Quim Torra quiere convertir la deuda de Cataluña con el Estado en perpetua

La Generalitat propone posponer sin fecha el pago de los 54.382 millones que debe al FLA y reclama además 7.607 millones

La Generalitat de Cataluña propone al Gobierno central una reestructuración de su deuda de 54.382 millones al Estado con el objetivo de convertirla en perpetua de forma que pueda volver a emitir en los mercados, lo que supondría un tremendo alivio financiero. Según informa este viernes ‘El Mundo’, que cita como fuente a un portavoz del Departamento de Economía de la Generalitat, el debate está enmarcado en el debate sobre la necesidad de aliviar la deuda de las comunidades. Además, el Govern ya afirmó hace unos días que va a reclamar al Gobierno que salde la deuda con Cataluña que, asegura, asciende a 7.607 millones.

La fórmula que quiere hacer efectiva la Generalitat consiste en reestructurar una deuda suprimiendo plazos de vencimiento, asegurando que se produce el pago de intereses a cambio de posponer sin plazo o fecha determinados la devolución del dinero.

La Generalitat que preside Quim Torra debe al Estado 54.382 millones a través del llamado Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que concede préstamos que deben devolverse en diez años.

Y es que, uno de los problemas del proyecto independentista del Gobierno catalán es que no puede estar presente en los mercados con un producto solvente por el endeudamiento acumulado.

No en vano, la emisión de deuda es imposible porque la de la de Calaluña está calificada de “muy basura” por todas las agencias de calificación. Así, la única forma de obtener financiación asequible es a través del FLA.

Por otro lado,  el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, dijo hace un par de días, que el Govern estará presente en la próxima reunión de la Comisión de Financiación Autonómica de manera “técnica y no política”.

El conseller aseguró que el Govern enviará a un técnico “a constatar los incumplimientos” en el modelo de financiación, pero advirtió: “Se equivoca el Estado si cree que cambiaremos la autodeterminación por unas décimas más de IRPF o por un cambio en el Fondo de Suficiencia”.

Pese a enviar a un representante a esta comisión, que está previsto que se reúna la próxima semana y en la que participan el resto de comunidades, el ejecutivo catalán sigue defendiendo no acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFyF).

Fuentes del Govern han apuntado que la decisión de participar en esa comisión de financiación es un mero gesto de buena voluntad de cara a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos del próximo 25 de septiembre, en la que Aragonès quiere que el Gobierno suscriba un “calendario de pagos” de la deuda pendiente con Cataluña que asciende, según la Generalitat, a 7.607 millones.

De estos 7.607 millones, 583 millones corresponden a la financiación de los Mossos d’Esquadra entre 2010 y 2017; 759 millones a la disposición adicional de 2008; 2.951 millones por la deuda contraída en cumplimiento de esa disposición entre 2009 y 2013; así como 2.871 millones por la aplicación de la ley de la dependencia.

Completan el listado de deudas que reclama la Generalitat un total de 412 millones derivados del cambio en la recaudación del IVA llevado a cabo en 2017; 2,9 millones por la falta de financiación de los nuevos órganos judiciales que se han puesto en marcha y otros 28 millones por pagos pendientes de los fondos de cohesión sanitaria y de garantía agraria.