La banca no podrá deducirse el impuesto de las hipotecas que está obligada a pagar desde el sábado

Tal y como estaba previsto, el Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto ley por el que se establece que a partir del próximo sábado, día de su entrada en vigor, sean los bancos quienes asuman el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, el conocido como ‘impuesto de las hipotecas, y no los clientes o hipotecados, como venía sucediendo hasta ahora. La ministra de Hacienda ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo algunos aspectos de la reforma, entre los que hay que destacar que no es retroactiva y que las entidades financieras no podrán deducirse el impuesto.

La ausencia de retroactividad ya fue avanzada el miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando anunció su intención de aprobar la reforma para responder así a la inquietud creada por el Tribunal Supremo que, un día antes, había fallado a favor de la banca decidiendo mantener la doctrina tradicional que carga el impuesto a los prestatarios y no a los prestamistas. Montero lo ha ratificado al subrayar que “a partir de ahora, este gravamen lo pagarán los bancos”. Y eso significa que los ciudadanos que ya han pagado el impuesto no podrán reclamar su devolución.

La ministra de Hacienda, que ha justificado la reforma por la “gran alarma social y la inseguridad jurídica en los ciudadanos y en el mercado hipotecario” del caos que se ha vivido en los últimos veinte días -el periodo transcurrido desde una sentencia que atribuía el pago del impuesto a los bancos y la rectificación final del Tribunal Supremo- ha explicado en qué consiste la modificación del artículo 29 de la ley que regula el gravamen. La redacción actual es la siguiente: “Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan”. La nueva redacción incluirá sin embargo este párrafo: “Cuando se trate de préstamos con garantía hipotecaria se considerará sujeto pasivo al prestamista”. Acto seguido, la ministra ha afirmado: “Una segunda modificación será establecer que el impuesto no es deducible para el prestamista”.

Esa era precisamente una de las grandes dudas sobre las consecuencias de la reforma impulsada por el Gobierno: si los bancos acabarían deduciéndose el gravamen, una vez asumido el gasto suplementario que le supone, a través del impuesto de sociedades. Eso habría repercutido en la recaudación fiscal y, por lo tanto, en los contribuyentes cerrando así el círculo y volviendo a situar el gasto del lado de los ciudadanos. Montero ha dejado claro que eso no podrá ser así porque se va a modificar también el artículo 15 de la Ley del Impuesto de Sociedades que es el que regula los gastos no deducibles.

La otra gran pregunta es si los bancos no repercutirán directamente ese gasto en los clientes mediante herramientas como las comisiones para que, pese a todo, siga pagando el ciudadano. La titular de Hacienda ha asegurado que “el gobierno velará para que no se produzca ningún tipo de traslado de coste y para que no se introduzcan cláusulas abusivas”. Y ha añadido que con ese fin el Ministerio de Economía está trabajando en paralelo en la creación de una autoridad independiente que defienda los intereses de los clientes financieros. La ministra también confía en la elevada competencia que existe en el mercado financiero para que las entidades adapten sus ofertas sin perjudicar a los ciudadanos de a pie.

Montero ha respondido, además, a las críticas del PP que defiende la total supresión del impuesto y no simplemente el cambio del sujeto pasivo. A su juicio, el PP tiene que resolver sus “contradicciones” ya que por una parte pide mayor protección para los hipotecados y, por otro lado, se opone a las medidas que van en esa dirección con el único fin de intentar tumbar todo lo que es iniciativa del Gobierno, aunque eso redunde en la indefensión de los consumidores. “Apoyar las iniciativas del Gobierno que velan por la protección de los ciudadanos no es apoyar al Gobierno”, ha subrayado Montero.

Otra de las críticas que se le han hecho al PSOE es que no haya hecho nada hasta ahora para reformar el impuesto hipotecario en las Comunidades en las que gobierna -las autonomías son las encargadas de recaudar el impuesto- como es el caso de Andalucía donde, antes de ser ministra, María Jesús Montero dirigía la Consejería de Hacienda. A una pregunta directa sobre este asunto, la ministra ha recordado que el impuesto de las hipotecas aporta unos 2.000 millones de euros a las arcas autonómicas, muy necesitadas de recursos. “Por tanto -ha dicho- cualquier tributo cedido forma parte del modelo de financiación autonómica”. Y ha continuado: “Aquellas comunidades que tienen menos financiación per cápita tienen que hacer uso de tipos más elevados”.

Montero ha aludido así sin mencionarlo al hecho de que Andalucía aplique uno de los tipos más altos, el 1,5% en una horquilla que se mueve entre ese porcentaje y el 0,5%. La conclusión que extrae la ministra es que eliminar el impuesto sin más supondría 2.000 millones menos para la educación, la sanidad y la dependencia. “Quien elimine la fiscalidad tendrá que aclarar cuál es el instrumento alternativo”, ha zanjado en lo que puede considerarse un mensaje dirigido al PP.

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