La AN autoriza la entrega a Venezuela de la enfermera de Hugo Chávez

La Audiencia Nacional ha dado luz verde a la extradición a Venezuela de Claudia Patricia Díaz Guillén, que fue enfermera personal del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, y a la que las autoridades de su país reclaman por presuntos delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita y malversación.

La sección tercera de lo Penal ha adoptado esta decisión con el visto bueno de la Fiscalía, que consideró procedente la entrega de la reclamada, que aparecía en la investigación de los “papeles de Panamá” por, supuestamente, haber recibido ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca para “blindar” una fortuna no declarada, según la Fiscalía de Venezuela.

Pese a la alegación de persecución política que hizo la reclamada y “sin desconocer que existe un clima de convulsión e inestabilidad político y social en Venezuela”, se trata de “una alegación absolutamente genérica que no acredita, ni siquiera a modo de sospecha fundada, que la persecución de por los delitos a que se refiere la demanda extradicional fuera por tener ideas contrarias al régimen o que exista un peligro concreto de que vayan a ser anulados” sus derechos.

Contra esta decisión cabe recurso ante el Pleno de la Sala de lo Penal y, de mantenerse, la última palabra sobre si se ejecuta la extradición o no la tendrá el Gobierno.

Para acceder a la entrega, los magistrados -Alfonso Guevara, Ángeles Barreiro y Ana María Rubio- establecen que concurren los requisitos de doble incriminación (delitos análogos) y tampoco ven “una motivación espuria” en la petición de extradición.

Según la reclamación, Díaz Guillén aparece mencionada “como parte de las personas que utilizaron la firma panameña Mossack Fonseca para la creación de empresas, con fines presuntamente delictivos, hecho conocido como Panamá Papers”.

La acusan de “presuntas irregularidades realizadas durante su ejercicio en la Administración Pública”, donde ocupó cargos como secretaria ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN) y administradora del Despacho de la República Bolivariana de Venezuela.

Dichos cargos “fueron utilizados por la oficial superior retirada para la obtención de beneficios económicos propios”, lo que le permitió “adquirir bienes muebles e inmuebles” en Venezuela y en el extranjero, “constituyendo empresas en la República de Panamá con dinero obtenido de las presuntas actividades ilícitas durante su desempeño en la Administración Pública Nacional”.

La enfermera fue detenida en Madrid el pasado mes de abril junto a su marido, Adrián José Velásquez, que ejerció de jefe de seguridad de Chávez y que también está reclamado por Venezuela por los mismos delitos, si bien su extradición se tramita en un procedimiento aparte para el que aún no ha sido señalada la fecha de la vista.

Tras su detención, los dos fueron puestos a disposición del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que, tras tomarles declaración, los dejó en libertad con la única medida cautelar de no abandonar Madrid mientras se decidía sobre su entrega.

En la vista de extradición, Díaz Guillén alegó ser objeto de una persecución política por parte de las autoridades de su país, de donde salió en 2013 poco después de la muerte de Chávez.

Su abogado expuso que la causa contra su defendida procede de una investigación del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), “un órgano que está sancionado y cuestionado por todos los organismos internacionales de Derechos Humanos” por los métodos empleados, lo que cuestionaría también la reclamación.

Díaz Guillén fue durante dos años tesorera del régimen como responsable del FONDEN, de donde fue cesada al mes de que falleciera Chavez, decisión que el abogado atribuyó a la negativa de su defendida a acatar las órdenes de Nicolás Maduro, lo que le llevó a enfrentarse con el régimen por haber rechazado hacer firmar supuestamente documentos a Chávez cuando estaba ya en su lecho de muerte.

Su marido también fue amenazado por el régimen y los dos, por seguridad, decidieron salir de Venezuela, según su versión. Este es el motivo por el que el letrado cree que la reclamación está amañada por el régimen, que asegura no ha aportado prueba alguna de los delitos de los que se acusa al matrimonio, aprovechando el escándalo de los llamados “papeles de Panamá”.

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