El Gobierno rebaja al 2,6% la previsión de crecimiento para este año y al 2,3% la de 2019

El Gobierno ha rebajado una décima su previsión de crecimiento económico para 2018 y para 2019, hasta el 2,6 % y 2,3 %, respectivamente, según el cuadro macroeconómico incluido en el borrador del proyecto presupuestario que ha enviado a Bruselas. Esta moderación de la previsión del PIB se ha sustentado en el ajuste del sector exterior, es decir, el deterioro del comercio internacional como consecuencia de las políticas proteccionistas y a la debilidad de los países emergentes. La presentación de las líneas básicas de los PGE ha corrido a cargo de las ministras de Economía, Nadia Calviño, y Hacienda, María Jesús Montero, y ha aportado una novedad: por primera vez el Ejecutivo socialista ha criticado la ‘herencia recibida’ del anterior Gobierno del PP, calificando de “falacia” algunas de las cifras que manejaba.

“Nuestra estimación actual es que los mercados españoles de exportación estarían creciendo en el 3,6% en 2018, frente al 4,3% que teníamos de estimación en julio”, ha dicho la titular de Economía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha dado luz verde a ese plan presupuestario antes de remitirlo a la Comisión Europea. Las importaciones también se contraerán, seis décimas este año hasta crecer el 4 %, y cuatro décimas el que viene, hasta el 3,8 %.

Las proyecciones del Gobierno respecto a la demanda nacional mejoran, con una aportación al PIB que se elevará dos décimas en 2018 y una décima en 2019. La previsión del Gobierno contempla una moderación del gasto en consumo de dos décimas este año y una el que viene, mientras que la inversión aumentará 1,1 puntos más de lo anteriormente calculado en 2018 y cuatro décimas más en 2019. Con estas cifras, la tasa de paro se mantiene en línea con las anteriores previsiones del Gobierno, en el 15,5 % de la población activa en 2018 y en el 13,8 % en 2019.

El deflactor implícito del PIB (inflación) se situará en el 1,3 % en 2018 (dos décimas menos de lo anteriormente previsto) y en el 1,8 % en 2019 (una décima más). Según ha explicado Calviño, las previsiones de deuda respecto al cierre de 2017, cuando se situó en el 98,3 % del PIB, se situará en el 95,5 % a finales de 2019. El nuevo cuadro macro queda de la siguiente manera:

Calviño y Montero han desvelado una de las incógnitas que quedaron en el aire tras la firma del acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Podemos, el objetivo de déficit con el que ha trabajado el Ejecutivo para diseñar sus cuentas. El objetivo, finalmente, es algo más flexible del que aprobó el equipo económico de Rajoy, pese a que el PP mantiene bloqueada en el Senado la reforma de la Ley de Estabilidad con la que se pretendía rebajar esas metas presupuestarias a las pactadas por la propia ministra de Economía con Bruselas. Eso signfica que el objetivo de déficit se sitúa para 2019 en el 1,8%.

"Las cifras del Presupuesto de 2018 no eran unas cifras reales, por no aplicar otro tipo de adjetivo. El plan presupuestario pivota sobre esta nueva senda de consolidación fiscal que establece el Gobierno", ha dicho Montero que ha llegado a calificar de "falacia" las cifras del PP y que ha explicado que lo que se pone en valor en el documento que se remite a Bruselas es que "el Presupuesto de 2018 estaba diseñado sin el cumplimiento de los objetivos de estabilidad". A su juicio, si se hubiera decidido prorrogar esos Presupuestos, el déficit público del próximo año hubiera subido 0,4 décimas sobre el 1,8 % del PIB, hasta el 2,2%, a pesar de que esta senda de déficit fue rechazada por el Congreso en julio.

Montero, además, ha asegurado que se sigue trabajando para impulsar la reforma legislativa que permita aprobar su propia senda de déficit. "Lo que pedimos es que se acelere", ha dicho y ha considerado "inadecuada" la utilización de la mayoría que el PP y Ciudadanos tienen en la Mesa del Congreso para impedir que prospere por la vía de una enmienda a una norma sobre la lucha contra la violencia machista, como intentó el Ejecutivo y no logró debido al freno impuesto por esa mayoría.

En principio, la pérdida del margen adicional en el objetivo de déficit presupuestario solo impactará parcialmente en la administración central, que podría ver rebajado su margen de gasto en 1.200 millones, por lo que el Gobierno ve compatible sus nuevos Presupuestos sociales, que incluyen 5.000 millones más de gasto. La gran diferencia, según ha recordado Montero, es la que afectará a las comunidades autónomas y la Seguridad Social que perderán 5.000 millones de capacidad de gasto al tener que ceñirse a la senda fiscal de Rajoy. La esperanza es que, cumplan aunque sobrepasen el gasto previsto gracias a la aprobación, más delante de la nueva senda fiscal.

Gasto, ingresos y nuevas figuras impositivas

De momento, el techo de gasto que contempla el borrador presupuestario enviado a Bruselas mantiene un límite de gasto no financiero de 125.064 millones de euros, el 4,4 % más que el aprobado en 2018 y que representa un incremento de gasto en 5.230 millones de euros. Esa cifra es el resultado de sumar 1.992 millones de euros por los nuevos gastos que propone el PSOE a la "inercia" que llevaba el presupuesto del PP de 2018 y que Hacienda cifra en unos compromisos presupuestarios de 3.238 millones de euros (como la subida salarial de los empleados públicos). Frente a este gasto, el Gobierno estima un aumento de ingresos adicional de 11.724 millones de euros, provenientes del crecimiento económico (6.413 millones), de las nuevas figuras impositivas (3.811 millones) y de los ingresos no tributarios (1.500 millones de euros).

En concreto, Montero ha cifrado en 5.678 millones de euros el impacto global de las medidas fiscales acordadas entre el Gobierno y Unidos Podemos, de los que 4.489 millones corresponden al proyecto presupuestario del próximo año. Las medidas adoptadas sobre el Impuesto de Sociedades (limitación de exenciones y la tributación mínima) serán las que aporten la mayor cuantía, en total, 1.776 millones de euros, si bien la rebaja del tipo para pymes detraerá 260 millones.

La creación de un impuesto sobre servicios digitales supondrá 1.200 millones de euros y el impuesto sobre transacciones financieras, 850 millones. Las medidas de fiscalidad verde se traducirán en 670 millones; el incremento del IRFP para rentas muy altas, en 326 millones; la subida del impuesto de patrimonio, en 339 millones; la limitación de los pagos en efectivo para profesionales, en 218 millones; la bajada del umbral para incorporarse a la lista de morosos, en 110 millones, y el resto de medidas para luchar contra el fraude, en 500 millones. Por contra, la rebaja del IVA para servicios veterinarios detraerá, 35 millones, y las medidas de fiscalidad de género y desigualdad, 18 millones.

La subida del SMI, el temido ‘efecto contagio’ y Cataluña

Por lo que se refiere a algunas de las medidas del pacto con Podemos que el Gobierno ha incorporado a sus Presupuestos, la ministra de Economía ha hecho un encendida defensa de la subida del salario mínimo a 900 euros, que tanto se está cuestionando desde la oposición y sectores empresariales por su supuesto efecto disuasorio para la creación de nuevos empleos. “En los últimos años los salarios en España se han mantenido en niveles muy reducidos”, ha empezado recordando Calviño y ha continuado: “Se ha visto cómo han seguido manteniéndose muy elevados los indicadores de pobreza y exclusión social, es decir,  que tenemos una situación de trabajadores pobres”. La ministra ha subrayado que casi un 70% de las personas que cobran el salario mínimo son mujeres y, finalmente, ha explicado que a ella le gusta apelar a los hechos y que es un hecho que la evolución del empleo ha sido muy positiva en los años en que ha habido incrementos de SMI, entre 2004 y 2005 y entre 2017 y 2018.

En definitiva, según la titular de Economía, "se trata de presentar unas cuentas que combinen la disciplina fiscal con la lucha contra la desigualdad". Por ello, Calviño no ve motivos para que Bruselas rechace el plan o para que los mercados financieros reacciones de forma adversa por miedo a un 'efecto contagio' de la economía italiana. Italia ha elaborado unos presupuestos que hacen caso omiso de las reglas básicas de la estabilidad exigidas por las autoridades comunitarias pero en cambio, ha dicho la ministra, "el mensaje que está enviando el Gobierno español es extraordinariamente claro desde el punto de vista de mantener la disciplina presupuestaria y reducir la deuda pública. No veo por qué los mercados tendrían que interpretarlo de otra manera".

Pero, al margen del visto bueno de Bruselas, las cuentas del Gobierno de Pedro Sánchez necesitan apoyos parlamentarios para recibir el visto bueno del Congreso. Respecto a las presiones de los partidos catalanes para que se promueva la rebaja de las acusaciones y hasta la excarcelación de los dirigentes del ‘procés’ pendientes de juicio y en prisión provisional, la ministra portavoz, Isabel Celaá, ha insistido en la postura del Ejecutivo de absoluto respeto al poder judicial: “Nosotros defendemos este presupuesto con determinación, con convicción y con pasión porque “cambia el paso”. Las autoridades catalanas están demandando medidas con la población reclusa. Las autoridades catalanas son legítimas en función de un Estado de Derecho en el que es básica la separación de poderes. Por eso tienen que sopesar y equilibrar el Estado de Derecho y lo que estamos poniendo sobre la mesa con estos Presupuestos en términos de medidas y bienestar para millones de personas”.

El PNV, punto de partida de la negociación con los grupos

Montero, por su parte, ha asegurado que iniciará "de inmediato" la negociación con los diferentes grupos políticos cuyos votos son necesarios para que las cuentas salgan adelante. Se trata de "varias fuerzas" que apoyaron la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al Gobierno, ha apuntado la ministra, que ha añadido que comenzará las conversaciones con el PNV después de que este partido se haya mostrado abierto a negociar su apoyo. "No vamos a excluir a nadie que no se haya autoexcluido", ha añadido, porque "cuantos más mejor", ya que "apoyar los Presupuestos no es apoyar al Gobierno", sino la calidad de vida de los ciudadanos y el cumplimiento de los obligaciones fiscales. Ha puntualizado, eso sí, que si a lo largo de las negociaciones surgiera "cualquier cuestión que afectara al acuerdo previo" con Unidos Podemos se abordaría "en coordinación" con esta formación y no se adoptaría ninguna decisión que no contara con su "visto bueno".

Tanto la ministra de Hacienda como la ministra portavoz han insistido en que “apoyar los Presupuestos no es apoyar al Gobierno”. “Estamos ante un acuerdo de presupuestos valientes que cumple con los ciudadanos dando prioridad a las necesidades sociales, pero que al mismo tiempo cumplen con Europa y con la consolidación fiscal exigida por Bruselas”, ha insistido Celaá.

RELACIONADO