Los partidos podrán rastrear opiniones políticas en internet desde este viernes

Las organizaciones sociales avisan del peligro de una ley que Podemos recurrirá al Tribunal Constitucional

La nueva Ley orgánica de protección de datos que permite a los partidos políticos recabar datos personales de opiniones políticas para sus actividades electorales entrará en vigor este viernes 7 diciembre en vigor, tras su publicación hoy en el BOE.

Así se recoge en el nuevo artículo ’58 bis’ que establece que “la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas”.

Además, el nuevo artículo indica que “los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral“.

Este precepto generó polémica entre partidos políticos y organizaciones sociales que avisaron de que se abre la puerta al diseño por parte de las formaciones políticas de perfiles políticos de los ciudadanos a través de las afirmaciones vertidas en las diferentes redes sociales. De hecho, Podemos anunció que recurriría la norma al Tribunal Constitucional.

Sin embargo, la presidenta de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mar España, ha advertido de que será “extremadamente vigilante” y “rigurosa” respecto al tratamiento de datos personales que lleven a cabo los partidos políticos, insistiendo en que es “ilegal” hacer perfiles ideológicos en base a las opiniones que viertan los ciudadanos en Internet y enviar propaganda segmentada en base a ese perfilado.

La nueva ley de Protección de Datos regula los derechos digitales de los españoles, entre los se encuentran el testamento digital, el derecho al olvido, la rectificación en internet o la protección de los menores en las redes.

Concretamente, contempla la protección de datos personales en el sector de la investigación científica y los ensayos médicos, se pone un límite de 50 euros de deuda antes de que una persona pueda ser incluida en una lista de morosos, se garantiza el derecho de desconexión laboral y se prohíbe a las empresas grabar a sus empleados en el comedor o zonas de ocio.