Decreto energético y cambio climático

Está creciendo de manera exponencial el impacto del cambio climático en todo el mundo, tal como se aprecia en las subidas de temperaturas (en España sufrimos ahora un ‘otoño veraniego’) como se aprecian en las catástrofes que se registran en todas partes del Planeta y en menor medida con las inundaciones torrenciales en nuestro país.

Una crisis climática que empieza a desatar serias alarmas, y que incluye efectos dañinos en los precios de la luz, por el mayor gasto energético en las distintas estaciones así como por la subida del precio del crudo. De ahí la preocupación de las autoridades europeas (y españolas) por acelerar el llamado proceso de ‘transición energética’ con medidas de urgencia.

Como las que recientemente abordó el Gobierno español con el Real Decreto Ley 15/2018 de medidas urgentes para favorecer la transición energética y protección de los consumidores más vulnerables. Lo que constituye un paso importante dado por el Gobierno que preside Pedro Sánchez para mitigar en los consumidores el impacto de la subida del precio de la luz.

En su conjunto el Real Decreto incluye actuaciones positivas como la ‘suspensión’ del impuesto del 7 % a la generación energética lo que incidirá en la rebaja del precio de la luz. Pero mejor sería que esta decisión fuera ‘definitiva’ y acompañada de una rebaja del IVA del 21 % en beneficio de esos mismos ciudadanos vulnerables en sintonía con lo que ocurre en otras naciones de nuestro entorno europeo.

También es una decisión positiva, sobre todo si el Gobierno facilita los trámites e informa a los consumidores como es debido, la actualización del ‘bono social eléctrico’ en favor de los ciudadanos más débiles en su posición económica. Pero más completa y eficaz sería que esta medida se homologara con el nuevo ‘bono para uso térmico’ para incluir una estructura y una financiación similar.

La subida del precio del CO2 y la ampliación del límite para aportar los ingresos del CO2, favorece el apoyo a la ‘descarbonización’ en favor de las energías menos contaminantes y renovables como parte decisiva (y olvidada por el anterior Gobierno) en el proceso vigente de transición energética. Y además esto reducirá su impacto en la factura de la luz, pero se podría completar si eliminaran los límites para la aportación de los ingresos del CO2 de manera estable para facilitar un horizonte a largo plazo.

En lo que se refiere al autoconsumo eléctrico cabe subrayar que este segmento está en sus inicios y necesita una reglamentación que, entre otras cosas impida el fraude, pero sin obstaculizar la posibilidad de los contratos bilaterales entre las empresas y sus clientes. Contratos que han permitido mitigar el aumento del precio de la luz a casi un 70 % de los consumidores, motivo por el que se debería facilitar la labor de las comercializadoras que actúan en el sector.

Finalmente, parece obvio que urge un plan para instalar en todo el país una red nacional de recarga de baterías para los coches eléctricos en el que se tienen que implicar a fondo las compañías eléctricas. Lo que resultaría un avance importante para reducir las emisiones de CO2.

El cambio climático es una realidad imparable que nadie debe obviar ni despreciar, de la misma manera que se debe tener en cuenta y en serio el riesgo de desertización y de la reducción de la lluvia en muchas zonas del Planeta y también en nuestro país.

Lo que debería obligar al Gobierno a replantear una política hidráulica de urgencia que garantice reservas para casos extremos que algunos consideran estacionales, pero que se pueden convertir en crónicos y en algunos casos en dramáticos si no se toman, desde ahora, las medidas pertinentes para evitar que un día nos encontremos ante una situación de extrema necesidad.