El Supremo prosigue dividido el debate sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas

Al Tribunal Supremo le está costando llegar a una decisión sobre quién debe pagar el impuesto hipotecario, si los prestatarios o hipotecados o los prestamistas o bancos. Por segundo día consecutivo continúan las deliberaciones de la Sala Tercera y no se descarta que el Pleno se prolongue hasta el miércoles, ya que muchos magistrados han solicitado un nuevo turno de intervención, que sería el tercero. Y son casi la treintena.

Antes de hacer un receso para la comida y tras casi cinco horas de debate, el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo seguía totalmente fracturado. A esa hora, habían intervenido un total de 23 magistrados de los 28 que participan en las deliberaciones y los partidarios de mantener la doctrina tradicional –que sean los hipotecados quienes asuman el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD)- estaban prácticamente empatados a los defensores de las sentencias dictadas en octubre que establecen que sean las entidades financieras las que se hagan cargo del impuesto. En todo caso, ganaba por la mínima la alternativa de volver a la jurisprudencia tradicional.

Las sentencias que atribuyen a los bancos el pago del impuesto fueron la respuesta a tres recursos presentados por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid contra resoluciones anteriores del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que fallaron a favor de las entidades bancarias.

Entre los últimos magistrados en intervenir ha figurado el presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo, que fue quien desencadenó el lío monumental sobre este asunto al suspender las sentencias un día después de que se dictara la última, el 19 de octubre, y convocar el Pleno con la aparente intención de manipularlas. Como las sentencias no se pueden alterar una vez dictadas, lo que hace la Sala es debatir sobre la doctrina para decidir si debe aplicarse, pese a todo, la que ha estado vigente durante años o si se le imprime ese giro radical por el que se decantó la sección que vio los recursos de Rivas-Vaciamadrid.

Otra de las claves del debate es la fijación de la retroactividad de la nueva doctrina en el caso de que ésta se confirme. Se baraja que pueda fijarse expresamente en la sentencia en cuatro años, que es el plazo legal que permite la reclamación directa por los ciudadanos a Hacienda del dinero pagado por este impuesto, aunque algunos magistrados no lo creen necesario.

De establecerse en cuatro años, el impacto de la devolución del impuesto podría llegar a los 5.000 millones, según ha admitido este martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y según las estimaciones realizadas por las comunidades autónomas, ya que son ellas las que se encargan de recaudarlo. Por ese motivo, otro aspecto relevante de la cuestión es el posible impacto en el déficit ya que la devolución, al menos en primera instancia, correría a cargo de las arcas públicas hasta que la Adminitración lo reclame a la banca. En palabras de Montero, “si tuviese que soportarse por parte del Estado, serían cuatro o cinco décimas y se pondría en riesgo el objetivo de déficit” que se podría ir más allá del 3%. Con el fin de evitarlo, la ministra ha insistido en que la intención de Hacienda es que la reclamación de los afectados y la reclamación a la banca “coincidan” en el tiempo. La alternativa es la ayuda del Estado a través de Fondo de Liquidez Autonómica, pero siempre negociando con Bruselas que la medida no tenga efecto en las cuentas públicas y no afecte al objetivo de déficit anual establecido.

De momento, el Ibex 35 ha cerrado la sesión de este martes con un retroceso del 0,24%, con lo que el selectivo se despide de la cota psicológica de los 9.000 puntos al situarse concretamente en los 8.988,9 enteros, en una jornada nuevamente marcada por la incertidumbre ante lo que pueda decidir el Supremo. Todos los bancos han sufrido pérdidas dando un giro respecto al lunes, cuando finalizaron al alza: Banco Sabadell (-1,3%), Bankia (-1,1%), Banco Santander (-1,1%), Bankinter (-1%), BBVA (-0,9%) y CaixaBank (0,81%).

En la deliberación de la Sala Tercera siguen sin estar presentes tres de los magistrados de lo Contencioso del Supremo: el magistrado Rafael Fernández Valverde, que se encuentra de viaje; Segundo Menéndez, ocupado con asuntos relacionados con las elecciones autonómicas andaluzas, ya que es miembro de la Junta Electoral Central; y Octavio Herrero, que se ha apartado porque familiares suyos tienen una vivienda en Rivas-Vaciamadrid, ayuntamiento que actúa de recurrente en los recursos que se ven en este Pleno.