exconsellers del Govern Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Meritxel Borrás, Carles Mundó y Santi Vila, el expresidente de la ANC y diputado de JxCat Jordi Sánchez, y el presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart. La Fiscalía pide penas de entre 7 y 25 años de prisión por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia, mientras que la Abogacía rebaja la horquilla a entre 7 y 12 años de cárcel, al acusar por sedición y no por rebelión, además de los otros delitos.

La vista oral arrancará el martes 12 de febrero con las denominadas cuestiones previas que podrían alargarse tres días y acaparar la primera semana puesto que el juicio se celebrará en sesiones de mañana y tarde de martes a jueves, para evitar a los presos los trasiegos de idas y venidas permanentes ya que tardarán una hora aproximadamente en llegar desde las prisiones de Madrid. De esta forma no sería hasta la tercera semana de febrero cuando den comienzo los interrogatorios a los 12 acusados, con Oriol Junqueras en primer lugar. Hasta la fecha del juicio, los presos permanecerán en los centros penitenciarios de Soto del Real (los hombres) y Alcalá Meco (las mujeres), toda vez que este viernes se está produciendo el traslado desde las cárceles catalanas, a donde llegaron el pasado junio tras el cierre de la fase de instrucción.

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