La bronca política por el ardid para sortear el veto del PP en el Senado podría retrasar los Presupuestos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere presentar el anteproyecto de sus Presupuestos para 2019 a finales de noviembre o principios de diciembre para que puedan estar aprobados en el primer trimestre del próximo año. Eso es lo que ha reiterado en sus declaraciones más recientes en medio del escepticismo generalizado por su debilidad parlamentaria y la capacidad de veto que el PP tiene en el Senado. Desde el martes, sin embargo, esa situación ha dado un vuelco: ahora sí parece posible que Sánchez pueda tener sus propias cuentas para 2019 gracias a un ardid para sortear el veto. En cambio, lo que es más improbable es que pueda cumplir los plazos que se había fijado. Desde Hacienda avisan de que si finalmente hay que esperar a enero para disponer del anteproyecto, “no pasa nada”.

El grupo socialista presentó ayer una enmienda al proyecto de Ley del Poder Judicial sobre medidas urgentes del Pacto contra la violencia de género que, a su vez, modifica el artículo 15.6 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para evitar que el Senado tenga la última palabra sobre los objetivos de déficit. Como esa ley necesita dos meses de tramitación, podría estar aprobada a partir del 20 de noviembre y entonces no habría ya ningún obstáculo para que prosperaran los Presupuestos del Gobierno. La cuestión es que la enmienda ha provocado una bronca política y jurídica que podría ralentizar todo el proceso.

La Mesa de la Comisión de Justicia, en la que el PSOE y sus aliados parlamentarios tienen mayoría, se reúne este miércoles para analizarla. El PP y Ciudadanos, previsiblemente, intentarán que sea la Mesa del Congreso, donde la mayoría corresponde a estos dos grupos, la que tenga que pronunciarse mediante una petición de amparo, lo que requeriría un informe de los letrados. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha explicado que su grupo apelará al artículo 31.4, que establece que corresponde a la Mesa de la Cámara “calificar, con arreglo al Reglamento, los escritos y documentos de índole parlamentaria, así como declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de los mismos”. Pero los defensores de la enmienda recuerdan que hay muchos antecedentes en los que el Constitucional ha considerado que la Mesa de la Cámara no está por encima de las Mesas de las Comisiones, que son soberanas.

Los ‘populares’ han amenazado también con acudir al Tribunal Constitucional si no consiguen frenar la iniciativa en el Congreso ya que según su líder, Pablo Casado, hay hasta seis sentencia del propio tribunal que avalan su postura. Esto por lo que se refiere al debate desde un punto de vista técnico. En cuanto al fondo del asunto, Sánchez ha defendido este miércoles la legalidad de la argucia a la que ha recurrido su grupo.

En respuesta al líder del PP, que le ha acusado de “autoritarismo” y de intentar “amordazar el Senado” en la sesión de control -“al igual que en Venezuela, cuando a ustedes no les gusta una Cámara o la duplican o cierran”, ha llegado a denunciar-, Sánchez ha argumentado que esa enmienda trata de modificar una ley “anacrónica” retirando la capacidad de veto de la Cámara Alta, una prerrogativa que, como ha recordado, no tiene en ninguna otra ley. “En realidad lo que queremos es desbloquear este debate necesario que tiene una mayoría parlamentaria detrás, y una minoría, la del PP y Cs lo está bloqueando en la Mesa del Congreso. Sea usted demócrata y desbloquee el debate de la Ley de Estabilidad. ¿Qué miedo tiene?”, ha reprochado a Casado.

En los pasillos del Congreso, Sánchez ha insistido en que la enmienda presentada por el PSOE es “perfectamente legal” y se trata de una técnica parlamentaria “que se ha utilizado en reiteradas ocasiones”. A su juicio, lo importante es que con esta reforma se van a poder destinar 600 millones de euros adicionales para “reconstruir el Estado de bienestar”.

Precedentes a favor y en contra del ardid del Ejecutivo

Pero estas afirmaciones del presidente no están tan claras a juicio del bloque conservador del Parlamento. La argucia parlamentaria que pretende utilizar puede topar con esas sentencias del Constitucional a las que se ha referido Casado, concretamente con una, la STC 119/2011, que se produjo en respuesta al recurso presentado por el PSOE en 2003 contra la introducción de una enmienda en la Ley de Arbitraje por parte del entonces Gobierno de José María Aznar para tipificar en el Código Penal la convocatoria de un referéndum.

El PP pretendía frenar el ‘Plan Ibarretxe’ pero el Grupo Socialista objetó en su recurso que la decisión de impulsar en las Cortes Generales una iniciativa como esa tenía un cauce específico que era su remisión al Congreso de los Diputados. El pretender introducir una reforma del Código Penal durante la tramitación en el Senado de un proyecto de ley que no tiene conexión alguna con la misma -consideró el PSOE- resulta contrario a las normas que regulan el procedimiento legislativo y vulnera los derechos contenidos en el art. 23.2 CE.

Ese artículo de la Constitución establece que “1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. 2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”. En base a ello, los parlamentarios recurrentes adujeron que las resoluciones impugnadas vulneraban su derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, en su vertiente de mantenimiento en esos cargos y funciones sin perturbaciones ilegítimas.

El Constitucional estimó el derecho de los parlamentarios y de los grupos en que se integran a ejercer sus funciones en condiciones de igualdad y dentro de la legalidad parlamentaria para controlar unas enmiendas que nada tenían que ver con la Ley de Arbitraje y en consecuencia declaró la nulidad de los acuerdos de la Mesa del Senado de 2 y 3 de diciembre de 2003.

En contra de lo que dice la sentencia del TC y a favor de la legalidad de la enmienda introducida el martes para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, los socialistas hacen hincapié en que en este caso no se ha vulnerado el proceso de formación de voluntad en el seno de la Cámara, ya que se ha sometido a debate público. Y eso es precisamente lo que sucedió cuando el pleno del Congreso aprobó la admisión a trámite de la iniciativa socialista con los votos del PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, EH Bildu, Nueva Canarias y Coalición Canaria. Votaron en contra el PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias. Además, dicen, la enmienda no es ajena a los objetivos que persigue la norma a la que ha sido incorporada ya que es imprescindible tener unos Presupuestos que aumenten el gasto social para dotarla económicamente.

Los tres artículos del Código Penal introducidos en diciembre de 2003 para castigar con la cárcel la convocatoria o apoyo a un referéndum ilegal llegaron al Congreso como enmiendas del Senado y chocaron con la negativa de la oposición en pleno a votarlas entre gritos de “¡Manos arriba esto es un atraco!”. Salieron adelante gracias a la mayoría absoluta del PP, el mismo rodillo que, como ha recordado la vicepresidenta Carmen Calvo, utilizó hasta siete leyes en la pasada legislatura para introducir hasta catorce cambios legislativos mediante enmiendas que no estaban relacionadas con el asunto medular de la norma enmendada.

En 2014, por ejemplo, el PP cerró en tiempo récord el aforamiento del Rey Juan Carlos I, las reinas Letizia y Sofía y la Princesa de Asturias mediante dos enmiendas a la ley de racionalización del sector público, una norma ajena por completo al aforamiento de altos cargos, pero que fue  utilizada para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Frente a las acusaciones de fraude que se han lanzado en las últimas horas contra el Gobierno socialista, habría que recordar que la Constitución española es bastante parca a la hora de regular la abdicación del monarca. Su artículo 57. 5 se limita a establecer que “las abdicaciones se resolverán por una ley orgánica”. Esto incluye las consecuencias y efectos de semejante situación, que en el caso que nos ocupa no se resolvieron precisamente vía ley orgánica.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha sido uno de los que han hablado de “fraude” sumándose a las críticas del PP contra la maniobra del Gobierno. Rivera ha hablado de “falta de escrúpulos” del Ejecutivo de Sánchez que, según él, quiere “borrar de un plumazo al Senado y poder sacar presupuestos con populistas y separatistas”. “De fraude en fraude con tal de seguir a cualquier precio en La Moncloa”, ha escrito en Twitter.

Casado versiona una petición de Sánchez a Rajoy

El PNV y el PDeCAT se han mostrado a favor de la treta del Ejecutivo para desbloquerar la tramitación de sus Presupuestos. Por lo demás, en el enunciado de su pregunta al presidente Casado exigía a Sánchez que “libere a España” del “lastre” que supone su gestión y convoque elecciones generales “cuanto antes”, ya que, según ha dicho en su intervención, camina “a lomos de la mentira y el autoritarismo”. Es decir, Casado ha elegido para su segunda pregunta de control al Gobierno el mismo interrogante que en su día formuló el propio Sánchez a Mariano Rajoy durante el debate de la moción de censura que echó al PP del Gobierno, cuando afirmó que la presencia del anterior presidente en la Moncloa era “dañina” y un “lastre” para el país. El presidente del Gobierno, por su parte, ha acusado al PP de hacerse oposición a sí mismo. “Consejos vendo que para mí no tengo”, ha replicado y ha acusado al líder del PP de no aceptar ninguna de sus ofertas de pacto y limitarse a hacer oposición al Gobierno “aun a riesgo de hacerse oposición a sí mismo”.

El líder ‘popular’ ha aludido también al hecho de que una las empresas antiplagio a las que recurrió Moncloa haya detectado un 21% de contenido duplicado en la tesis de Sánchez y ha confirmado que el PP le hará comparecerá en el Senado, ya que no quiere hacerlo en la Cámara Baja.

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