Varios ex altos cargos se plantean una querella colectiva contra Villarejo y el BBVA por las escuchas

Varios de los ex altos cargos afectados por las escuchas masivas que supuestamente hizo el excomisario José Manuel Villarejo por encargo del BBVA de Francisco González en plena operación de asalto al banco del PSOE y Sacyr se plantean presentar una querella criminal, según ha informado este viernes ‘El País’. Esta demanda iría dirigida contra Villarejo, su empresa, Grupo Cenyt, así como contra el BBVA que supuestamente le contrató para hacer el espionaje.

El excomisario llegó a facilitar a directivos de BBVA el detalle de hasta 15.000 contactos telefónicos, obviamente sin ningún control judicial, para que la entidad pudiese adelantarse a los movimientos del denominado ‘grupo hostil’, nombre que Villarejo daba a aquellos empresarios y políticos cuyo objetivo era derrocar a Francisco González.

Entre los afectados hay decenas de personalidades del mundo de la política, empresas e incluso medios de comunicación como la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega; el exministro Miguel Sebastián; el entonces presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe, así como el vicepresidente, Carlos Arenillas; el ex director general del BBVA y expresidente de Intermoney, José Pérez, y los empresarios Luis del Rivero y Juan Abelló, entonces presidente y vicepresidente de Sacyr.

Entre los numerosos pinchazos, El Confidencial ha revelado este viernes una conversación que figura en un informe bajo el encabezamiento de ‘Trampa’ que el propio Villarejo entregó al BBVA con fecha del 4 de febrero de 2005. En este documento aparece transcrita una conversación a tres bandas entre Ignacio Rupérez, jefe del servicio de estudios del Banco Santander en aquel momento, Miguel Sebastián y María Teresa Fernández de la Vega. En esta conversación,la entonces vicepresidenta del Gobierno habría tranquilizado a un cargo del Santander ante los problemas judiciales que tenía Emilio Botín en la Audiencia Nacional por el caso de las cesiones de crédito.

La información de ‘El Confidencial’ incluye al parecer decenas de tablas de Excel con datos de casi 4.000 números de teléfono diferentes que, durante los casi tres meses, entre diciembre de 2004 y febrero de 2005, que duró el encargo de BBVA, se pusieron en contacto por un motivo u otro con alguno de los objetivos principales de la llamada ‘operación Trampa’.

La entidad acordó pagar al comisario un mínimo de 360.000 euros más IVA (417.600 euros), más un pago adicional de otros 120.000 euros tras el éxito de la operación.

El caso es que al final Sacyr renunció a la operación y para ello tuvo un papel muy importante el presidente del Banco de España, Jaime Caruana, que puso trabas a la operación desde el principio y advirtió a la constructora de que si llegaba al 5% del BBVA, el regulador analizaría la “idoneidad” de que una empresa de este sector tomase una posición tan predominante en un banco tan importante.

La CNMV sigue con atención el escándalo

Tras la publicación de esta información, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está analizando las consecuencias de estas supuestas escuchas en dos ámbitos, según ha informado El País. Por un lado, el supervisor de los mercados quiere comprobar si existen riesgos patrimoniales por este escándalo, es decir si existieron pagos y si se reflejaron adecuadamente en la contabilidad o si se recibió alguna sanción, comprobar si constan.

Por otro lado, la CNMV quiere averiguar si realmente se produjeron escuchas del expresidente de este organismo, Manuel Conthe, y su vicepresidente, Carlos Arenillas, qué información se pudo obtener y qué actuaciones pudieron realizarse con ellas, si es que existieron.

La CNMV reafirma su voluntad de colaborar con la justicia si este caso llega a la Fiscalía o a los tribunales.

Por su parte, el BBVA ha revelado, en una declaración institucional difundida en la tarde de este jueves, que abrió el pasado mes de junio una investigación sobre la contratación y los servicios prestados por la firma Cenyt, propiedad de Villarejo, y asegura que tomará “las medidas internas que procedan” si se acreditara la existencia de irregularidades, además de llevar a cabo las acciones judiciales pertinentes. Aparte de esta investigación interna, la entidad que actualmente preside Carlos Torres Vila solicitó a un despacho externo de abogados una revisión independiente de los hechos y de la documentación disponible. Ambas actuaciones están en curso en la actualidad.

La declaración institucional dice así: “En relación con las informaciones publicadas sobre el Grupo Cenyt, que de ser ciertas revestirían una indudable gravedad, BBVA manifiesta que en junio de 2018 inició una investigación sobre la contratación y los servicios prestados por dicha empresa. Además solicitó a un despacho externo de abogados una revisión independiente de los hechos y de la documentación disponible. Ambas actuaciones están en curso en la actualidad”.

“Si en las investigaciones se acreditara la existencia de irregularidades, BBVA tomará las medidas internas que procedan y llevará a cabo las acciones judiciales pertinentes”, señala.