Sigue el escándalo en el Poder Judicial y Marchena rompe el pacto PP-PSOE

El acuerdo entre el Partido Popular y el partido socialista por el que se renovaba el Consejo General del Poder Judicial con el nombramiento del juez de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Manuel Supremo como Presidente a cambio de una mayoría progresista, ha saltado por los aires hoy al renunciar el propio Marchena a la Presidencia porque nunca ha sido afirma ”instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal”.

Añade el magistrado que permanecerá al frente de la Sala Segunda del Supremo que su trayectoria como magistrado “ha estado siempre presidida por la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional”. “El examen de las resoluciones que durante estos años he dictado como magistrado del Tribunal Supremo -de forma esencial como presidente de la Sala de Admisión de las causas contra aforados- es la mejor muestra de que jamás he actuado condicionando la aplicación del derecho a la opción política del querellado o denunciado”, agrega.

Tras conocer la posición de Marchena , el Partido Popular ha dado por roto el acuerdo que tanto escándalo ha producido estos días porque se ha venido relacionando el nombramiento de Marchena con la intención del Gobierno de retirarlo de la Presidencia de la Sala del Supremo que tiene que juzgar a los independentistas catalanes responsables del Procés. Marchena se retira para garantizar la independencia tras conocerse los mensajes que mandó el portavoz del grupo popular en el Senado, Ignacio Cosido, a través de un grupo de whasap, en los que presumía de que con el nombramiento de Marchena, el PP se aseguraba el control de la sala segunda del Tribunal Supremo.

La Sala Segunda del Supremo no solo es la que tiene que juzgar la “Rebelión” de los independentistas catalanes sino otras muchas otros sjuicios relacionados con casos de corrupción del Partido Popular, y de ahí la presunción de Cosido del éxito de controlar por detrás la Sala a través de Marchena, un juez encasillado como conservador. Difícil de entender porque la clave del acuerdo por lo menos en los planes de la negociadora, la Ministra de Justicia, Dolores Delgado, era desalojarlo de la Sala Segunda para que fuera substituido por un Presidente más favorable a considerar el delito de sedición en vez de Rebelión o, en todo caso el de conspiración para la Rebelión, con la consiguiente rebaja de pena que eso supone.

Todo este enjuague político estallaba desde el primer momento, cuando se filtró que la renovación del Consejo General del Poder Juridicial se realizaba con la peculiaridad de que desde el principio se conocía el nombre del Presidente , ya que se había pactado por los dos partidos políticos que para aceptar ser candidato había que comprometerse a votar al que ya había sido designado por los negociadores políticos ( la ministra Delgado y el ex Ministro popopular Rafael Catalá ) en este caso Marchena .

Horas más tarde la totalidad de las asociaciones profesionales de la Magistratura manifestaba su oposición al acuerdo entre Socialistas y Populares por la forma en que se había realizado y la renovación del Consejo se convertía desde el principio en un verdadero escándalo para el prestigio e independencia de la Justicia, en un contexto que venía ya degradado, tras otro escándalo, el de los impuestos de las Hipotecas, que dio origen a todo un movimiento para que dimitiese el actual Presidente del Supremo Carlos Lesmes y el Presidente de la Sala Tercera, de lo Contencioso Díaz Picazo.