El presidente del Supremo se esconde detrás de la ley e insta al Gobierno a modificarla

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha instado al Gobierno y el Parlamento a acometer una reforma de la legislación hipotecaria para "clarificar" quién debe pagar el impuesto sobre este tipo de préstamos, ya que en su opinión, "se producen problemas de interpretación cuando las leyes no son claras".

En declaraciones a los medios, Lesmes ha señalado : "Creo que ahora mismo, las Cortes Generales tienen una magnífica oportunidad porque hay proyectos de ley en trámite, para clarificar de forma definitiva quién tiene que ser el sujeto pasivo en los contratos de préstamos con garantía hipotecaria". "Nos debemos atener a lo que diga el legislador, que en definitiva es el que tiene la última palabra, a través de la ley", ha apostillado.

Sobre el pleno de este lunes, que por 15 votos contra 13 devolvió la jurisprudencia a la situación anterior al último pronunciamiento del Supremo que hacía recaer el pago del impuesto sobre los bancos, Lesmes ha insistido en que "todos" los magistrados que intervinieron "actuaron con absoluta libertad e independencia de criterio" y acordaron "una decisión en derecho" siguiendo "las reglas del juego".

El presidente del Supremo ha defendido que "la postura de todos ellos es plenamente legítima, tanto de los que resolvieron en un sentido, como en otro", ya que se trataba de "resolver una cuestión controvertida" y la forma de hacerlo en el Tribunal Supremo es "votando", como se hizo, en plenos jurisdiccionales. "Son las reglas del juego en nuestro Estado de Derecho y, por tanto, de nuestra propia democracia", ha añadido. Con todo, ha reconocido que pueda haber suscitado malestar. "Las decisiones de los jueces son de poder público y están sujetas al escrutinio de la opinión pública y, por tanto, de la crítica, que nosotros aceptamos", ha apuntado.

Lo que no se sabe es qué piensa el presidente del Supremo de la petición unánime de los partidos para que se asuman responsabilidades por el caos originado y el daño causado a la imagen de la justicia. Esa petición tiene dos destinatarios: el propio Carlos Lesmes, como máximo responsable del alto tribunal, y Luis Díez-Picazo, presidente de la Sala de lo Contecioso Administrativo que suspendió la sentencia un día después de que se dictara y convocó el pleno de esta semana. Díez-Picazo fue además quien propició el resultado del pleno al impedir el debate y decantarse por votar con los partidarios de volver a la doctrina tradicional, que sean los clientes quienes paguen el impuesto hipotecario, para deshacer el empate.

El presidente de la Sala Tercera, cuyo nombramiento por parte de Lesmes ya fue muy polémico en su día, atizó la polémica con el comunicado que difundió el 19 de octubre para convocar el pleno en el que reconocía expresamente que su insólita decisión, someter a la consideración de toda la Sala una sentencia que ya era firme, se debía al tremendo impacto económico de la misma. El día anterior, nada más conocerse el fallo de la sección que se pronunció sobre un recurso de la empresa municipal de la vivienda de Rivas Vaciamadrid, los bancos se habían desplomado en la Bolsa.

Algún periodista le ha preguntado a Carlos Lesmes si contempla dimitir, pero él ha eluido responder y se ha marchado una vez realizada su declaración sin admitir ninguna pregunta.