El juez Marchena renuncia a presidir el Supremo y el Poder Judicial y frustra el pacto PP-PSOE

Los atisbos de una injerencia directa del poder ejecutivo en el judicial que se han sucedido en los últimos tiempos han culminado este martes en una noticia inesperada: la renuncia del juez Manuel Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial, cargo para el que había sido propuesto a raíz de un pacto entre el PP y el PSOE. La gota que ha colmado el vaso ha sido un whatsapp del portavoz ‘popular’ en el Senado, Ignacio Cosidó, dando a entender que la designación de Marchena le garantizaba a su partido el control de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que va a juzgar a los independentistas catalanes. No ha sido lo único que ha precipitado la decisión de Marchena pero sí lo fundamental y el PP, en lugar de asumir responsabilidades, ahonda su estrategia de confrontación con el Gobierno y rompe el pacto para la renovación del poder judicial.

El juez Marchena ha anunciado su renuncia a presidir el CGPJ en un comunicado en el que defiende su independencia y se desliga del pacto político entre los partidos. “Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal”, recalca el magistrado en ese texto con el que pretende salir al paso de las interpretaciones que se han dado a su designación, desde que se trata de poner el voto de calidad del presidente del poder judicial en manos de un magistrado conservador frente a la mayoría progresista del Consejo -“obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un Presidente excepcional, (…) un gran jurista con una capacidad de liderazgo y autoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda desde detrás”, escribió Cosidó en su polémico whatsapp- hasta que se le ha elegido para evitar que siguiera presidiendo el tribunal que juzgará a los líderes del ‘procés’ por su notoria defensa del delito de rebelión que el Gobierno podría tener interés en suavizar.

Paralelamente a estas explicaciones, fuentes jurídicas han interpretado que la renuncia de Marchena se debe a su deseo de que el juicio contra los líderes del ‘procés’ no quede contaminado por la sospecha de que, al fin y a la postre, el magistrado podría influir en el desenlace del juicio. Eso, debidamente documentado con los mensajes del móvil del senador ‘popular0, sería muy malo de cara a un hipotético recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si alguno de los acusados es finalmente condenado.

En su comunicado, Marchena asegura también que su desempeño como magistrado del Tribunal Supremo es “la mejor muestra” de que “jamás” ha aplicado el derecho siguiendo opciones políticas. “Mi trayectoria como magistrado ha estado siempre presidida por la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional”, proclama y continúa: “El examen de las resoluciones que durante estos años he dictado como magistrado del Tribunal Supremo -de forma esencial como presidente de la Sala de Admisión de las causas contra aforados- es la mejor muestra de que jamás he actuado condicionando la aplicación del derecho a la opción política del querellado o denunciado”. Y concluye el comunicado de esta manera: “Por todo ello anticipo públicamente mi decidida voluntad de no ser incluido, para el caso de que así fuera considerado, entre los candidatos al puesto de presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial”.

De la lectura del texto se desprende que a Marchena le ha incomodado de forma muy especial el whatsapp de Cosidó, aunque es posible que en su decisión hayan pesado otros factores como la inestabilidad políticas y las dudas sobre la convocatoria de las próximas elecciones generales. En el mejor de los casos, si se celebraran en otoño de 2019, tendría garantizados diez meses al frente del Poder Judicial y del TS. En el peor, si se anticiparan a la próxima primavera como se ha empezado a especular, la garantía quedaría reducida a solo seis meses. Ahora, su renuncia y el previsible retraso en la renovación del CGPJ, una vez que el PP ha roto el pacto al que había llegado con el PSOE, suman un nuevo elemento de incertidumbre al panorama político que, junto a las dificultades para que Pedro Sánchez saque adelante sus Presupuestos para 2019, hacen todavía más creíble el adelanto electoral.

El PP culpa a Delgado pero no apoya a Cosidó

Entretanto, los partidos en general y las asociaciones de jueces sin excepción se han lanzado a criticar la imprudencia de Cosidó y a exigirle que asuma responsabilidades. El único que no lo ve de esa manera es el PP, que ha preferido culpar a su principal interlocutor en el proceso para renovar el poder judicial, el PSOE. Además de suspender el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, los ‘populares’ tratan de desviar el foco y lo sitúan en la filtración del nombre de Marchena y no en los intentos de controlar y manipular a los nuevos responsables del poder judicial. De la filtración culpan a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y exigen su dimisión para poder retomar la negociación. Así lo ha señalado en declaraciones a varios medios el vicesecretario de Organización, Javier Maroto.

“Si yo fuese Marchena, hubiera adoptado la misma decisión”, ha asegurado Maroto en RNE, donde ha dicho también que la decisión del Gobierno de hacer público su nombre sin elegir a los vocales ha hecho un “daño irreparable”. Según ha denunciado, se ha puesto en cuestión su imparcialidad y la responsabilidad institucional del PP y se ha tratado de presentar la renovación del CGPJ como “algo oscuro”. Ha recalcado que el PP entró por responsabilidad en la negociación con un gobierno que les “asquea” y con una ministra “mentira” cuya dimisión ha insistido en pedir. “Mientras Delgado esté en el Gobierno, el PP no tiene interlocución con el Gobierno en una cuestión como ésta”, ha subrayado y ha llegado al colmo de las descalificaciones cuando ha señalado que la titular de justicia es “la ministra más sucia del Gobierno” socialista.

La arremetida de Maroto no significa, sin embargo, que el portavoz ‘popular en el Senado vaya a salir indemne de esta crisis institucional sin precedentes. El propio vicesecretario ha dicho que él no habría mandado un mensaje así “en ningún caso” y que la dirección del partido no comparte ese mensaje porque acciones de ese tipo no van por el buen camino. Más tarde, en una reunión con sus diputados, el líder del PP ha desautorizado a Cosidó. Pablo Casado ha explicado que el PP optó por la “responsabilidad” y asumió el “desgaste” de abrir con el Gobierno la negociación para renovar el CGPJ “por el bien de España”. Y a esas motivaciones ha circunscrito el asunto. “Cualquier otra explicación que se haya publicado o que se haya trasmitido por móvil o que se haya podido interpretar no es la verdad ni es la razón que la dirección nacional ha tenido”, ha afirmado. “Cualquier otra (motivación) que se haya publicado cuenta con mi rechazo”, ha añadido rotundo.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado la decisión de Marchena, pero ha dicho comprenderla “perfectamente” porque considera que se ha puesto en duda su independencia. El presidente también ha pedido al PP que no dé por rota la negociación para la renovación del poder judicial. “Comprendo perfectamente la renuncia de Marchena, cuando se pone en cuestión la imparcialidad de un juez como Marchena es comprensible que haya tenido que dar paso atrás”, ha asegurado Sánchez a su llegada a un acto en Madrid.

Este es el comunicado íntegro del juez Marchena:

“Las noticias divulgadas en los últimos días acerca de mi hipotética designación como Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, me obligan a hacer las siguientes precisiones:

1.- Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal.

2.- Mi trayectoria como magistrado ha estado siempre presidida por la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional.

3.- El examen de las resoluciones que durante estos años he dictado como magistrado del TS -de forma especial, como Presidente de la Sala de Admisión de las causas de las causas contra aforados-, es la mejor muestra que jamás he actuado condicionando la aplicación del derecho a la opción política del querellado o denunciado.

4. -Por todo ello, anticipo públicamente mi decidida voluntad de no ser incluido. para el caso en que así fuera considerado, entre los candidatos al puesto de Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial”.

 

 

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