Podemos da un serio aviso al Gobierno y tumba su decreto del alquiler votando con PP, Cs, ERC y Bildu

El Gobierno de Pedro Sánchez ha sufrido este martes su primera gran derrota parlamentaria, no tanto porque haya sido rechazado uno de sus decretos leyes, sino porque era uno de los más emblemáticos desde el punto de vista social y por lo que su fracaso tiene de anticipo de lo que puede suceder con los Presupuestos. Entonces, el PSOE necesitará los mismos apoyos que dieron la victoria a la moción de censura contra Mariano Rajoy. Y, entre todos ellos, el de mayor peso es Unidos Podemos que con sus 67 o 71 diputados, dependiendo de lo que haga Compromís, es esencial para construir esa mayoría. Pues bien, el grupo que lidera Pablo Iglesias ha votado no al decreto por el que se revierte la reforma introducida en 2013 por el Gobierno de Rajoy en el mercado de los alquileres si no se establecen topes a los precios.

El Pleno del Congreso ha derogado la norma por 103 votos a favor, 243 en contra y 1 abstención. Los votos en contra han sido de PP, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC y Bildu. Lo han respaldado el PSOE, Coalición Canaria, Compromís, PDeCAT y PNV.

El rechazo de los morados ha sido anunciado por la portavoz del grupo, Irene Montero, nada más llegar a primera hora de la mañana cuando ha recordado que el decreto no recogía los acuerdos que firmaron en octubre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, entre los que sí se incluye el compromiso de limitar el coste de los arrendamientos. Unidos Podemos y el PSOE han seguido negociando hasta el último minuto aunque era difícil que se superaran los impedimentos jurídicos y constitucionales que alega el Gobierno para intervenir los precios de los alquileres. De hecho, el Ejecutivo busca fórmulas alternativas que produzcan el mismo resultado pero que estarían listas a medio plazo: la ampliación de la oferta de vivienda pública y una reforma fiscal que compense a los arrendatarios.

Por eso, el ministro de Fomento, que ha defendido el decreto, ha insistido mucho en que se trata de un primer paso, una “primera respuesta” del Gobierno para actuar contra la falta de acceso de vivienda en el país, que continuará con el impulso de una nueva Ley estatal de vivienda, “la primera de la democracia”, según ha destacado. José Luis Ábalos ha ofrecido así a los grupos la posibilidad de presentar enmiendas durante la tramitación de la ley para introducir las mejoras que estimen oportunas.

La ley, según el ministro, impedirá que los fondos buitre se queden vivienda social y permitirá ampliar la oferta del alquiler a través de diferentes medidas. Entre ellas, la posibilidad de utilizar “todo el suelo público disponible”, la introducción de “mejoras” en el Plan de Vivienda, la movilización de recursos públicos en colaboración con agentes privados y la construcción de 20.000 viviendas dirigidas al alquiler “social y asequible”. Asimismo, ha apuntado que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrecerá a la oposición un Pacto de Estado por la Vivienda. “Se trata de una oportunidad que no debemos perder. Las oportunidades se presentan y se aprovechan o se desaprovechan”, ha subrayado Ábalos, quien ha aprovechado para criticar la reforma del PP, la reforma ultraliberal de la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos) que, a su juicio, lejos de “estimular” el mercado, desencadenó “subidas desorbitadas y dio pábulo y cobertura a maniobras especulativas”.

A lo que no ha aludido el titular de Fomento es al control de precios, cuya ausencia no solo ha provocado que Unidos Podemos y ERC anunciaran su voto en contra sino también que formaciones como el PDeCAT, PNV o Compromís, que sí querían avalar el decreto, lamentaran la insuficiencia de las medidas impulsadas por el Ejecutivo. Además de no contemplar una regulación de los precios de los alquileres para marcar un límite en determinadas zonas de las ciudades, las más tensionadas, el decreto no incluye que las subidas se produzcan solo conforme al IPC, la definición de vivienda vacía o un preaviso de 6 meses en el contrato de arrendamiento, otras exigencias que planteó Unidos Podemos en el pacto que firmó con Sánchez.

“Hoy votaremos en contra de este decreto, y sin embargo nuestro voto no busca humillarles, ni hacerles daño ni deshacer la mayoría de progreso que se generó en la moción de censura”, ha defendido la portavoz de En Comú Podem, Lucía Martín, justificando esta posición como “un acto de responsabilidad y reivindicación” del acuerdo presupuestario. Martín ha mostrado su convencimiento de que se podrá “reconducir” una situación que, para ellos, es “incómoda”, y ha celebrado que, en los encuentros en los últimos días con el Gobierno han “avanzado más en dos tardes que en dos meses”.

Por su parte, la portavoz de Vivienda del PSOE en el Congreso, Mar Rominguera, ha cuestionado que Unidos Podemos haya optado por “votar con la derecha”, y ha asegurado que el Gobierno tiene “voluntad” por “controlar” los precios del alquiler. “No es no hacerlo, sino hacerlo bien”, justificando que, para ello, antes es necesario establecer un índice de precios y que, anticiparse sería “invadir” competencias autonómicas. Por ello, Rominguera ha reclamado el apoyo de Unidos Podemos, asegurando que “de nada vale salir megáfono en mano a reivindicar el derecho a la vivienda si, a la hora de la verdad, evitan que se puedan adoptar medidas urgentes”. “Eso sí es responsabilidad”, ha espetado.

Tardá ve “caradura” que el PSOE cuente con ERC por ser de izquierdas

Pero Unidos Podemos no es el único grupo que ha expresado su decepción con el decreto. Para ERC, el ministro de Fomento no ha sido “valiente” con las medidas antidesahucio que no permiten a los ayuntamientos tener mayores recursos o con el freno a los fondos de inversión “buitres”. El portavoz de los republicanos, Joan Tardá, ha lamentado que el PSOE tan solo les ha llamado en una ocasión “y para nada” con motivo del pleno de este martes. “Es un tanto antiguo considerar que por el hecho de que hay unas siglas en las que se incluye la palabra socialista, el resto de las izquierdas tengamos que votar todo de recibo”, ha dicho y ha insistido en reprochar que es “un poco caradura” que los socialistas crean que siempre votarán favorablemente. A su juicio, se trata de “una forma de hacer muy chapucera que no se corresponde con la fuerza que tienen” los socialistas con sus 84 diputados.

En contra, aunque por motivos distintos, se ha pronunciado el PP. Su diputada Ana María Zurita ha señalado que el decreto del Ejecutivo son medidas “sueltas y aisladas” que dan incertidumbre y “espantan” a todos los agentes del mercado de la vivienda, ya que no incrementan la oferta y “estrangulan los precios”. Es decir, ha defendido los aspectos más lesivos para quienes tienen que vivir de alquiler de la reforma de 2013. Algo parecido ha hecho Ciudadanos, cuyo diputado Miguel Ángel Garaulet ha aseverado que el precio medio del alquiler está todavía por debajo del de antes de la crisis y ha reprochado que el decreto no apueste por una política de vivienda social y por la colaboración público privada. “Su prioridad son sus acuerdos con los populistas de Podemos y sus socios le van a votar que no. Vayan ustedes con cuidado”, ha avisado a los socialistas tras afirmar que el decreto tiene medidas cortoplacistas.

Entre los que sí han respaldado el decreto, el diputado del PDeCAT Feliu Joan Guillaumes i Rafols ha pedido medidas que incentiven fiscalmente el alquiler e índices de referencia de precios que sean competencia autonómica, mientras que el diputado del PNV Iñigo Barandiarán ha solicitado que se tramite como proyecto de Ley para regular los precios abusivos y los pisos turísticos. La diputada de CC Ana Oramas ha afirmado que vota a favor, pero también ha defendido que se tramite como un proyecto de Ley porque no tiene en cuenta a las Comunidades Autónomas y no permite que puedan utilizar su superávit en este ámbito como inversión financieramente sostenible. Marta Sorlí, de Compromís ha incidido en que el Gobierno obliga a elegir entre “lo malo y lo peor” y sus diputados han optado por votar “lo malo”, aunque se quede “corto”.

La pérdida de esta votación supone que el decreto decaiga, así como que dejen de estar en vigor medidas que fueron  publicada en el BOE en diciembre de 2018 como la ampliación de la prórroga de los contratos de alquiler de tres a cinco años o que los avales que el propietario pide al inicio del contrato, y que son independientes del mes de fianza, no puedan exceder el importe de dos mensualidades.

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