Sánchez fía el gasto social de sus Presupuestos a una recaudación récord por la subida de impuestos

El Gobierno ha dado el visto bueno a su anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 sin tener garantizados los apoyos indispensables para sacarlos adelante en el Parlamento pero con mucho optimismo, el mismo que le ha llevado a disparar el gasto social para “recuperar los derechos maltratados por el anterior Ejecutivo”, en palabras de la ministra portavoz, y a prever que podrá sufragarlo con una recaudación récord de más de 227.000 millones, la más elevada de la historia, y casi 20.000 millones más que el cierre del año pasado. Isabel Celaá ha presentado las cuentas diciendo que pretenden “blindar el Estado del Bienestar”, un mensaje dirigido a la extrema derecha de Vox. Y no ha sido el único que le han enviado a ese partido Isabel Celaá y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El segundo mensaje a Vox ha llegado cuando Celaá ha destacado que los Presupuestos defienden el diseño de un modelo territorial constitucional, afirmando que se trata de fortalecerlo con unos Presupuestos que no son centralistas sino que abogan por las Comunidades Autónomas. “Buscan el equilibrio, la convivencia y la unión”, ha incidido. Ha sido la respuesta de la portavoz a la defensa que hace Vox del centralismo, la devolución de competencias autonómicas al Estado y, en definitiva, la eliminación de las comunidades autónomas.

Mensaje a Vox puede considerarse también la declaración de Celaá de que estos Presupuesto buscan “huir de un pasado en blanco y negro” e incluyen un incremento en materia de lucha contra la violencia machista, una clara réplica a “aquellos que pretenden retirar ayudas o destrozar pactos que se han conseguido con mucho esfuerzo”.

Por lo demás, las cuentas del Estado para este año tendrán que ajustarse a la senda de déficit vigente, la aprobada por el Gobierno del PP, después de que el Parlamento rechazase dos veces los objetivos más flexibles propuestos por el Ejecutivo socialista. Esto fuerza a ajustar a la baja el techo de gasto informado en julio a las Cortes, que se elevó un 4,4 % hasta 125.064 millones de euros.

Para el Estado se trata solo de una décima de diferencia, lo que obliga a restar unos 1.200 millones de gasto que podrían repercutir en un menor crecimiento de la inversión estatal, aunque a ello se suma el menor crecimiento previsto para este año, que el Gobierno ha rebajado una décima, del 2,3 al 2,2 %. Supone, además, dos décimas de diferencia para la Seguridad Social y otras dos décimas para las Comunidades Autónoma, que serán las más perjudicadas por tener que ajustar el objetivo global para el conjunto de las administraciones al 1,3%, en lugar del 1,8% que pretendía el Ejecutivo.

Respecto al nuevo cuadro macroeconómico elaborado por el Ejecutivo, se ha elevado la tasa de paro prevista para este año dos décimas, hasta el 14%, como consecuencia de un menor crecimiento económico derivado de la contención en una décima del consumo privado y de la aportación negativa, también de una décima, del saldo exterior. El cuadro incluye que la deuda pública cierre 2018 en el 96,9% del PIB, una décima menos de lo previsto en el proyecto presupuestario presentado en octubre, para contenerse hasta el 95,4% en 2019, con lo que, según la ministra de Economía, se duplica el ritmo de contención respecto a años anteriores.

“La economía española sigue en una senda de crecimiento sólido, que el Gobierno espera que se mantenga en 2019”, ha dicho Nadia Calviño. “Las nuevas previsiones responden al hecho de que los Presupuestos se han ajustado en línea con el mayor ajuste fiscal”, ha añadido y ha destacado que “todo apunta a que el cuarto trimestre de 2018 sería incluso mejor que los anteriores en crecimiento económico (cuando marcó un aumento del 0,6%)”. Además, ha asegurado que “la tendencia del mercado laboral sigue siendo muy positiva”.

La carga social de los PGE gracias al gran aumento de la recaudación

Sánchez quiere dar un impulso a las políticas sociales y para ello los Presupuestos recogen distintas medidas. Tras haberse aprobado ya el alza del 1,7% de las pensiones -3% para las mínimas- el incremento salarial de los funcionarios de al menos un 2,25% o el aumento del Salario Mínimo a 900 euros, las nuevas cuentas fijan un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, la subida de un 1% en el de Patrimonio, la rebaja del tipo del 25% al 23% en Sociedades para pymes que facturen menos de un millón de euros, y la bajada del IVA de servicios veterinarios y de los productos de higiene femenina.

También se prevé en estas cuentas la supresión del copago farmacéutico, el aumento de las becas para estudio y ayudas para material escolar en etapas obligatorias (con un coste de 536 millones); un aumento del 40% de la dotación de Dependencia (515 millones) y el Plan de Eficiencia Energética de Hogares Vulnerables (Feder) (400 millones). Otras medidas en este apartado que se derivan del acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Podemos firmado el pasado verano son la recuperación del subsidio para mayores de 52 años; la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores (coste de 315 millones) y el aumento del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas. De todas ellas las que conllevarán un menor coste serán la financiación a la Ciencia (273 millones), vivienda (173 millones), ayudas para el material escolar (50 millones) y comedor (25 millones), para cultura y cine (20 millones), el Pacto contra la Violencia de Género (20 millones) o las oficinas de despoblación (10 millones).

Para afrontar todo esto, el Gobierno confía en una recaudación récord de 227.356 millones de euros, un 9,5% más respecto a lo recaudado este año, debido al crecimiento económico y a las medidas fiscales incluidas en las cuentas, entre las que destaca el incremento del Impuesto sobre Sociedades, cuya recaudación crecerá un 14,1%, hasta los 27.579 millones, debido al alza del tributo para las grandes empresas. Asimismo, los ingresos por el IRPF crecerán un 4,9% respecto a la recaudado este año, hasta los 86.454 millones, mientras que el IVA recaudará en 2019 78.307 millones, un 11,7% más. Los ingresos por impuestos especiales sumarán 23.057 millones, un 11,8% más; y otros ingresos tributarios recaudarán 11.959 millones, un 16,4% superior al cierre de 2018. En conjunto, los ingresos tributarios ascenderán a 128.930 millones, un 11,9% más.

Se contempla la supresión de la bonificación del diésel respecto a la gasolina, lo que supondrá un incremento del precio del gasóleo de 3,8 céntimos por litro para los consumidores particulares. La ministra de Hacienda ha señalado que esta decisión “no tiene impacto en el gasóleo profesional, ya que quedan fuera los profesionales del transporte, incluidos los profesionales agrarios”. Según ha detallado, la Agencia Tributaria tiene capacidad para identificar cuando se utiliza el combustible con carácter profesional y se están estudiando las singularidades de cada sector para hacer posible un sistema de información que permita discriminar cuándo la empresa o el autónomo hacen mayor uso del transporte y lograr que no se encarezca el precio.

Además, ha resaltado que el 30% de la recaudación que generará este incremento del precio del gasóleo, que se contabilizará en 2020, se destinará a medidas de impulso a la movilidad sostenible, algo “fundamental” para la renovación del parque automovilístico español y también para ayudar a las empresas en una política de transición que es “imprescindible” para ganar valor añadido, mejorar competitividad y para ayudar a la industria a que sea capaz de adaptarse a los nuevos requerimientos y retos del siglo XXI.

Los ingresos no tributarios sumarán los 25.745 millones de euros, en este caso supone un descenso del 2,6% respecto al avance de liquidación de 2018. De esta forma, el total de ingresos no financieros alcanzarán los 154.675 millones, un 9,2% más.

Unos Presupuestos ‘a priori’ sin apoyos y con una mayoría en contra

Tras la luz verde del Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda llevará el próximo lunes el proyecto al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria, que se prolongará durante unos tres meses. Este proceso sigue rodeado de muchas incógnitas ya que para sacar adelante sus cuentas el Gobierno necesita contar con el respaldo de los grupos que permitieron que triunfara la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa. Esa fue la mayoría que a finales de diciembre permitió aprobar la nueva senda de déficit del Ejecutivo que posteriormente tumbó la mayoría absoluta del PP en el Senado.

Ahora, sin embargo, tanto ERC como el PDeCAT han reiterado su negativa a aprobar los Presupuestos de Pedro Sánchez, vinculando su decisión a la ausencia de lo que llaman “una solución política” para Cataluña. No obstante, sí se han abierto a la posibilidad de permitir su tramitación, lo que supondría renunciar a presentar una enmienda a la totalidad y asegurar el rechazo de las que presenten otras formaciones. ERC condiciona su apoyo a que la Abogacía del Estado retire la acusación de sedición contra los políticos catalanes presos y el PDeCAT reclama una mesa de diálogo con propuestas concretas para Cataluña. Los independentistas no consideran suficientes las inversiones adicionales para Cataluña incluidas por el Gobierno.

Esas inversiones, que son otra afrenta a las posiciones de Vox, las cuantificará Montero el próximo lunes en el Congreso, pero la ministra ya ha negado tajantemente que se trate de una contrapartida. Las ha defendido en el marco del cumplimiento de la ley porque es lo que se contempla en el Estatut y lo que ocurre ahora es que se procede a una reparación del incumplimiento en el que se ha incurrido durante años.

El caso es que para superar los votos en contra de PP, Ciudadanos, UPN, EH-Bildu, Coalición Canaria y Foro Asturias, que el pasado mes de diciembre rechazaron los objetivos de déficit de Sánchez, el Gobierno necesita sumar a los votos del PSOE los apoyos de Unidos Podemos, con quien ya firmó un acuerdo presupuestario, pero también de Compromís, PNV, Nueva Canarias, ERC y PDeCAT. De repetirse los mismos rechazos que tumbaron la senda de estabilidad, al Gobierno no le valdría un apoyo y una abstención, ya que necesitaría que tanto ERC como PDeCAT rechazaran las enmiendas y votaran junto a los partidarios de tramitar las cuentas.

La ‘solución política’ que quieren ERC y PDeCAT y la presión de Podemos

La ‘solución política’ que demandan los independentistas incluiría una fórmula para ejercer la autodeterminación y resolver la situación de los presos, los líderes del ‘procés’ que están pendientes de juicio. Una vez más, Celaá ha diferenciado los que corresponde a los distintos poderes del Estado: “Lo que corresponde a los tribunales hacer no lo hará el Ejecutivo”. Y ha insistido: “El Gobierno no entrará para nada en asuntos que corresponden al poder judicial”.

Montero, por su parte, se ha declarado optimista respecto a la aprobación de las cuentas. “Me parece muy difícil que formaciones que defienden los intereses de Cataluña puedan obviar estos Presupuestos”, ha asegurado refiriéndose al paquete de medidas sociales que contemplan.  También Calviño ha expresado su extrañeza ante la posibilidad de que no solo ERC y el PDeCAT, sino también el PP y Ciudadanos, hagan fracasar el proyecto. “Tendrán que explicarlo”, ha considerado.

Sobre el apoyo de Podemos a las cuentas de Sánchez también hay algunas dudas después de que los dirigentes del partido morado hayan amenazado con retirar el respaldo que habían comprometido si no se ponen en marcha iniciativas para limitar el precio de los alquileres. La ministra de Hacienda, que mantuvo el jueves una reunión con la formación de Pablo Iglesias, ha explicado que en ese encuentro se constató que “lo que tiene que ir en el proyecto de Presupuestos va”. Y es que, tal y como ha recordado, “lo que se firmó con Podemos fue un acuerdo político más amplio”, que habrá que desarrollar más allá del proyecto presupuestario. “Este Gobierno cuando firma un acuerdo lo cumple”, ha asegurado Montero.

“El Gobierno tiene una preocupación por los precios de alquiler y por la situación en que quedan las personas más vulnerables ante el alza desproporcionada de los precios de alquiler”, ha señalado por su parte la titular de Economía, que ha recordado el decreto ley pendiente convalidación por el Congreso que ya se ha aprobado y en el que, entre otras medidas, se contempla la ampliación del plazo de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de vivienda de 3 a 5 años y se limitan las garantías adicionales a la fianza, hasta un máximo de dos mensualidades.