La Generalitat vuelve a las reuniones del Gobierno con todas las autonomías pero a nivel técnico

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este miércoles que el Gobierno de Cataluña mandará a un representante a la reunión de la Comisión de Financiación Autonómica que se producirá antes de que acabe septiembre, previsiblemente la próxima semana, lo que ha sido demandado en varias ocasiones por la consejera de Castilla y León, Pilar del Olmo.

Durante su intervención en la sesión de control del Congreso, Montero ha enmarcado la participación de la Generalitat en este foro en la normalización de las relaciones institucionales entre Estado y Cataluña. ”Este Gobierno no se va a cansar de trabajar y dialogar para que efectivamente la situación de Cataluña pueda distender este conflicto”, ha dicho la ministra.

Montero ha recordado que con este objetivo se ha propiciado la reunión de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales del próximo 25 septiembre, que hacía siete años que no se reunía.

La asistencia de un representante de la Generalitat de Cataluña supone un cambio respecto a las reuniones mantenidas en los últimos años tanto por la comisión de la financiación autonómica como por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a las que, con motivo de la situación política en Cataluña y el proceso independentista, no asistía ningún representante catalán.

No obstante, el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, ha matizado que la presencia del Govern en la Comisión de Financiación Autonómica será “técnica y no política”. En una conferencia organizada por la Cámara de Comercio de Barcelona, el conseller ha asegurado que el Govern enviará a un técnico “a constatar los incumplimientos” en el modelo de financiación, pero ha advertido: “Se equivoca el Estado si cree que cambiaremos la autodeterminación por unas décimas más de IRPF o por un cambio en el Fondo de Suficiencia”.

La decisión de participar en esa comisión de financiación es un mero gesto de buena voluntad de cara a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos del próximo 25 de septiembre, en la que Aragonès quiere que el Gobierno suscriba un “calendario de pagos” de la deuda pendiente con Cataluña que asciende, según la Generalitat, a 7.607 millones. “La situación política en Cataluña no podrá empezar a normalizarse hasta que la gente exiliada o encarcelada por causas políticas no pueda volver a su país”, ha apuntado Aragonès.

La Comisión de Financiación Autonómica comenzará a “trabajar a nivel político” para intentar alcanzar un consenso en la elaboración de un informe con propuestas para la reforma del sistema. De esta forma, la reunión, que todavía no está convocada, adoptará un perfil “más político”, en palabras de Hacienda, después del trabajo técnico desarrollado en los últimos meses por los comités de expertos.

La reforma del sistema de financiación autonómico es un compromiso adquirido en enero de 2017 por el Gobierno, entonces del PP, con las comunidades autónomas tras la Conferencia de Presidentes celebrada en aquellas fechas. Dicho compromiso fijó como objetivo reformar el sistema a lo largo del año pasado, pero precisamente la situación política vivida en Cataluña y la ausencia de la Generalitat en las distintas reuniones del CPFF, han retrasado el proceso, ya que el Gobierno consideraba imprescindible que Cataluña forme parte del acuerdo.