El Constitucional plantea indemnizar a los presos provisionales que terminen siendo absueltos

El Govern impulsa una ley para poder aplicar normas recurridas al Constitucional

El Tribunal Constitucional tiene previsto estudiar en uno de sus próximos plenos la posibilidad de que los presos provisionales que terminen siendo absueltos sean indemnizados, como ya sucede en otros países. En la actualidad no tiene lugar indemnización alguna y en 2017 se presentaron 122 reclamaciones de indemnización y únicamente se atendieron siete.

El debate entre los magistrados llega cuando algunas voces ponen en tela de juicio la conveniencia o no de la prisión provisional de los políticos presos por el ‘procés’. En la actualidad, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece esa limitación que podría ser próximamente anulada.

La decisión preocupa al Ministerio de Justicia no sólo en términos económicos sino por el embrollo legal que supone. El Gobierno, si finalmente los magistrados toman esa decisión, tendría que verse obligado a establecer un baremo de cantidades económicas por cada día de prisión como ya sucede en otros países. A modo de ejemplo, Alemania paga 25 euros por día como indemnización.

La decisión del Tribunal de tratar este asunto llega después de que diversas sentencias llegadas desde Estrasburgo han terminado con condenas a España. En concreto, se cuestiona a la Justicia española por hacer distinciones entre absueltos cuya inocencia es clara y aquéllos en los que había dudas sobre su culpabilidad.

Para unificar ambos casos, la Justicia española optó por la vía más restrictiva y por limitar las indemnizaciones pero ahora parece querer atender a la petición de Estrasburgo de que en los dos casos deben tener derecho a ser indemnizados.

El Govern impulsa una ley para poder aplicar normas recurridas al Constitucional

Por otro lado, el Govern ha iniciado hoy los primeros trámites para aprobar una ley ómnibus que recogerá alternativas legales para poder aplicar cuatro leyes de carácter social que fueron anuladas o suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC).

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha recalcado hoy que el Ejecutivo catalán ha dado luz verde a la memoria preliminar de un anteproyecto de ley que recogerá "alternativas legales" que hagan efectivas disposiciones que fueron anuladas por el TC o que están suspendidas, tras los recursos que presentó en su momento el anterior Gobierno del PP.

Son aspectos incluidos en cuatro leyes de la anterior legislatura y que fueron recurridos al TC: la de igualdad efectiva entre hombres y mujeres; la de cambio climático; la de la agencia catalana de protección social; y la que regulaba las asociaciones de consumidores de cannabis.

La consellera ha confiado que será "relativamente rápido" el trámite hasta poder presentar la ley en el Parlament y ha indicado que el Govern espera trabajar los conceptos con los grupos parlamentarios que los aprobaron en su momento.

La fórmula de aunar aspectos de cuatro leyes en una única normativa tipo ómnibus también permitirá "agilizar" la tramitación en el Parlament, ha explicado Artadi.

En cuanto a la ley de igualdad, la Generalitat aplicará solo en su sector público, como a su juicio sí permite el TC, las medidas que anuló el mismo tribunal en cuestiones laborales.

En concreto la regulación para luchar contra el acoso laboral, medidas de racionalización de horarios o la obligatoriedad de que haya un representante sindical de igualdad, entre otras medidas.

En cuanto a cambio climático, el Govern buscarán mecanismos alternativos para poner coto al "fracking", pese a que el TC decretó que la Generalitat no podía prohibir los permisos para esta actividad.

Para la ley asociaciones de consumidores de cannabis, que fue fruto de una iniciativa legislativa popular (ILP), el Govern trabajará con las entidades promotoras para buscar un redactado que dé vigencia a los aspectos anulados.

En cuanto a la ley de la Agencia Catalana de Protección Social, el Govern ve margen de maniobra en todos aquellos aspectos sobre los que el Tribunal Constitucional levantó suspensión finalmente.

Adicionalmente, el ejecutivo de Quim Torra prevé en las próximas semanas iniciar la tramitación de otras leyes impugnadas, suspendidas o anuladas, que la misma Generalitat cifró en una docena.

La consellera ha explicado que se trabaja caso a caso, en función de la fase del litigio en el que se encuentre cada normativa o de si se ha resuelto de forma favorable o no para la Generalitat.