Desaceleración económica con incertidumbre política de fondo para 2019

La desaceleración económica y la incertidumbre política provocada por la situación en Cataluña, son las dos características que mejor definen la situación española actual. Se trata de un año excepcional, en el que por primera vez en democracia se ha producido un cambio de Gobierno a través de la moción de censura, prevista en la Constitución, pero para la cual Pedro Sánchez ha necesitado extraños compañeros de cama.

Por cuarta vez a lo largo del año 2018, el Banco de España se ha visto en la obligación de empeorar sus previsiones de crecimiento de la economía española. La última lo hacía al presentar el viernes 14 de diciembre su informe sobre ‘Proyecciones macroeconómicas de la economía española (2018-2021)’, en el que rebajaba una décima la previsión de crecimiento para este año dejándolo en el 2,5 %. Mantiene en cambio la previsión del 2,2 % para 2019 pero rebaja otra décima, hasta el 1,9 % la proyección para 2020.

Así, después de tres años creciendo por encima del 3 %, la economía española muestra claros signos claros de desaceleración, en un año en el que los Presupuestos Generales del Estado entraron en vigor una vez comenzado el ejercicio y están siendo aplicados por un Gobierno, el de Pedro Sánchez que había votado en contra de los mismos.

Junto con la desaceleración económica se ha producido una ralentización de la creación de empleo, una situación que se agudizará todavía más, según el Banco de España, cuando comience a aplicarse el nuevo decreto ley por el cual se incrementa el salario mínimo interprofesional un 22,3 % al mes, hasta los 900 euros en 14 pagas, lo que supone 1.050 euros al mes si se contabilizan los ingresos en solo en 12 pagas.

Según el supervisor, esta subida va a ralentizar la proyección de crecimiento de empleo en 3 décimas, desde el 1,9 % previsto inicialmente hasta el 1,6 % estimado por los expertos económicos del Banco de España en su último informe trimestral. En términos absolutos de empleo conlleva una reducción de 150.000 puestos de trabajo para el próximo año.

La economía, que ha contado con el apoyo de las relaciones económicas con el exterior, está cimentada sobre todo en la fortaleza del consumo, el repunte de la inversión y el aumento de la construcción residencial. Por ello, los expertos alertan del peligro de una nueva burbuja en el mercado de la construcción, aunque esta todavía no se haya producido.

En el ámbito internacional también crecen las incertidumbres, lo que ya ha llevado al Gobierno a rebajar las previsiones de crecimiento tanto para este año como para el próximo.

Esas incertidumbres proceden sobre todo del ‘brexit’, no se puede olvidar que el Reino Unido es un socio económico de primer orden. Somos el primer inversor europeo en el Reino Unido y ellos son los segundos inversores europeos en nuestro país.

También proceden esas incertidumbres del temor al aumento del proteccionismo procedente tanto de China como de EEUU, de las reticencias de Italia para cumplir con las reglas de gasto recogidas en el Pacto de Estabilidad y de los efectos de las anunciadas subidas de los tipos de interés.

El temor a una nueva burbuja inmobiliaria

Pese a los cambios en la estructura económica que ha experimentado España desde la crisis iniciada en el 2007, el sector de la construcción sigue teniendo un peso relativo muy importante en la economía española. Aunque que los expertos descartan en la actualidad que pueda volver a producirse una crisis en el sector, la escasez de viviendas en alquiler ha puesto sobre aviso a los organismos internacionales.

El FMI en su último informe sobre España, utilizando los datos de 2017 considera que existen señales de una “ligera sobrevaloración” del mercado de la vivienda por lo que señala que “aunque aún no hay evidencia clara de una desviación significativa, las autoridades necesitan estar vigilantes”.

Por esta razón, han razón pedido a los supervisores que amplíen las herramientas para atajar los riesgos financieros y controlar la concesión de crédito. España está muy lejos de la situación económica que se creó por la burbuja inmobiliaria pero ya podría estar produciéndose una presión especulativa en los precios de la vivienda y el alquiler.

El Gobierno ha tratado de afrontar el problema a través de un Real Decreto Ley de medidas urgentes para el mercado del alquiler, por el que se aumentan los plazos del contrato del alquiler de tres a cinco años, se incrementa la prórroga tácita de uno a tres años y se limita el cobro de la fianza a dos meses de la renta.

Hasta el momento no se ha atrevido en cambio a limitar los precios, tal y como le pedía Unidos Podemos, aspecto que formaba parte del acuerdo para apoyar la moción de censura que dio la presidencia de Gobierno a Pedro Sánchez.

2019, pendientes de los presupuestos

La principal incógnita de cara al 2019 es saber si el Gobierno de Pedro Sánchez va a contar o no con su propio proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

El año que termina ha visto la paradoja de que los socialistas han tenido que gobernar aplicando las líneas generales de unos Presupuestos contra cuyas líneas maestras habían votado en el Congreso de los Diputados para abstenerse con posterioridad en el Senado.

Para gobernar han introducido algunas modificaciones a través de Decretos Ley y han llegado a un acuerdo con Bruselas para ampliar el objetivo de déficit para este año cinco décimas, hasta el 2,7 % del PIB y de otras 5 para el año que viene desde el 1,3 al 1,8 %.

Conseguida esta licencia en Bruselas el Gobierno consiguió en octubre el apoyo de Podemos para un proyecto con el que revertir las medidas que más han dañado a los más desfavorecidos por lo que prevén en el proyecto de presupuestos del 2019 subir los impuestos a los que más ganan, con rentas superiores a 130.000 euros, el establecimiento de un tipo mínimo del 15 % en el impuesto de sociedades (18 % para bancos y petroleras) y el incremento del 1 % del impuesto de patrimonio a las fortunas de más de 10 millones de euros.

También está previsto aplicar desde el 2019 el nuevo impuesto sobre los servicios digitales, el de las transacciones financieras y las medidas para reforzar las medidas contra el fraude.

Con todo ello el Gobierno prevé incrementar el techo de gasto en unos 6.000 millones de euros, que se distribuirían destinando dos décimas más para las CCAA, es decir algo más de 2.000 millones de euros, otras dos para la Seguridad Social y finalmente una décima para la Administración General del Estado.

El Gobierno considera que podrá aprobar el proyecto de Presupuestos que presente en el mes de enero, lo que deja margen al presidente de posponer la convocatoria de elecciones generales hasta finales del año que viene.

A la hora de aprobar la nueva senda de gasto algunos los partidos que apoyaron al Ejecutivo el pasado día 20, le advirtieron de que su voto no suponía un cheque en blanco al proyecto de Ley de Presupuestos.

El más claro fue el portavoz de los independentistas catalanes del PEdCAT, Ferran Bel. Explicó que su voto a favor de la nueva senda de déficit se trata de un gesto de buena voluntad para conseguir una solución dialogada al problema catalán y confirmar que los puentes no están rotos. Pero advirtió “que nadie se equivoque, esto no es la antesala del sí a los Presupuestos. La antesala es una propuesta para Catalunya, que no es solo un Estatut”.

En términos similares se ha expresado ERC, la formación republicana catalana más reticente a pactar mientras los presos sigan en la cárcel. Su portavoz económico en el Congreso, Joan Margall, aseguró al anunciar su voto a favor que era “otro gesto de buena voluntad, para no romper los poquísimos puentes y el fino hilo de diálogo” que existe entre ambas partes. Pero avisó de que “quizás sea el último gesto”, tras haber votado a favor de la moción de censura “a cambio de nada”.

Unidos Podemos, muy crítico a la hora de apoyar la nueva senda de déficit y el techo de gastó, insistió en que el proyecto presupuestario sólo será apoyado si el Gobierno cumple con el acuerdo pactado.
El PNV, aunque reitera que también debe aplicarse el pacto que contemplan los Presupuestos de 2018 para Euskadi y el Estatuto de Guernica, en la práctica se ha convertido en el más sólido defensor jurídico de las propuestas que lleva el Gobierno al Congreso, incluidas las económicas.

Pese a estas advertencias, tanto el Gobierno como la oposición dan por hecho que Sánchez podrá contar con Presupuestos. Aunque el PP tiene mayoría en el Senado, donde podrá rechazarlos, una vez que vuelvan al Congreso, sí se han introducido enmiendas en la Cámara Alta, el Gobierno volverá a necesitar la mayoría absoluta de 176 votos. De momento cuenta con 178, una vez que se ha descolgado Bildu del apoyo que dio a Sánchez para que saliera adelante la moción de censura.

El Ejecutivo sabe que los nacionalistas catalanes prefieren un gobierno socialista. Aunque siguen presionando a cambio de su apoyo para lograr más concesiones de Sánchez, sobre todo para que pongan e libertad a los líderes del ‘proces’, el temor a unas elecciones anticipadas y la posibilidad de un gobierno con los partidos de centro derecha que vienen pidiendo la aplicación indefinida del artículo 155 son la mejor garantía de unas nuevas cuentas para el 2019.

Son unas cuentas que no le salen ni a la oposición, ni al FMI ni a la Comisión Europea ni a la patronal CEOE, ni al Círculo de Empresarios. El elevado endeudamiento y el descontrol del déficit vuelven a plantear dudas sobre la sostenibilidad del estado de bienestar.

Las medidas que ha anunciado el Gobierno, como ha advertido en varias ocasiones en los últimos meses el Gobernador del Banco de España, pueden penalizar el crecimiento y la creación de empleo. No son el mejor diagnóstico con el que poder desear un Feliz 2019.