El Gobierno acusa al PP y Ciudadanos de querer ‘abatir’ a Sánchez y exige que pidan perdón

La que concluye este viernes ha sido probablemente la peor semana del Gobierno que preside Pedro Sánchez, quien que el lunes se desayunó con la noticia sobre el máster irregular de una de sus ministras más queridas, Carmen Montón, y que a partir del miércoles ha tenido que gestionar otra bronca política, la desencadenada por las dudas sobre su propia tesis doctoral. A estas alturas, y una vez sometido el texto al escrutinio de dos programas antiplagio, todo indica que no hay ‘casus belli’. Pero PP y Ciudadanos no se dan por satisfechos, motivo por el que el Gobierno les ha acusado de querer 'abatir' a Sánchez y les ha exigido que pidan perdón.

Tres días ha tardado Teseo en hacer accesible la tesis doctoral del presidente en su integridad, después de que el miércoles el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, lo solicitara en la sesión de control del Congreso dando a entender que permanecía oculta por algún tipo de irregularidad. Inmediatamente, medios que para consultarla tuvieron que desplazarse a la Universidad Camilo José Cela para acceder al ejemplar depositado en la biblioteca, han llegado a afirmar que Sánchez ha incurrido en plagio, lo que no solo es poco ético sino que además puede ser constitutivo de delito según el artículo 270 del Código Penal.

Tanto es así que Sánchez anunció que emprendería acciones legales contra el diario ABC que fue el primero en llevar el supuesto plagio a su portada. La ministra portavoz, Isabel Celaá, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se mantiene esa intención. Refiriéndose a la publicación de la tesis que, a su juicio, despeja ya todas las sospechas, Celaá ha dicho que “un medio de calidad acepta estas cuestiones y si hoy dice que tiene 114 años de historia valiosa debería estar a la altura y rectificar cuando se ha equivocado”. La ministra ha considerado que todo este asunto ha sido “muy indeseable”. Ha recordado que es la primera vez que España tiene un doctor y ha asegurado que el presidente Sánchez está “fuerte” y “firme” y que tiene la “profunda convicción” de que las dudas sobre su tesis electoral “ha sido un caso para montar ruido” y “abatir” al Ejecutivo. A todo ello, Celaá ha añadido que la forma en que se configuró la pregunta parlamentaria que dio origen a la polémica fue “contraria al Reglamento”.

El pasado miércoles, Sánchez llegó al Congreso dispuesto a presumir del compromiso de su Gobierno con la regeneración y la transparencia después de que la exministra de Sanidad, Carmen Montón, hubiera dimitido la noche anterior, y decidido a asistir a la recolocación del foco político y mediático sobre el presidente del PP, Pablo Casado, por el caso de su máster. Pero un cambio de última hora le chafó el momento. Es más, se le vio visiblemente molesto ante la pregunta de Rivera, cuyo contenido cambió el líder del partido naranja en el último momento y que Sánchez hubiera podido no responder. Lejos de eso, optó por hacerlo y un gesto suyo hacia la bancada de Ciudadanos, señalando a sus diputados con el dedo, se interpretó por algunos como una amenaza. En las horas siguientes, las críticas fueron adquiriendo un tono cada vez más áspero y el PP, que en un principio se mantuvo al margen para que nadie tuviera la tentación de sacar a relucir el máster de Casado, acabó sumándose a la ofensiva del partido naranja. Entretanto, cada vez resultaba más difícil explicar por qué no se permitía el acceso a toda la tesis si, como aseguraban economistas conocedores de su contenido, su único ‘pecado’ sería ser más bien floja, en ningún caso el supuesto copia y pega de textos de otros autores.

Los dos partidos de la derecha han pedido que Sánchez comparezca en el Congreso para explicarse, independientemente de que la tesis ya esté sometida al escrutinio público. El partido de Rivera, que hace denodados esfuerzos por recuperar presencia pública tras haber sido relegado por la elección de Casado al frente del PP y por el triunfo de la moción de censura del líder socialista contra Rajoy, ya habla del ‘caso Sánchez’ y aplica el término “trampas” a la tesis. Casado, que se niega en redondo a mostrar los trabajos de su máster sobre Derecho Administrativo y que está pendiente de una posible imputación por el Supremo por cohecho y prevaricación, tampoco ahorra reproches al presidente.

Eso no significa que Sánchez vaya a tener que comparecer en el Congreso ya que Unidos Podemos, Esquerra Republicana (ERC), PNV y el Grupo Mixto, representado este mes por el PDeCAT en la Junta de Portavoces del Congreso, prevén evitarlo. En caso de que la solicitud de PP y Cs pase el filtro de la Mesa del Congreso -lo que parece probable porque PP y Ciudadanos tienen mayoría-, el escrito se elevará a la Junta de Portavoces, que también debe dar su visto bueno antes de convocar al presidente. Los solicitantes quieren que este órgano tome una decisión el próximo martes y es ahí donde los partidos que apoyaron la llegada de Sánchez a La Moncloa frenarán su propuesta.

De momento, Celaá ha denunciado que el presidente está siendo “atacado por las fuerzas de la oposición” en una estrategia conjunta del PP y Cs en la que le “acosan personalmente” sobre temas que pertenecen a su currículum, a pesar de que este está “perfectamente probado”. También ha criticado que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, “consintiera” que el líder de Cs, Albert Rivera, utilizara su pregunta a Sánchez sobre Cataluña, en la sesión de control del Congreso, para plantear por sorpresa dudas sobre su tesis.

Pero tanto a Rivera como a Casado les tiene sin cuidado la evidencia de una tesis que ahora mismo cualquiera puede investigar. Es tan fácil como aplicarle el programa Turnitin, el mismo que ha utilizado el Gobierno, y después rastrear el origen de los textos en los que se haya detectado alguna coincidencia con otros autores. Casado sostiene que no hay comparación posible entre las dudas abiertas sobre su máster, que han llegado incluso ante el Tribunal Supremo, y la polémica abierta sobre la tesis de Sánchez, el máster de la exministra Carmen Montón o el de la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, al que ha aludido de forma indirecta, como “otros casos” en los que se investiga la alteración informática de las notas o la falsedad en las firmas de documentos universitarios.

“Yo no tengo trabajo de fin de máster, ni tesis ni tesina. Lo mío son trabajos para aprobar cuatro asignaturas de un curso de doctorado”, ha señalado, antes de recordar que no ha visto que ningún político publique “los trabajos de sus carreras”. En este contexto, Casado ha ironizado que quizás algunos políticos “podrían publicar sus trabajos de bachiller”, porque solo tienen formación secundaria y critican a quienes, como él, poseen “varias titulaciones superiores”.

Por su parte, Rivera, que está encantado con haberse situado otra vez en el centro de la actualidad, se ha topado este viernes con una sorpresa que le incorpora al club de los titulados universitarios bajo sospecha. Después de haber retocado varias veces su currículum en las distintas webs en las que aparece publicado, entre ellas la del Congreso y la del partido, la rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Margarita Arboix, ha negado que el presidente de Ciudadanos sea doctorando en Derecho Constitucional en esta universidad. Eso es lo que se afirma en la web de Ciudadanos pero Arboix ha precisado, en declaraciones a Catalunya Ràdio, que para ser doctorando los alumnos “deben presentar el avance de sus investigaciones ante una comisión externa que las valora” y “si no lo hacen, o la investigación no avanza, se les suspende”. La rectora ha dicho que Rivera no ha presentado ninguna tesis ni se ha presentado ante la comisión, por lo que “en la actualidad no es doctorando en esta universidad”.

Y, para remate, la polémica de la venta de armas a Arabia Saudí

Si de algo ha servido toda esta polémica de los títulos, ya sean de máster o de tesis doctoral, es para desactivar otra que en circunstancias normales hubiera tenido mucho más calado, la de la venta de armas a Arabia Saudí. La ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció la suspensión de la venta de 40 bombas al país que, previsiblemente, iban a ser utilizadas en su guerra contra Yemen. La protesta de Riad y la advertencia de que el incumplimiento de un contrato firmado por el Gobierno de Mariano Rajoy podría suponer la suspensión de otro para la compra de corbetas fabricadas por Navantia en la localidad gaditana de San Fernando, han precipitado la rectificación del Ejecutivo y la desautorización de Robles. Todo ello ha contribuido a hacer más ‘horribilis’, si cabe, la semana de Pedro Sánchez.

Pese a las reacciones poco benévolas que han merecido las declaraciones del titular de Exteriores, José Borrell, asegurando que esas bombas son armas de gran precisión que difícilmente pueden causar daños colaterales (se le ha comparado con Gila), la ministra portavoz ha abundado este viernes en la misma tesis.

Celaá ha asegurado lo siguiente: “El Gobierno sabe lo que está vendiendo, son láser de alta precisión y, por lo tanto, si son de alta precisión no se van a equivocar matando yemeníes”. Sobre la desautorización de Robles, ha explicado que el Ejecutivo actúa “de manera colegiada” y así lo ha hecho al decidir finalmente cumplir el contrato de venta de misiles a firmado en 2015 entre España y Arabia Saudí, aunque en un primer momento hubo “una opinión” que se expresó en favor de la cancelación.

Celaá ha recordado que el Ejecutivo ya se alineó con los intereses de los trabajadores de la Bahía de Cádiz, que “estaba con ellos” y que su trabajo no estaba en riesgo, al tiempo que ha insistido en que el Gobierno ha cerrado su decisión en favor de cumplir el contrato de la venta de armas de forma “colegiada”. Y repreguntada sobre si el contrato especifica que las armas no se van a utilizar contra la población civil de Yemen, la ministra ha recalcado que tratándose de armamento de precisión, “misiles láser”, “no parece que vayan orientadas a ese fin”.

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