Sánchez e Iglesias pactan un Presupuesto muy social con 5.678 millones más de ingresos vía impuestos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, han firmado a primera hora de este jueves en el Palacio de la Moncloa el acuerdo sobre los Presupuestos para 2019. Se trata de las líneas generales que habrá que enviar a Bruselas el próximo lunes, 15 de octubre, pero la importancia política es indudable: Iglesias demuestra su voluntad de garantizar la estabilidad del Ejecutivo y Sánchez su manifiesta intención de aguantar todo lo que pueda y acercar las elecciones generales al final de la legislatura. Falta por ver ahora cómo negocia los apoyos de otras fuerzas políticas para situarse por encima de los 169 votos en contra del PP y Ciudadanos. El PSOE y Podemos suman 156.

En ese proceso que realmente arranca a partir de ahora y en el que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha descartado la premisa de “esto es lo que hay” para dar margen a la negociación con otras formaciones, es significativo el guiño a Cataluña. Montero y la ministra portavoz, Isabel Celaá, que han comparecido en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, han insistido en el carácter social de los Presupuestos que se han elaborado “poniendo a las personas en el centro de todas las actuaciones”. Por eso, cuando se les ha preguntado por las reticencias de los partidos independentistas, Montero ha desvinculado la negociación de las cuentas de la situación política catalana pero ha subrayado que no se entendería que los responsables políticos de la comunidad renunciaran a 2.200 millones de euros. Ese es el dinero, según la ministra, que recibirían las arcas catalanas si se aprobaran estos PGE.

De momento, ni ERC ni PDeCAT parecen predispuestos a respaldar las cuentas de Sánchez a menos que el Gobierno pida a la Fiscalía que rebaje la calificación de los delitos a los que se enfrentan los dirigentes del ‘procés’ y ponga fin a la prisión provisional que cumplen desde hace un año. Celaá, ha recordado al respecto que este es un Estado de Derecho en el que rige la separación de poderes por lo que el Ejecutivo no tiene nada que sugerir al judicial. Y es que el Ejecutivo no descarta que los independentistas catalanes cambien o al menos flexibilicen su postura inicial.

Este miércoles, la vicepresidenta Carmen Calvo se entrevistó en Barcelona con el vicepresidente del Govern, Pere Aragonés (ERC), y este jueves ha mantenido un breve encuentro en la estación de Sants con la consejera y portavoz Elsa Artadi (JxCat, el grupo en el que se integra la antigua Convergència). Si Pedro Sánchez consiguiera los mismos apoyos que tuvo para sacar adelante su moción de censura contra Mariano Rajoy, podría hasta permitirse el lujo de prescindir del sí del PDeCAT. Le bastaría con la abstención de sus ocho diputados para sacar más votos (173) que el frente PP-Cs (169).

Aunque las relaciones entre el Gobierno central y el Govern no pasan por su mejor momento tras el ultimátum de Quim Torra para negociar un fórmula que permita ejercer la autodeterminación a los catalanes, Calvo ha confirmado en una entrevista en RAC1 que Sánchez tiene previsto revertir el decreto que aprobó el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy por el cual se facilitaba el traslado de empresas de Catalunya como consecuencia de la inseguridad que denunciaron las propias empresas tras el 1-O.

Otro apoyo que resulta esencial tanto desde el punto de vista numérico como por el peso específico que tiene en el poder territorial y en el Congreso es el del PNV. Los nacionalistas vascos aún no se han pronunciado a la espera de conocer el proyecto en profundidad en el que, a priori, hay algunos aspectos que no deben gustarles demasiado. Se trata de la subida de algunos impuestos que no encaja en su propio modelo fiscal. De todas formas, el PNV podría transigir con algunos puntos con tal de evitar el adelanto de las elecciones.

Por lo demás, la ministra de Hacienda ha criticado la “miopía política” del PP y Ciudadanos, que se han autoexcluido de la negociación antes incluso de empezar a hablar. “Confiamos en que las formaciones políticas pongamos por delante el bienestar de los ciudadanos”, ha dicho Montero y ha asegurado que el presidente seguirá implicándose personalmente en la negociación con todos los grupos, como lo hace en todas las actuaciones políticas trascendentes.

Entrando en el terreno de las cifras, la ministra de Hacienda ha cuantificado la previsión de ingresos conforme a este Presupuesto en 5.678 millones y el gasto en 2.082 millones. Estas cantidades contrastan con las que ha ofrecido el líder de Podemos en declaraciones a La Sexta, donde ha dicho que habrá unos 6.000 millones de gasto y 7.500 de recaudación. Montero ha explicado que sus cifras recogen exclusivamente el impacto en el Presupuesto y no el que repercutirá en las cuentas de la Seguridad Social, como el gasto asociado al aumento de pensiones o a la prestación por paternidad, ni los ingresos derivados de las mayores cotizaciones que acarreará la subida del salario mínimo. “Yo, como ministra de Hacienda, he de ser rigurosa y ceñirme a los dos mil millones del Presupuesto”, ha afirmado.

Respecto al cumplimiento del objetivo de déficit, la ministra ha preferido no adelantar nada hasta que el lunes se reúna otro Consejo de Ministros extraordinario, previo al envío de las líneas básicas del Presupuesto a Bruselas, y ella misma y la titular de Economía, Nadia Calviño, comparezcan ante los medios. “Salen de la fábrica (los Presupuestos) cumpliendo con el compromiso con los ciudadanos y con el compromiso de consolidación fiscal”, se ha limitado a señalar. El Gobierno acordó con Bruselas flexibilizar el objetivo de déficit para el próximo año hasta el 1,8 % del PIB, por encima de la meta de 1,3 % del PIB actual. Pero el bloqueo del PP y Ciudadanos en el Congreso y de los ‘populares’ en el Senado ha impedido que se asumiera el nuevo objetivo que hubiera supuesto 6.000 millones adicionales para emplear en gasto social. Montero, no obstante, dijo el miércoles en la sesión de control del Congreso que no renuncia a seguir intentándolo porque “los ciudadanos merecen que se les puedan revertir parte de los recortes” de la crisis.

Este jueves, la titular de Hacienda ha defendido que estas son “unas cuentas públicas valientes y sostenibles que cumplen con el compromiso con nuestros socios europeos y, por tanto, con la consolidación fiscal. Unas cuentas para conseguir un economía más competitiva y más emergente, en las que se recupera el valor de la igualdad porque responden a las necesidades del día a día de los ciudadanos”.

Las medidas con mayor relevancia social

En cuanto a las medidas concretas, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros es una de las más llamativas porque el aumento es considerable, 164 euros más que en 2018. Podemos exigía que llegara hasta los mil euros, mientras el Gobierno era partidario de dejarlo en 850. Finalmente, el impacto presupuestario de la medida acordada será de 340 millones de euros. A ello hay que sumar los 323 millones por la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años.

Las pensiones se revalorizarán conforme al índice de precios de consumo (IPC) en 2018 y 2019 y las mínimas y no contributivas subirán un 3 % en 2019. Si la inflación del mes de diciembre supera el 1,6 %, que es la revalorización aplicada este año, se abonará una paga compensatoria para cubrir esa desviación, lo que tendrá un impacto presupuestario de 704 millones de euros. El acuerdo señala que “hay que sentar las bases” para avanzar con el objetivo de que, “con el tiempo”, las pensiones mínimas alcancen el 60 % del salario medio y las no contributivas, el 60 % de la renta mediana. Unos 6,8 millones de personas se beneficiarán de la eliminación del copago farmacéutico que se aplicará de manera progresiva a los pensionistas y a las rentas más bajas.

En el pacto entre el Gobierno y Podemos figura el compromiso para derogar los aspectos ‘más lesivos’ de la reforma laboral de 2012 antes de que finalice 2018. Se trata sobre todo de cuestiones relativas a la negociación colectiva. Al mismo tiempo, se aprobará una nueva regulación laboral con “carácter prioritario y urgente” que contemple ampliar el régimen de no caducidad del convenio colectivo a la finalización de su vigencia o medidas para reducir la inestabilidad y la rotación laboral.

En materia de vivienda, una de las principales reivindicaciones de Podemos, se destaca la necesidad de aumentar el presupuesto en 630 millones durante 2019 y después de manera progresiva para que en 10 años España invierta entre el 1 y el 1,5% del PIB. Además, se aumentarán en 20.000 el número de viviendas en alquiler a precios asequibles, se acuerda una mayor protección a los inquilinos y se establece la posibilidad de que los ayuntamientos regulen los precios del alquiler.

El acuerdo incluye la aprobación de los permisos de maternidad y paternidad para que sean iguales e intransferibles con un impacto presupuestario de 300 millones, y mejoras para las ayudas en dependencia de un 40% respecto a 2018, 515 millones en total. Otras medidas que subrayan el carácter feminista del acuerdo son el apoyo a la ley de violencia sexual propuesta por Podemos y la financiación completa del Pacto de Estado contra la Violencia de Género con 220 millones. En materia energética, además de modificar la factura eléctrica y de impulsar el bono social para atender las necesidades de los sectores sociales más vulnerables, se expresa el compromiso de presentar en el plazo de cuatro meses una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética para abordar el problema desde una perspectiva integral y con vistas al largo plazo.

Asimismo, hay que destacar un acuerdo de becas y reducción de tasas universitarias, una pequeña reforma de la ley electoral, terminar con el artículo 315.3 del Código Penal (“Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses”), la autorización a los ayuntamientos para gastar su superávit en asegurar escuelas infantiles de 0 a 3 años y una regulación de la publicidad del juego de azar y las apuestas en línea, de ámbito estatal, similar a la de los productos del tabaco.

Entre los compromisos extrapresupuestarios, destaca la modificación de otros artículos del Código Penal como los que regulan los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la corona. Podemos reivindicaba eliminar lo que considera unos “delitos medievales”, pero en el pacto se apuesta por una reforma para “restringir al máximo” la posibilidad de que la discusión libre de diferentes ideas y opiniones sea perseguida penalmente. El delito contra los sentimientos religiosos está tipificado en el artículo 525 del Código Penal, con multas de de ocho a doce meses, y ha provocado procesos judiciales como el de la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, o el del actor Willy Toledo. Las injurias a la Corona, por su parte, están recogidas en los artículos 490 y 491, con penas que van desde multas a condenas de entre seis meses y dos años de prisión.

Reformas fiscales para compensar el aumento del gasto

En primer lugar, se establece una cuota líquida mínima de un 15 % sobre la base imponible del impuesto de sociedades para los grupos que tributan en régimen de consolidación fiscal y empresas no integradas en grupos con una cifra de negocios de al menos 20 millones de euros, con el objetivo de evitar un uso excesivo de deducciones y bonificaciones. Este tipo mínimo se sitúa en el 18 % en el caso de las entidades de crédito y de explotación de hidrocarburos, que son las que tienen un tipo nominal incrementado en este impuesto -el 30 % en lugar del general del 25 %-. Adicionalmente, se limita la exención de tributación de la que disfrutan los dividendos y plusvalías generadas por filiales, que ahora es del 100 % y que se reducirá en un 5 %. En cambio, el tipo nominal del impuesto de sociedades de las pequeñas empresas, aquellas que facturan menos de un millón de euros al año, pasa del 25 % al 23 %.

En materia de sociedades de inversión de capital variable (sicav), el acuerdo prevé otorgar a la Agencia Tributaria competencia para declarar posibles incumplimientos y se plantean requisitos adicionales para que puedan beneficiarse del tipo impositivo reducido, como un tope de concentración de capital en manos de un mismo inversor. Se establece además que las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimi) tendrán que pagar un 15 % del impuesto de sociedades sobre sus beneficios no distribuidos.

El Gobierno y Unidos Podemos han acordado poner en marcha un plan de ayudas económicas para el vehículo eléctrico “estable e ininterrumpido” hasta 2020, que contará con financiación procedente del incremento de la fiscalidad al diésel. La tasa al consumo de gasóleo de automoción en los coches, el diésel, podría suponer un sobrecoste de unos 3,3 euros al mes más para cada usuario, según avanzó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. También se contempla un nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales que gravará con un 3 % los servicios de publicidad en línea, intermediación y venta de datos a partir de información proporcionada por el usuario a las empresas con unos ingresos anuales de al menos 750 millones en el mundo y 3 millones en España.

En cuanto al IRPF, se sube dos puntos, al 47 %, los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes con rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos, al 49 %, las que excedan de 300.000 euros. Se incrementará un 1 % el impuesto de patrimonio para fortunas de más de 10 millones de euros y se bajará el IVA a los productos de higiene íntima femenina, que pasaría del 10 % al 4 %, y de los servicios veterinarios, del 21 % al 10 %. Además, para avanzar en la lucha contra el fraude, se limitan a 1.000 euros los pagos en efectivo entre profesionales, se prohíben las amnistías fiscales y se baja a 600.000 euros el umbral para entrar en la lista de morosos, ahora de un millón de euros.

El acuerdo aparca el impuesto a la banca, pero prevé un impuesto a las transacciones financieras del 0,2 % sobre la compra de acciones emitidas en España por empresas con una cotización bursátil de más de 1.000 millones de euros, una medida que no afectará a la deuda ni a los derivados.

Recaudación y reacciones de la derecha y los empresarios

Con todo esto, se espera conseguir una recaudación de unos 7.000 millones, según Podemos y 5.678 según la ministra Montero, que el partido morado desglosa de esta manera: 4.000 por el Impuesto de Sociedades, 1.000 por el Impuesto a las Transacciones Financieras, 600 por el impuesto sobre el diésel, 400 por el IRPF y 1.000 por la tasa Google. Según ha apuntado Pablo Iglesias en declaraciones a La Sexta, incluso podrían conseguirse 1.000 millones más por el Impuesto sobre el Patrimonio.

Respecto al impuesto sobre el diésel, no se dice nada en el texto del acuerdo firmado por Sánchez e Iglesias. Preguntada al respecto en la rueda de prensa de Moncloa, María Jesús Montero ha explicado que el motivo es que podría contemplarse en la Ley de Cambio Climático o en la Ley de Presupuestos, dependiendo del momento de la tramitación.

Todas estas medidas han generado ya las previsibles reacciones en contra de los partidos de la derecha y de los empresarios. Las críticas del PP y de Ciudadanos eran previsibles porque nunca han mostrado la más mínima predisposición a negociar unos Presupuestos que cuenten también con el aval de Podemos. No por eso, sin embargo, ha sido menos sorprendente este tuit del portavoz ‘popular’ en el Senado, Ignacio Cosidó,  en tono apocalíptico.

Por lo que se refiere al Impuesto de Sociedades, hay un punto que puede ser conflictivo si, como es probable, acaba motivando una sucesión de demandas por parte de las empresas del Ibex, cuyos beneficios en el extranjero pretende gravar Hacienda.

Hasta ahora las empresas con presencia internacional cuentan con una exención del 100% de los dividendos obtenidos en el exterior, ya que estos beneficios se gravaron en el país en el que se originaron. El acuerdo del Gobierno con Unidos Podemos determina que la exención se reducirá al 95%, de modo que las compañías tendrán que tributar por un 5% de sus beneficios en el exterior. Los afectados consideran que gravar los beneficios exteriores provocaría la “vulneración del principio constitucional de primacía de los tratados internacionales sobre la normativa interna”, ya que iría en contra de los convenios de doble imposición.

RELACIONADO