De Cataluña a Andalucía: las dos Comunidades que han marcado la política en 2018

A un año del referéndum ilegal del 1-O y de la declaración unilateral de independencia, Cataluña sigue recorriendo y condicionando toda la actividad política española. Tras aquellos acontecimientos, que van a sentar en el banquillo a 18 ex dirigentes del ‘procés’ en cuanto empiece el nuevo año, 2018 ha tenido que digerir sus consecuencias que, entre otras cosas, han propiciado un vuelco político en Andalucía y pueden determinar el adelanto de las elecciones generales. Pedro Sánchez dijo que en enero presentaría su proyecto de Presupuestos y que ese mismo mes los llevaría al Congreso pero, a punto de que comience el mes, está muy lejos de conseguir los apoyos indispensables para garantizar su aprobación.

La situación, a día de hoy, se resume en que el independentismo pretende utilizar la situación procesal de sus antiguos líderes para supeditar la política nacional a sus designios. Y como es imposible que el Gobierno central acceda antes del juicio del 1-O a tales pretensiones, su relación con la Generalitat ha encallado en un tira y afloja en la que cada parte ve vencedores o perdedores según su conveniencia. Otra cosa es lo que pueda suceder una vez que el Tribunal Supremo dicte sentencia, que probablemente será condenatoria, si los condenados piden el indulto. No se puede descartar que tal eventualidad esté ya sobre la mesa.

Desde que se encaramó a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez ha insistido en la estrategia del diálogo para explorar soluciones políticas a un problema que, por otra parte, está en manos de los tribunales.  Las ‘buenas intenciones’ del jefe del Ejecutivo no han producido, sin embargo, ningún avance palpable en el proceso de distensión que se había propuesto impulsar y, en cambio, ha dejado un sabor amargo tras la reunión que mantuvo con Quim Torra en Barcelona el pasado 21 de diciembre y, un poco antes, al hilo de la caída del PSOE en las elecciones andaluzas y la pérdida del principal bastión socialista que está a punto de materializarse en una Junta en manos del PP y Ciudadanos.

Por lo que se refiere al 21-D, el Gobierno logró superar con relativo éxito la prueba del encuentro  entre Sánchez y el presidente de la Generalitat, que permanecieron casi una hora a solas mientras sus vicepresidentes se reunían en paralelo junto a una ministra y una consejera. No se produjo la cumbre a la que aspiraban los políticos catalanes en base a una supuesta bilateralidad que les habría colocado en un plano de igualdad, como si se tratara de una cita entre ejecutivos de dos Estados soberanos. No obstante, el comunicado final dejó muchos interrogantes como, por ejemplo, por qué se cayó del texto la palabra Constitución. Se incluyó el concepto ‘seguridad jurídica’, que puede considerarse equivalente pero que no satisfizo al llamado ‘bloque constitucionalista’, que no pierde ocasión de denunciar lo que consideran una “deserción” de Pedro Sánchez y del PSOE, en general.

Según los miembros del bloque, el PP y Ciudadanos, el abandono de los socialistas se produjo el mismo día que Sánchez aceptó los votos de los partidos independentistas representados en el Congreso, ERC y el PDeCAT, para derribar al Gobierno de Mariano Rajoy con una moción de censura. Esa moción de censura se sustanció entre el 31 de mayo y el 1 de junio. Hacía siete meses que el PSOE había actuado como leal aliado del Ejecutivo del PP para defender los intereses del Estado al apoyar la activación del artículo 155 de la Constitución para Cataluña tras el órdago que habían supuesto el 1-O y la DUI. Pero eso no ha evitado que desde entonces le hayan acusado de haberse vendido al secesionismo para conseguir un poder que no había sido capaz de ganar en las urnas.

Lo cierto es que la moción fue registrada por el Grupo Socialista el 25 de mayo, después de que la Audiencia Nacional sentenciara que el Partido Popular se había beneficiado del esquema de sobornos ilegales para contratos del caso Gürtel. Los tribunales confirmaban así, en primera instancia, la existencia de una estructura de contabilidad y financiación ilegal que se desarrolló en paralelo a la oficial desde el momento de la fundación del partido en 1989. La sentencia fue todo un mazazo y sus consecuencias políticas eran previsibles. Pero no hubo ninguna iniciativa para evitarlas ya sea por la falta de reflejos de Mariano Rajoy, que pudo haber adelantado elecciones antes de que le presentaran la moción en un momento en el que el PSOE no estaba especialmente fuerte en las encuestas, o por el cansancio del hasta entonces líder popular tras una sucesión de escándalos que aún amenazaban con provocar más sobresaltos, incluso involucrándole a él personalmente. De hecho, ahora estamos en pleno goteo de revelaciones sobre la llamada ‘Operación Kitchen’, que está poniendo al descubierto el uso de recursos de Interior para obtener documentos comprometedores para el PP y algunos de sus más destacados dirigentes (Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal…).

La moción de censura y el nuevo liderazgo del PP

PSOE, Podemos, Compromís, ERC, PDeCAT, Bildu y PNV votaron el 1 de junio a favor de la moción de censura poniendo fin a siete años de gobiernos del PP y a la carrera política de su líder, Mariano Rajoy. Hasta ese momento, ninguna de las mociones de censura que se habían presentado en la historia de la democracia española había prosperado. Ese mismo día, Rajoy se despedía de la presidencia con estas palabras: “Ha sido un honor ser presidente del Gobierno y dejar una España mejor que la que encontré. Ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo en su día”. Pero ese no fue su único adiós. Cuatro días después, el 5 de junio, anunciaba entre lágrimas su renuncia al liderazgo de su partido y abandonaba toda actividad política.

Se abría así otro proceso sin precedentes en nuestra democracia: la lucha por el poder en el PP en unas primarias que el partido estrenó con una fórmula mixta pero que enseguida se redujeron a un duelo entre la línea continuista, representada por Soraya Sáenz de Santamaría, y el regreso al ‘aznarismo’ que encarna Pablo Casado. Ganó este último en el congreso que se celebró a finales de julio con el 57% de los votos de los compromisarios gracias, en buena medida, a los que le cedió otra de las grandes perdedoras en el proceso de reconversión del PP, la exsecretaria general, María Dolores de Cospedal, decidida a impedir el triunfo de su eterna rival, la exvicepresidenta.

Cospedal ha sido uno de los nombres con mayúsculas del año que agoniza que ya no aparecerá en las crónicas del próximo. La todopoderosa número dos de Mariano Rajoy en el PP, anunció en noviembre que dejaba la política activa. Renunció al escaño en el Congreso de los Diputados después del escándalo de sus tratos con el comisario José Villarejo, al que le encargó, junto a su marido, Ignacio López del Hierro, espiar al popular Javier Arenas y al hermano del exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba. La exsecretaria general se fue defendiendo que no hizo absolutamente nada mal y que se había limitado a recabar información sensible sobre su partido, pero con su marcha se puso fin a una era del Partido Popular.

En cuanto a Pablo Casado, fue elegido presidente del PP pese a que en aquél momento aún pesaban sobre él serias sospechas de irregularidades en la forma de obtener su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. La jueza de Instrucción Carmen Rodríguez-Medel llegó a pedir su imputación por considerar que cooperó en una prevaricación al admitir privilegios para obtener su titulación, pero la Fiscalía no estuvo de acuerdo. En cualquier caso, quedó claro que hizo su posgrado sin acudir a clase, sin tener apenas contacto con sus profesores, con la casi totalidad de las asignaturas convalidadas y mediante la presentación de cuatro trabajos que mostró desde lejos en una comparecencia pero a cuyo contenido ha sido imposible acceder. Paralelamente, un caso muy similar acabó con la carrera de Cristina Cifuentes que tuvo que dejar la presidencia de la Comunidad de Madrid ‘ayudada’ por un antiguo vídeo en la que se la veía robando dos cremas de un supermercado y que saltó a los titulares gracias a lo que en ese momento se consideró ‘fuego amigo’.

Con Casado, el PP se ha embarcado en la recuperación de las esencias que el expresidente José María Aznar ha estado patrocinando desde hace años, lo que le llevó primero a distanciarse de Rajoy y después a enfrentarse abiertamente con él. La derechización del partido, similar a la que ha experimentado Ciudadanos al tratar de recuperar el discurso que más rentabilidad electoral le ha proporcionado, el de los peligros que acechan a la unidad de España y a la soberanía nacional, ha llevado a los ‘populares’ y al partido naranja a mantener una continua disputa por idéntico caladero de votos. Y en esa pugna, no parece que el llamado ‘efecto Casado’ haya cosechado grandes éxitos. Hasta ahora, es el partido de Albert Rivera el que obtiene mayores beneficios.

Andalucía: el caso ERE y la conexión catalana

Eso es lo que ha sucedido al menos en las recientes elecciones andaluzas donde solo ha habido dos ganadores, Ciudadanos y Vox. El resto de los partidos han perdido votos y escaños, incluido el PP que no obstante, y por los milagros de la democracia parlamentaria, será quien gobierne Andalucía. La distribución del Parlamento andaluz tras las elecciones del 2-D es la siguiente:

El PSOE tiene 33 diputados, 14 menos de los 47 que logró en las elecciones de 2015; Adelante Andalucía cuenta con 17, 3 menos de los 20 que tenía en la anterior legislatura; el PP tampoco tuvo un buen resultado ya que de los 33 diputados que se adjudicó en 2015 cayó este año a 26, 7 menos; Ciudadanos sí es uno de los vencedores ya que de nueve diputados pasó a 21, es decir, 9 más de los que tenía y, por último, Vox pasó de 0 a 12, logrando una representación parlamentaria mucho mayor de la que le auguraban las encuestas.

Ahora, el PP y Ciudadanos están inmersos en la negociación del próximo Ejecutivo andaluz, que tendrá entre diez y doce consejerías frente a las trece del actual, y que posiblemente incorporará a al menos dos independientes. Vox no estará en el Gobierno pero pretende que sí lo esté su sello, para lo que en el acuerdo programático entre los populares y el partido naranja se incluyan medidas a cuyo cumplimiento durante la legislatura se comprometan ambos socios.

En el resultado de las elecciones andaluzas no solo ha pesado Cataluña. Lo que ha asestado el golpe de gracia al poder socialista en la comunidad, que hasta ahora nadie se había atrevido a poner en duda, es el juicio por el caso de los ERE fraudulentos, que quedó visto para sentencia a mediados de diciembre tras sentar en el banquillo a dos expresidente, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ambos del PSOE y ambos procesados por su política de ayudas públicas con 741 millones para empresas en crisis durante una década (2001-2010). Entre los acusados les han acompañado seis exconsejeros y 13 ex altos cargos de sus Gobiernos. Las acusaciones sostienen que la antigua cúpula del Ejecutivo autonómico orquestó un contubernio para eludir los controles de la Intervención General y conceder ayudas millonarias a empresas afines al PSOE, las defensas alegan que no existe evidencia de tal complicidad.

Franco, Presupuestos y adelanto electoral

Para el próximo año queda pendiente la exhumación y retirada del Valle de los Caídos de los restos de Francisco Franco, en cumplimiento de uno de los primeros compromisos que adquirió Pedro Sánchez al llegar a La Moncloa. Para blindar su decisión, el Consejo de Ministros aprobó en agosto un real decreto que en septiembre convalidó el Congreso con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios salvo la abstención del PP y Ciudadanos. Los siete nietos del dictador -que propusieron que sea trasladado a la Cripta de la catedral de la Almudena- se han ido oponiendo a cada paso administrativo que ha dado el Gobierno para proceder a la exhumación, pendiente aún de la decisión sobre dónde será enterrado. Sobre la Mesa del Ejecutivo hay ya un informe de la Delegación del Gobierno en Madrid desaconsejando el traslado a la Catedral, situada a dos pasos del Palacio Real y del Consejo de Estado, por el problema de orden público que podría desencadenar.

Todas estas previsiones no aguardan envueltas en el celofán del posible adelanto electoral, que cada vez cobra más certidumbre ante la imposibilidad de que Sánchez saque adelante sus Presupuestos para 2019. En su comparecencia ante la prensa del viernes 28 de diciembre, el presidente insistió en su intención de negociarlos y de agotar la legislatura, justo un día después de que la mayoría absoluta del PP en el Senado tumbara su propuesta de senda de déficit, lo que se entrada ya le obliga a atenerse al objetivo del 1,3% que le dejó Rajoy en herencia, renunciando a los 6.000 millones más de margen que le concedió Bruselas.

La cuestión es que los independentistas catalanes, imprescindibles en la ecuación parlamentaria para impulsar las políticas del Gobierno, no acaban de decidirse. Un día dicen una cosa y al siguiente la contraria. La última novedad se ha producido de la mano del diputado Ferran Bel quien, en una entrevista con la agencia Efe, ha admitido que si bien la previsión del PDeCAT de rechazar los presupuestos en la votación final “no ha cambiado” por ahora, también es cierto que el grupo nacionalista catalán estaría dispuesto a no bloquear el inicio de su tramitación para así “dar más tiempo” a una negociación con el fin de alcanzar una “solución política” para Cataluña, por muy “remotos” que puedan ser los eventuales acuerdos.

Esta declaración se produce después de que Torra rechazara el día de Navidad la posibilidad de votar a favor de las cuentas de Sánchez, tras revelar que en su encuentro de Barcelona le había entregado un documento con 21 puntos -uno de ellos se refiere a la necesidad de una mediación internacional entre el Gobierno central y la Generalitat que, obviamente, no tiene la más mínima posibilidad de prosperar- que el jefe del Ejecutivo desestimó el viernes tachándolo de “monólogo”.

Pese a todo, el año 2019 llega con buenas noticias para pensionistas, trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional (SMI) y empleados públicos. Las pensiones subirán, en general, un 1,6 %, si bien las mínimas y no contributivas lo harán en un 3 %, aunque los trabajadores que cobran el SMI, que subirá un 22,3 % hasta 900 euros mensuales en 14 pagas, serán los más beneficiados. Para los empleados públicos, los salarios subirán un 2,25 % y podrán tener un alza variable adicional del 0,25 % en la segunda mitad del año, según el crecimiento del PIB que se alcance en 2018. A los autónomos les suben las cuotas a la Seguridad Social, 5,36 euros la mínima mensual, hasta 283,3 euros, y 6,89 euros para los societarios, aunque mejoran sus prestaciones por cese de actividad, accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

Así finaliza un año y comienza otro en el que la principal expectativa será la celebración de las elecciones europeas, autonómicas y municipales el próximo 26 de mayo, sin que se pueda descartar totalmente que las elecciones generales se sumen a todas las demás produciendo lo que se ha dado en llamar “superdomingo electoral”. A este escenario se llegaría como consecuencia lógica del fracaso de los Presupuestos Generales, aunque no es ni mucho menos la opción favorita de los barones del PSOE que temen un contagio negativo de las políticas del Gobierno, tal y como ha ocurrido en Andalucía. En el Ejecutivo no cierran la puerta a la posibilidad de que la situación de asfixia económica en Cataluña y el miedo al ascenso de la derecha tras las elecciones en Andalucía puedan facilitar que los grupos independentistas apoyen las cuentas, pero no las tienen todas consigo. Es más un deseo que una alternativa verosímil.